¡Día de la Libertad de Expresión! (Columna «Bajo la Lupa»)

Aunque usted no lo crea, pero el 3 de mayo, se festeja o conmemora “El Día Mundial de la Libertad de Prensa”, decretado así por la Asamblea General de Naciones Unidas a propuesta de la UNESCO, el 20 de diciembre de 1993, aunque en México, por una extraña tradición se festeja en día 7 de junio de cada año, fecha que nada tiene realmente que ver con dicha libertad.

La realidad es que esa fecha, el 7 de junio, fue instituida en 1952 por editores de periódicos y revistas de la capital, encabezados por el Coronel JOSÉ GARCÍA VALSECA, un magnate de la prensa mexicana de los años 50. Ese señor organizó un evento para agradecer al presidente de la República, MIGUEL ALEMÁN VALDÉS, por haberles condonado cuantiosas deudas por impuestos y papel periódico que algunos editores tenían con el gobierno federal.

Años más tarde, en 1976, el presidente ECHEVERRÍA añadirá a esta celebración, la entrega en este día, del Premio Nacional de Periodismo a los más destacados miembros de la prensa escrita y electrónica por sus trabajos desarrollados durante el año anterior en los diversos géneros periodísticos.

En la celebración del 7 de junio del 2016, durante el primer año de gobierno de SILVANO AUREOLES CONEJO, se anunció que la administración estatal “festejaría” el día de la libertad de expresión hoy 3 de mayo, para estar acorde a una disposición de las Naciones Unidas y para efectos de dicho “festejo” la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado JULIETA LÓPEZ BAUTISTA, anunció la realización de diplomados, conferencias y algunas actividades académicas relativas al oficio o profesión, realización que se anunciará “en su oportunidad”, pero solo eso, anuncios.

Por supuesto que no son nada despreciables los esfuerzos de contribuir al mejoramiento profesional de quienes ejercen esta actividad, sin embargo, hay algunos aspectos que serían más significativos, en que el estado podría contribuir para un mejor y más eficiente ejercicio de la comunicación, entre otros, la iniciativa para que el Congreso del Estado expidiera la Ley de Protección a los Periodistas, con sus respectivos mecanismos a efecto de que los comunicadores puedan recibir la protección del estado cuando en el ejercicio de su trabajo, son amenazados o agredidos y evitar que pierdan la vida.

La seguridad social de los trabajadores de la comunicación, es otro aspecto importante, pues son pocos, muy pocos los comunicadores que gozan de seguridad social, es decir, el derecho a la salud, a la vivienda y a una jubilación digna, que solo algunas de las grandes empresas editoras les otorgan a través del IMSS y del INFONAVIT, pero la gran mayoría está exenta de la seguridad social.

Ya en otras entregas he comentado a ustedes, que si bien es cierto que la comunicación tiene un compromiso social que cumplir, también es cierto que es un negocio en la mayoría de los casos y que su operación y funcionamiento depende en gran medida de la comercialización de sus espacios, empero, algunos sectores de la sociedad satanizan sus relaciones comerciales con el gobierno, cuando éste es un significativo e importante cliente, pues el tener relaciones comerciales con el gobierno para esos sectores sociales, es ser un medio o comunicador “chayotero”, vendido, amordazado o corrupto.

Pero por otra parte, los agentes del estado, aprovechando su posición de administradores de los recursos públicos, “negocian” la entrega de contratos o convenios publicitarios a los medios de comunicación a condición de “no tocar al estado y sus funcionarios”, que significa la perversión del comercio publicitario. Quién no recuerda la expresión de un ex presidente que cuando estaba en funciones dijo: “No voy a pagar por qué me peguen”, puntualizando que no daría contratos o convenios publicitarios a aquellas empresas de comunicación críticas a la actividad gubernamental.

En nuestro estado, como no referir la expresión del ¿filósofo? JUAN PACHECO quien con desparpajo dijo: “Duele más un golpe al bolsillo de los periodistas que una patada en los testículos”, para explicar los mecanismos que se utilizan para que los tunde máquinas no sean críticos en sus notas. Hoy aún, en el “festejo” del día de la libertad de expresión, los órganos del estado están regateando el otorgamiento de contratos o convenios publicitarios, a cambio del silencio de los medios.

Lo lastimoso del asunto, el de la publicidad oficial, es que hay muchos pequeños medios de comunicación, que sus existencia depende de los contratos o convenios con el estado y en las circunstancias actuales, están en una verdadera crisis, incluso algunos han dejado de publicar sus ediciones, pues a la iniciativa privada no le interesa contratar publicidad en esos medios, cuya circulación se circunscribe a los medios oficiales. Todo lo anterior señalado, es parte de los elementos de “seguridad” que los comunicadores demandan, insisto, sin llegar al desprecio de lo ofrecido, pero prioridades son prioridades.

