Reunión periodistas con el Gobierno (Columna «Bajo la Lupa»)

Cada que un periodista es agredido o asesinado, el gremio se pone de moda, sobre todo en las esferas del poder público, las que sin tapujo alguno, manifiestan su “solidaridad” con la especie y en algunos casos, se llega al ridículo de externar “preocupación” por lo que le ocurre a sus integrantes.

En esa tesitura, por el conducto adecuado, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, se convocó a un grupo de periodistas, de diversas partes del estado y de la capital, a una reunión para conocer la decisión del gobierno estatal en acompañar a los periodistas en el diseño y promoción de una ley de protección al gremio, cita que se concretó en la Sala de Ex gobernadores del Palacio de Gobierno y que encabezaron la titular de Comunicación Social JULIETA LÓPEZ BAUTISTA y el Secretario de Gobierno ADRIAN LÓPEZ SOLIS, a más de algunos funcionarios gubernamentales más.

Iniciada la “sesión”, en la que se indicó que la iniciativa de ley promovida por algunas organizaciones de periodistas, había sido desechada por el congreso del estado y que ya no se podía utilizar para ese fin, de manera que habría que trabajar en otro proyecto o acompañar al propuesto por el diputado WILFRIDO LÁZARO MEDINA.

Escuchado el preámbulo, los colegas abrieron “fuego” por intermedio de una combativa compañera quien sin tapujos espetó que “era sospechoso que en las condiciones actuales con la desaparición del periodista SALVADOR ADAME PARDO, se hiciera este tipo de convocatorias para diseñar una ley de protección a periodistas, palabras más, palabras menos. Que antes de trabajar en una ley, la prioridad era encontrar con vida el periodista “levantado” y esa era una exigencia del gremio al estado.”

Otro colega en uso de la palabra, se solidarizó con la exigencia y argumentó que no se ocupaba una ley, sino que las garantías del ejercicio profesional ya estaban consagradas en la constitución, como el derecho a la seguridad de los ciudadanos y el libre ejercicio a la libertad de expresión. También se exigió información sobre los avances de la investigación sobre la desaparición de SALVADOR ADAME.

Así, la mayoría de los ahí reunidos, expresamos nuestro sentir al respecto, hubo quien se manifestó por priorizar la exigencia de presentación con vida de ADAME PRADO, pero a la vez en avanzar con el diseño de una ley, otros, manifestaron la urgencia de la creación de una fiscalía especializada en delitos contra de los periodistas, otros en la implementación urgente de un mecanismo de protección a los comunicadores, hubo quien denunció que había personas que se hacían pasar por periodistas y estaban al servicio de “los malos”.

Los hubo, quienes hicieron de su participación denuncia de la falta de confianza en las autoridades para recurrir a ellas cuando un trabajador de los medios de comunicación estuviera en apuros y se dieron algunos ejemplos; otros, exigieron se reabrieran los expedientes de otros periodistas desaparecidos o asesinados y los hubo quienes ofrecieron aportar un proyecto de ley, para que analizado y considerado, se tuviera en cuenta en la elaboración del proyecto respectivo.

El desarrollo de la citada reunión estaba dándose en tono alto, hasta que agotadas las intervenciones de los comunicadores, el secretario de gobierno ADRIAN LÓPEZ SOLIS hizo uso de la palabra y espetó: “En principio habrá que precisar que esta reunión se desprende de la tenida con colegas de ustedes de la región de Apatzingán con el gobernador SILVANO AUREOLES CONEJO hace unos días.

Que en dicha reunión, sus compañeros le presentaron al titular del ejecutivo una iniciativa de ley de protección a periodista y el gobernador les ofreció “hacerla suya”, realizando lo necesario para que se enriqueciera y llegara al congreso del estado, para una eventual aprobación”

Así mismo, el jefe de la política interna del estado, dijo que el caso se le había turnado a la Procuraduría General de la República, pero rehusó a decir sí ésta había aceptado atraer la investigación, también señaló que el gobierno del estado estaba acompañando la investigación con otras corporaciones policiacas, infiriendo que ya no siendo responsabilidad del estado, estaban “acompañando” la investigación.

En pocas palabras, que los gritos y sombrerazos lanzados por los comunicadores, se los hiciéramos al gobierno federal, porque el asunto ya no era responsabilidad del gobierno estatal. Más claro ni el agua. Que ellos –el gobierno estatal- estaban allí para saber en qué podrían ayudarnos, particularmente en lo relativo al diseño de una ley de protección a los periodistas y nada más.

Como la obligación me llamó, pues tuve que abandonar la multicitada reunión y no supe en qué terminó o a qué conclusiones se llegaron, así que estimado lector de lo narrado, saque usted su propia conclusión, que ya tengo la mía, puro gasto de saliva y nada más. ¿Es correcta la posición del gobierno estatal en este asunto? Me parece que no.

Ya se habían tardado las autoridades en dar una “explicación creíble” sobre la desaparición del periodista SALVADOR ADAME PARDO y bueno, en lugar de comparecer ante los medios de comunicación, se han concretado a lo de siempre, a filtrar información que descalifica el ejercicio profesional del comunicador, pues el medio utilizado para “filtrar” dicha información, señala:

“Que en virtud de que presuntamente mantenía nexos con tres personas con cierto estado civil, con quienes al parecer intercambiaba fotografías y videos de todo tipo.” De la misma manera, dicho medio de comunicación señala: “Otra línea de trabajo que tampoco ha descartado el Ministerio Público refiere la existencia de una posible deuda del comunicador por la compra-venta de un predio y unos productos agropecuarios.”

No es la primera vez que la autoridad investigadora, ante su incapacidad para resolver este tipo de casos, recurre a la “criminalización” o al desprestigio de la víctima, como una manera de anular el apoyo y presión social, a más de anular la presión de los medios de comunicación, pero sobre todo, recurren al gastado recurso de informarle a la familia, que su familiar “andaba en malos pasos” y que era mejor no “buscarle” para no causar más pena a la familia y no causar daño a la imagen de la víctima.

Aun aceptando sin conceder, de que el móvil de la desaparición física de SALVADOR ADAME PARDO sea por “motivos personales” que nada tienen que ver con el ejercicio periodístico, en nada cambia la responsabilidad del estado de buscarlo y dar con su paradero, pero con vida.

Cualquier ciudadano, por disposición constitucional tiene el derecho a la seguridad de su persona, de su familia y de sus bienes, de manera que cualquier actividad que realice, aun suponiendo que fuera en perjuicio de terceras personas, a éstas no les da derecho de hacerse justicia por propia mano, en todo caso, deberían acudir a la autoridad correspondiente en demanda de justicia y en el caso, es responsabilidad de la autoridad buscar y presentar con vida a SALVADOR ADAME PARDO.