Columna «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (30-III-17)
DERROTA PARA EL ESTADO EN EL CONGRESO
Lo acontecido este miércoles 29 de marzo en la sesión ordinaria del congreso del estado, tiene varias lecturas interesantes de analizar y la primera de ellas, es la derrota sufrida por el gobernador del estado SILVANO AUREOLES CONEJO, quien confiando en la operación política de sus “amigos” PASCUAL SIGALA PÁEZ y JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ, permitió que se utilizara su nombre para enviar un mensaje a los 40 diputados que integran la 73 legislatura, que era su deseo que se eligiera a la abogada ANA LUZ MILA BARRERA como magistrada titular de la segunda sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán.
Utilizando el nombre del titular del ejecutivo estatal, los “operadores” políticos ya señalados, llevaron al pleno del congreso su propuesta, con la seguridad de obtener el triunfo en la elección y en consecuencia la nominación de MILA BARRERA como magistrada, empero, la “operación política” fracasó, aunque la pretensa magistrada estuvo a un solo voto del triunfo, pues se requería mayoría calificada que significaban 27 votos de los 40 legisladores, lo cierto es que ANA LUZ no los obtuvo, a pesar de que tales “operadores políticos” utilizaron toda la fuerza del estado y la solvencia política del gobernador del estado.
EJECUTIVO VS JUDICIAL
Para nadie es desconocido que los integrantes del Poder Judicial del Estado, son profundamente partidarios de que quien ejerza la judicatura, tenga una carrera judicial que garantice el interés de la sociedad y que la representación de ese poder quede a salvo de perversiones, sin embargo, esta vez, el gobernador AUREOLES CONEJO y sus diputados, fueron en contra de la filosofía de los integrantes del poder judicial, pero más aún, permitió un enfrentamiento con ese poder, en aras de obtener una posición para alguien que no tiene el bagaje ético, moral y profesional para desempeñar tal encargo, sino una relación amistosa muy estrecha con un miembro de su gabinete gubernamental.
En el ambiente de las togas y birretes, no pasó desapercibida la oposición a su filosofía en el quehacer judicial, oposición que es tomada como afrenta y que deteriora las relaciones entre esos poderes, de manera que habrá que ver sí el titular del ejecutivo seguirá estando de acuerdo, en seguir el desencuentro con el poder judicial o en un profunda y razonable reflexión, recompone el camino y le ordena a sus “operadores políticos”, que enderecen el entuerto creado y a través de la Junta de Coordinación Política se logre el consenso necesario para tal fin.
LOS PANISTAS EN EL DESFILADERO
Para este escribidor, el ridículo mayor lo protagonizaron la mayoría de los diputados que integran la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, ya que en su posición de fracción “bisagra”, ni “vendieron caro su amor” le dijeron a la aventurera, ni lograron la victoria, por el contrario fueron partícipes del desencuentro con el Poder Judicial y en el enfrentamiento con la fracción legislativa del PRI, pusieron en gran riesgo “acuerdos futuros”, que la fracción legislativa perredista y mucho menos el jefe del ejecutivo estatal les puedan garantizar.
Al igual que el titular del ejecutivo estatal, los liderazgos panistas tienen la obligación de enderezar el entuerto y restañar heridas con decisiones conciliatorias, pues el desencuentro causado por su conducta mercantilista, por supuesto que tendrá consecuencias en su entorno, más aun sabiendo que está en puerta un proceso electoral, en el que varios integrantes de la actual legislatura tienen proyecto y aspiraciones.
¿Y LA MORRALLA LEGISLATIVA?
Así es, los diputados “morralla” que pertenecen a los mini partidos, pues al igual que los panistas, solo hicieron el ridículo otorgando su apoyo a un fin avieso, siendo partícipes del desaire a la carrera judicial, pero nada raro tiene esa conducta, pues viviendo de las migajas legislativas, solo confirmaron quien es su amo en turno, que por supuesto no es Michoacán y los michoacanos.
FRACCIÓN PRIISTA, LA GRAN GANADORA
En este desaguisado legislativo, la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional fue la gran ganadora perdiendo la elección, pues demostraron que primero están las instituciones que las personas, que las relaciones con el Poder Judicial son elementos indispensables para la armonía y la gobernanza, de ahí que razonablemente priorizaron la institucionalidad con su par, el Poder Judicial.
¿Y AHORA QUÉ PASARÁ?
Es la pregunta que anda en busca de respuestas, sobre todo después del desaguisado legislativo del pasado miércoles, pues al no lograr la mayoría calificada ninguno de los cuatro integrantes de la propuesta de la Comisión de Justicia, el asunto se regresó al seno de la comisión que emitió el dictamen, es decir, al seno de la propia Comisión de Justicia.
Así las cosas, es obligación de la citada “Comisión de Justicia” volver a emitir un nuevo “dictamen”, en el que necesariamente irán nuevamente los mismos nombres, dictamen deberá ser turnado al pleno de los diputados para que a su vez, éstos mediante votación elijan el nuevo titular de la segunda sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues la propia constitución, la ley orgánica o los instrumentos jurídicos que norman este procedimiento, no señalan que se vuelva a repetir el procedimiento, es decir, que el Consejo del Poder Judicial emita nueva convocatoria, se practiquen los exámenes respectivo y así obtener una nueva terna para enviarse al legislativo.
En ese lapso de tiempo, es decir en lo que se regresa el dictamen y se emite otro nuevo, es que se supondría teóricamente, que lo aprovecharían las fracciones parlamentarias para tratar de llegar a un consenso previo y no caer nuevamente en rondas de votación, etc.
EL SHOW DE PASCUAL
Vaya que se dio el protagonismo del presidente de la mesa directiva del congreso, PASCUAL SIGALA PÁEZ, quien se puso nervioso al no salir su protegida en la primera ronda de votación, pues decretó un receso de más de una hora y al reanudar la sesión, propuso modificar el procedimiento de votación, bajo el argumento de darle “certeza y legalidad” al procedimiento, pretendiendo establecer “urnas” para que en una se depositara el voto y en otra las cédulas sobrantes.
La propuesta del SIGALA generó una agria discusión entre los diputados, que terminó sometiendo a votación simple una propuesta de una diputada, que consistió en que se les dotara de una cédula en blanco y cada legislador anotara el nombre del aspirante por quien votaban.
Es evidente, que el realizar la votación con una cédula en blanco en la que cada legislador anotara de su puño y letra el nombre de su preferencia, le quita la secrecía al voto, pues un simple análisis de las caligrafías, determina por quien votó cada legislador y la ley señala que la votación debe ser “secreta”.
Es obvia la ignorancia de algunos legisladores, pues el procedimiento de votación está perfectamente definido por la Ley Orgánica del Congreso en sus artículos 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 y 272, circunstancia que es tan clara que no permite “interpretaciones”, pero por otro lado, existe un principio general del derecho que señala que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que expresamente les señale la ley y los ciudadanos pueden hacer todo aquello que expresamente no les prohíba la ley.
El principio general del derecho anotado, hace innecesario implementar otro procedimiento diferente al señalado por la ley, como fue el caso.