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Morelia, Mich., 23 de abril del 2017.- Las detenciones por aspecto físico son propias de los estados absolutistas, en los que el marco jurídico sólo se utiliza para justificar las violaciones a los derechos humanos, como ha ocurrido en la ciudad de Morelia, afirmó la diputada Adriana Hernández, quien exigió un alto a esas acciones ilegales.
Durante una entrevista con medios de comunicación que la abordaron en La Piedad, la legisladora por ese distrito deploró que las autoridades hayan detenido a jóvenes, privándolos de su libertad, única y exclusivamente porque “parecen” drogadictos. En ese sentido consideró plausible la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y destacó la importancia de conservar el estado de derecho.
Ante la falta de inteligencia para atacar de fondo el fenómeno de la delincuencia, puntualizó que han optado por lanzar la red con la esperanza de atrapar a algún delincuente y tratar de detener el fenómeno de la farmacodependencia, con medidas que no son las más adecuadas y lo peor, no están permitidas por la ley.
La también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, recordó que a la Ley de Salud sanciona el comercio o suministro de estupefacientes, no así su consumo y faculta al Ministerio Público para que informe al consumidor, sobre la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico, o de orientación para la prevención de la farmacodependencia, pero de ninguna manera se prevé una acción coercitiva.
Consideró que si bien es cierto que las autoridades de seguridad pública están autorizadas para realizar actividades tendientes a la prevención de delitos, sólo están facultadas para imponer sanciones por infracciones administrativas, en cuyo caso el arresto no podrá exceder de 36 horas.
La líder del Gripo Parlamentario del PRI sostuvo finalmente que los esfuerzos por abatir la farmacodependencia deben ser integrales, dada la multiplicidad de factores que influyen en ella y convocó a intensificar acciones preventivas y establecer políticas públicas que combatan este flagelo, con más recursos que se destinen al tema desde las esferas gubernamentales de la salud.
