Morelia, Mich., 02 de marzo de 2017.- El Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó el decreto mediante el cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, reestructure y/o refinancie una parte de la deuda pública estatal por un monto de 11 mil 495 millones de pesos.
Lo anterior, con la finalidad de que las finanzas públicas estatales cuenten con los flujos suficientes para canalizar recursos a obras de infraestructura, que impulsen al sector productivo y brinden mejores oportunidades de desarrollo social.
El dictamen elaborado por las comisiones de Hacienda y Deuda Pública; así como de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, destaca que considerando la difícil situación financiera por la que atraviesa el estado, como consecuencia de los elevados índices de endeudamiento que presenta, así como de los incrementos de las tasas de interés, es necesario garantizar procedimientos transparentes para la contratación de reestructura y/o refinanciamiento de la deuda actual del Estado, para buscar mejores condiciones financieras que le permitan cumplir con sus objetivos presupuestales y lograr una estabilidad financiera que se refleje en beneficio de los michoacanos.
En ese sentido, se autoriza al Gobierno del Estado para contratar la reestructura y/o refinanciamiento de la deuda estatal con diversas instituciones bancarias, con lo que se logrará una liberación de flujo de recursos presupuestales, a través de un esquema de pagos que le resulte conveniente, sin incrementar el saldo neto de la deuda y ampliando los plazos de amortización hasta por 20 veinte años.
Asimismo, para abonar a la transparencia y rendición de cuentas, se propone realizar una auditoría integral a la Cuenta Contable “Cargos por Aplicar”, que abarque desde los orígenes de la misma hasta el ajuste realizado en el año 2014; para la cual se emitirá una convocatoria en tres meses a fin de contratar los servicios de profesionales externos.
Estas acciones, agrega, ayudarán al fortalecimiento de la hacienda pública estatal, como un proceso de estabilización financiera en sintonía con el cumplimiento de la normativa para el control de las finanzas públicas estatales, establecido en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.
Durante la discusión del dictamen, los diputados Raymundo Arreola, Adriana Campos, Manuel López, Ernesto Núñez, Roberto Carlos López, Mario Armando Mendoza, Brenda Fraga y Daniel Moncada, hicieron uso de la tribuna para razonar su voto a favor.
En los pronunciamientos que se plantearon en la sesión, los diputados señalaron que no se trata de contratar nueva deuda, sino de generar liquidez para que el Gobierno equilibre las finanzas estatales, siendo vigilantes de que los recursos obtenidos mediante la reestructura se destinen a obras de infraestructura de beneficio social, en cumplimiento de los objetivos que señala el dictamen.