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30 de mayo del 2017.- Brasil ha puesto candados sobre el mayor caso de corrupción que se haya conocido en América Latina. Anoche, la Procuraduría General de la República de esa nación anunció que los archivos que estaban por liberarse en las primeras horas de junio solo serán entregados a los países que se comprometan a no actuar judicialmente en contra del propio consorcio y sus directivos, aun cuando esas personas repartieron 439 millones de dólares en sobornos.
Además, Brasil también exigió que las pruebas, sin distinción alguna, se mantengan en secreto, es decir, fuera del alcance de la opinión pública.
En diciembre del 2016, un grupo de exdirectivos de Odebrecht confesaron ante una corte en Estados Unidos que en México entregaron 10.5 millones de dólares a cambio de contratos para obras públicas entre los años 2010 y 2014.
En abril pasado, una filtración desde Brasil evidenció un testimonio en el cual se acusó al ex director de Pemex, Emilio Lozoya de presuntamente haber pedido una mordida por 5 millones de dólares. Se trató de una confesión hecha por Hilberto Mascarenhas –conocido como el Tío Bel- quien fuera el encargado del departamento de Operaciones Estructuradas.
Esa oficina –de acuerdo con las investigaciones brasileñas- se encargaba de coordinar la entrega de sobornos en América Latina. El otrora director de Pemex ha rechazado esta versión aunque la oficina de Odebrecht en México aseguró a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que estaban colaborado con las autoridades para esclarecer este caso.
Para este 1 de junio se esperaba que Brasil entregara la información que tienen en su poder sobre los sobornos en Perú, Argentina, Panamá, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y México, así como en Mozambique y Angola.
Sin embargo, el Procurador General de la República de Brasil, Rodrigo Janot, envió un oficio a las fiscalías de cada país para informar que había solicitado al Supremo Tribunal Federal (STF) que se mantuvieran bajo reserva “todas las pruebas” obtenidas mediante los acuerdos de colaboración premiada con Odebrecht y sus ejecutivos, aun cuando hubiera de por medio pedidos de cooperación internacional.
De acuerdo con ese oficio la información solo podrá ser enviada a los países que firmen acuerdos similares con Odebrecht y sus delatores, de acuerdo con los documentos publicados por la organización peruana Convoca.
La Secretaría de Cooperación Jurídica Internacional de Brasil, órgano adscrito a la Procuraduría General (Fiscalía), “solamente podrá enviar la información a otros países si hay el compromiso de no usar los documentos presentados por la propia empresa, por los colaboradores y adherentes, contra ellos (Odebrecht y sus directivos), ya sea en el ámbito civil o penal”, explicó a Convoca el fiscal brasileño Orlando Martello, quien integra el equipo que investiga el caso Lava Jato.
En un comunicado de prensa, la Procuraduría precisó que el oficio fue enviado a las Fiscalía de Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal y Venezuela. No fue mencionada República Dominicana a pesar que Odebrecht firmó un acuerdo con el Ministerio Público de ese país que le ha permitido obtener información para sustentar en las últimas horas órdenes de detención a 14 personas, entre parlamentarios, dirigentes políticos, exfuncionarios y el actual ministro de Industria y Comercio Exterior, Temístocles Montás.
El Procurador brasileño Janot explicó, mediante el comunicado de prensa de su institución, que la permanencia de reserva se justifica “en razón del posible interés de las autoridades extranjeras en la adopción de medidas investigativas relativas a los hechos reportados por los colaboradores que pueden ser perjudicadas si hubiese publicidad del material antes de que sea enviado a las autoridades”.
El Ministerio Público de Brasil señala que la Secretaría de Cooperación Internacional “coordinará las respuestas brasileñas a los pedidos extranjeros” que está a cargo de Vladimir Aras y para ello es importante que los Ministerios Públicos de cada país “designen un interlocutor del caso Lava Jato”.
(Información: Mexicanos contra la corrupción)
