¡Ilegales acciones forestales del Gobierno Estatal! (Columna «Bajo la Lupa»)

Vaya desmentido que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente le propinó al gobierno del estado, al afirmar que las acciones que el gobierno del estado ha emprendido en contra de algunos productores de aguacate, a quienes de manera arbitraria les ha destruido sus plantaciones, pues según la PROFEPA esas son atribuciones de esa dependencia federal y que hasta ahora, no ha habido ningún convenio firmado entre las autoridades federales con las estatales, para que estas últimas puedan realizar funciones que la ley le asigna a la PROFEPA.

Como se recordará, en días pasado los senadores michoacanos de extracción priista, promovieron una iniciativa para que el senado de la república exhortara al gobierno del estado para que dejara de hacer operativos de destrucción de plantaciones de aguacate, por no contar con la autorización del cambio del uso del suelo y en algunos casos, por flagrancia, se supone, al estar realizando la tala clandestina o bien, estar realizando la plantación de los arbolitos de aguacate, pues según los senadores, no son atribuciones de las autoridades estatales ni se está cumpliendo con el debido procedimiento, violentando los derechos humanos de los propietarios de las plantaciones de aguacate.

En ese tenor, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán CARLOS TORRES PIÑA en conferencia de prensa exprofeso, fustigó al senador priista y ex candidato al gobierno de Michoacan JOSÉ ASENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, de tener un grave conflicto de interés al promover ese “exhorto” en el senado, pues dijo el dirigente amarillo, que CHON ORIHUELA era promotor de la tala clandestina de árboles con fines de convertir la tierra en huertas aguacateras, pero además de que la actuación de las autoridades del gobierno estatal, era apegada a la ley.

Hasta el cansancio hemos reiterado en esta columna que el equipo del gobernador SILVANO AUREOLES CONEJO no le ayuda, sobre todo en este momento los responsables del área jurídica, pues primero le elaboraron una iniciativa de ley antiaborto que tuvo que retirar del congreso, la iniciativa de reformas a la ley de la administración pública está estancada en el congreso por falta de información y ahora con las acciones ilegales en materia forestal que está realizando la secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del gobierno de estado, pues no han tenido la capacidad de precisar lo legal o ilegal de los operativos ejecutados.

Para que usted estimado lector se dé cuenta de la gravedad del asunto, la incapacidad e ineficiencia de los responsables del área jurídica del gobierno estatal, a raíz del “punto de acuerdo” aprobado en comisiones en el senado de la república y por lo declarado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los propietarios de las huertas de aguacate afectadas por la destrucción de sus plantíos realizadas por esa dependencia del estado, están en la posibilidad real de demandar al gobierno del estado, primero por abuso de autoridad en la vía penal y el pago de daños y perjuicios por la vía civil.

Otro agravante más en este asunto, lo es el hecho de que el gobierno del estado aún se encuentra sumido en una profunda crisis financiera y por lo tanto, está imposibilitado en tener los recursos para pagar esas posibles indemnizaciones. Así de grave el asunto.

El secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC) del gobierno del estado RICARDO LUNA GARCÍA, advirtió este martes que los operativos contra el cambio de uso de suelo ilegal continuarán realizándose en la entidad.

A raíz de una serie de inconformidades de productores de aguacate afectados por estos operativos y del “punto de acuerdo” promovido por los senadores priistas para que el senado de la república haga un “exhorto” al gobierno del estado a fin de que suspenda los operativos, el titular de SEMARNACC, LUNA GARCÍA aseguró que estas acciones son actuaciones que la autoridad realiza en ejercicio de sus facultades, con apego a leyes del orden federal y estatal de observancia obligatoria para todo ciudadano y sectores productivos.

Agregó en sus señalamientos que solo en caso de que los tribunales competentes emitan alguna resolución que ordene la suspensión de los operativos, serán respetuosos y los suspenderían, pero mientras tanto, según la PROFEPA, seguirán violando la ley.

Por allá, a finales del mes de junio, en el Centro Cultural Universitario de celebrará el “día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico ilícito de Drogas” y dentro de esta celebración, se le tomará protesta al Primer Comité Estatal de Participación Ciudadana en Prevención de Adicciones.

Tanto el evento de celebración como la integración del comité ciudadano, son parte de las estrategias que implementa el DR. SERGIO ROJAS BAUTISTA Coordinador de Prevención de Adicciones de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social del Ayuntamiento de Morelia, en la lucha en contra de las adicciones, problema que ya ha escalado dimensiones alarmantes en nuestro municipio y en el estado mismo.

El combate a las adicciones de drogas y alcohol, tiene particularidades de manera que se logra un relativo éxito cuando las políticas públicas están en manos de “expertos prácticos”, es decir, profesionales que están en constante contacto con el problema y sus víctimas, pues solo los profesionales que tiene experiencia y práctica en estos menesteres, saben que la adicción debe ser tratada como una enfermedad y no como un crimen.

Recientemente autoridades del gobierno del estado, particularmente las de seguridad pública, tuvieron la ocurrencia de culpar a las adicciones como la fuente principal de la criminalidad y la delincuencia, de manera que realizaron redadas de presuntos adictos y los encerraron en contra de su voluntad, en un habilitado “Centro de Rehabilitación de Adicciones” en lo que convirtieron el ex Cereso Francisco J. Múgica.

La estrategia del secretario de seguridad pública JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ fracasó, pues en primer lugar el operativo fue ilegal, pues se detuvo de manera indiscriminada a personas que por su vestimenta supusieron que eran adictos, pero por otra parte, se les encerró en contra de su voluntad disque para ser sujetos de un tratamiento de rehabilitación, generando protestas de sus familiares y de los defensores de los derechos humanos.

Aceptando sin conceder que los detenidos por Seguridad Pública fueran adictos a las drogas o al alcohol, la primera regla que se violó y auguró el fracaso, fue someter a un disque tratamiento de rehabilitación forzoso a los adictos, pues para que un tratamiento de ésta índole tenga éxito, se necesita que el enfermo o adicto lo quiera.

Un segundo aspecto que abonó al fracaso del programa implementado por seguridad pública, fue que el programa se puso en manos de teóricos de las adicciones, el personal de la secretaría de salud que tiene nula experiencia en estos menesteres. Si, son médicos, psicólogos, psiquiatras y personal análogo, con bastos conocimiento teóricos, pero nula experiencia, de lo contrario, hubieran expresado de inmediato que no era la manera de tratar a los adictos.

Una de las propuesta que reiteradamente se han hecho por expertos en el tema, es diseñar un programa de capacitación y certificación de los casi 400 albergues o centros de rehabilitación privados que existen en el estado, pues esos centros de rehabilitación, han demostrado que hasta el momento son los únicos, con relativo éxito en los procesos de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, mediante la práctica constante del Programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que fue creado por el norteamericano BILL W en 1935.