A pesar de haber transcurrido varios días de la ilegal detención de casi 300 personas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado y que autoridades del gobierno estatal han reconocido que “se equivocaron en las formas”, el titular de Seguridad Pública en el Estado JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ, insistió en “aclarar” que las detenciones de dichas personas, se realizó por personal bajo su mando, “en virtud de denuncias ciudadanas” que señalaron que había personas alterando el orden público y que fueron trasladados al Cereso Francisco J. Múgica, por disposición del Ministerio Público.

En efecto y no solo eso, sino que le mintieron al gobernador del estado para justificar su ilegal actuar, solo baste para demostrar la mentira, citar de nuevo el contenido del oficio número D.S.P. 1675/2017 de fecha 20 de abril de 2017, firmado por “El encargado del departamento legal de la Dirección de Seguridad Pública” LIC. SALVADOR SÁNCHEZ SUÁREZ y dirigido al Doctor ELIAS IBARRA TORRES Secretario de Salud en Michoacán, el que literalmente dice:

“Previo acuerdo y por instrucciones del Lic. Demetrio Fidel Ortiz Barragán Director de Seguridad Pública del Estado, tomando en consideración que tratándose de personas cuyo actuar consuetudinario se traduce en conductas parasociales con motivo de la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas o enervantes, estos no deben considerarse presuntos infractores administrativos, sino personas que padecen una enfermedad crónica y que es obligación de las instancias de gobierno poner a disposición de las autoridades sanitarias a cualquier persona dependiente de la ingesta de drogas enervantes o psicotrópicas, o con ebriedad consuetudinaria, como lo ha establecido nuestro máximo tribunal en la tesis de jurisprudencia que resulta aplicable por analogía e identidad jurídica sustancial, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

Época… registro…

Atento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 75 de la Ley General de Salud; 8º fracción XI de la Ley de Salud mental del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los apartados 5.3, 5.3.2 y 5.3.3. De la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SAA-2009 para la Prevención Tratamiento y Control de las Adicciones y los Lineamientos nacional para el ingreso Involuntario a Establecimientos residenciales de Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones, me permito poner a su disposición para que en el ámbito de su competencia se apliquen los procedimientos o tratamientos de rehabilitación a las siguientes personas:

1.- XXXX

90.-XXXX

No omito manifestar, que la remisión en comentario se realiza con el sustento en el resultado de los exámenes médicos practicados a dichas personas durante su estancia en el área de internación de “Barandilla”, que en original se agregan al presente y que por sí mismo se explican.

En sus declaraciones públicas a los medios de comunicación, el secretario de seguridad pública estatal JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ expresa que: “las aprehensiones se hicieron tras recibir reportes ciudadanos de civiles alterando el orden público…”

Existen en la Comisión Estatal de Derechos Humanos quejas como la de ERNESTO LÓPEZ TORRES quien refirió haber sido detenido por elementos de la policía ministerial el 17 diecisiete de abril a las 22:00 horas, habiendo sido retenida una motocicleta en la que se transportaba, manifestando además que se encontraban incomunicado, sin que se le indicara motivo de detención ni les permitieran llamada telefónica a sus familiares, indicándole que estaba sujeto a 36 horas de arresto.

Es decir, el imputado circulaba en su motocicleta cuando fue detenido por agentes ministeriales, por lo que se deduce que no estaba “ALTERANDO EL ORDEN PÚBLICO” y sin embargo se le dio el tratamiento de drogadicto o alcohólico.

O la de ALAN SINHUE MONTES CASTRO quien afirmó haber sido detenido saliendo de su trabajo, desde el día 17 diecisiete de abril a las 20:30 horas, siendo trasladado a dicha área de internación a las 21:40 horas, donde se encontraban incomunicado, sin que se le indicara motivo de detención ni les permitieran llamada telefónica a sus familiares.

Es claro que detuvieron a personas que no estaban alterando el orden público, pero además, del propio oficio número D.S.P. 1675/2017 se desprende que la puesta a disposición de la Secretaría de Salud en Michoacán de los detenidos se hizo por disposición del Director de Seguridad Pública DEMETRIO FIDEL ORTIZ BARRAGÁN y en base a dictámenes médicos practicados en la barandilla y no por disposición del ministerio público como afirma el secretario de seguridad pública.