Sigala fracasa en operación de reestructuración (Columna «Bajo la Lupa»)

En efecto, la operación política que realiza el presidente de la mesa directiva del congreso del estado PASCUAL SIGALA PÁEZ, día a día ha ido fracasando, pues no solo la labor de convencimiento a los diputados sigue sin avanzar, sino que por el contrario, legisladores que en un principio iban a otorgar su voto de aprobación, ahora han cambiado su criterio al conocer a detalle los números de la pretendida reestructura.

Otro elemento que han agravado los cabildeos en pos de lograr la aprobación de la citada reestructura de la deuda, es que el presidente de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el perredista MANUEL LÓPEZ MELÉNDEZ no ha sido tomado en cuenta en estas labores de cabildeo, cuando lo mínimo que debiera suceder, es que la totalidad de los legisladores que integran la bancada del PRD en el congreso, deberían de trabajar en equipo para lograr ese objetivo, empero, no es así, parecería que una vez más la soberbia con la suele manejarse el diputado presidente SIGALA PÁEZ, ha sido el elemento primordial para que los demás diputados perredistas no se sumen al trabajo.

Precisamente, la actitud soberbia del diputado PASCUAL SIGALA se evidencia una vez más, al referirse a las declaraciones vertidas tanto por el presidente estatal del Partido Acción Nacional, como del diputado panista y presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública MIGUEL ANGEL VILLEGAS SOTO, las que calificó como “una vacilada”, agregando con esa soberbia que le caracteriza, que VILLEGAS SOTO no es un experto.

Una condición mínima que debe cumplir quien quiere convencer a otra, es que al verter los argumentos para tratar de convencerlo, los exprese con comedimiento y claridad o como suele decirse, debe de “apapacharle” dentro de los límites de la civilidad y la buena educación, sin embargo, tanto el gobernador SILVANO AUREOLES CONEJO como su gran amigo y presidente de la mesa directiva del congreso estatal PASCUAL SIGALA, se ha referido a los diputados más en un plan retador y ofensivo, pues baste recordar que ya antes, el titular del ejecutivo estatal dijo a los medios, que los diputados lo pretendían extorsionar para aprobarle la reestructuración.

En una entrevista que otorgó a una estación radiodifusora local SILVANO AFIRMÓ: “No tiene mayor ciencia, más que una oportunidad que también la comprendo de los diputados para atrincherarse y encarecer su negociación, pero que asuman que es una responsabilidad pública, no es un asunto de cuánto gano o cuánto saco en esta coyuntura para mi distrito o cuánto llevo para mí sino que es un asunto para el estado”

Ahora, es el presidente de la mesa directiva del congreso estatal y encargado de “operar” los cabildeos para sacar adelante la reestructura de la deuda, PASCUAL SIGALA PÁEZ quien califica sin mayor argumento, de “vaciladas” los números y consideraciones, que los panistas han puesto sobre la mesa y en la que fundan su oposición a aprobar la reestructuración.

“YA NO ME AYUDES COMPADRE”

Sería la expresión utilizada por el titular del ejecutivo estatal al conocer el tipo de declaraciones que hace su amigo, compadre y socio PASCUAL SIGALA, declaraciones que por supuesto en nada contribuyen a la gobernabilidad en el congreso del estado, sobre todo, si se le suman a las ya expresadas y anotadas, de SILVANO.

Para que la reestructura pueda progresar, de entrada deben de cambiar de operador político o bien, tienen que integrar a más diputados perredistas en el cabildeo y segundo, dejar el lenguaje ofensivo hacía sus pares legislativos y finalmente, hacer una detallada explicación de los números y las letras chiquitas que rodean a dicha reestructuración de la deuda pública.

En anterior entrega, comenté a ustedes que la diputada priista YARABÍA ÁVILA GÓNZALEZ, presidenta de la comisión inspectora de la auditoría superior de Michoacán, estaba impedida para intervenir en el dictamen de la cuenta pública 2015 de la administración pública estatal, en la que corresponden 9 meses al gobierno de SALVADOR JARA GUERRERO y 3 meses al gobierno de SILVANO AUREOLES CONEJO, en virtud de que la legisladora ÁVILA GÓNZALEZ fungió como secretaria de Política Social del gobierno de JARA GUERRERO.

El impedimento de la diputada priista, lo fundamos en lo dispuesto por el artículo 57 de La Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado el que establece literalmente el siguiente: ARTÍCULO 57. En las comisiones, nadie puede dictaminar sobre asuntos en que tenga conflicto de interés, entendiéndose por ello el interés directo, de su cónyuge o familiares en línea recta sin limitación de grado y consanguíneos hasta el cuarto grado; o bien, tratándose de los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia; se tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con el funcionario sujeto a proceso, el acusador o el representante de cualquiera de éstos. En tal circunstancia deberá excusarse, o ser recusado a pedimento fundado de un diputado ante el Pleno, donde será votada. Cuando alguno de sus integrantes sea recusado, a propuesta del Grupo Parlamentario de origen el Pleno elegirá a quien deba suplirlo, únicamente en ese asunto.

Así las cosas, al revisar la experiencia en el servicio público de los diputados que integran las comisiones conjuntas de inspectora de la auditoría superior de Michoacán y la de programación, presupuesto y cuenta pública, nos encontramos con más legisladores impedidos y son: de la Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en diputado priista WILFRIDO LÁZARO MEDINA y de la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el perredista MANUEL LÓPEZ MELÉNDEZ y el priista SERGIO OCHOA VÁZQUEZ.

La aclaración a que me refiero, es relativa a que en el caso de la diputada YARABÍ ÁVILA, su conflicto de interés que previene el artículo 57 de la ley orgánica y de procedimientos del congreso del estado, es con relación al dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, año en que la legisladora fue funcionaria pública; pero con relación a los diputados WILFRIDO LÁZARO MEDINA del PRI y MANUEL LÓPEZ MELÉNDEZ del PRD, el impedimento a que se refiere el artículo 57 ya comentado, tiene relación con la revisión y dictamen de las cuentas públicas del 2015, pero de los municipios de Morelia y Panindicuaro respectivamente.

Por lo que se refiere al diputado SERGIO OCHOA VÁZQUEZ, su posible impedimento tiene que ver con su calidad de constructor proveedor de obra pública al gobierno del estado y a algunos municipios, pues habrá que precisar sí la obra pública por él construida se realizó durante el 2015 que es el periodo, cuyas cuentas públicas estatal y municipales, serán dictaminadas.

En palabras simples, este asunto de los impedimentos tiene que ver, con que en nuestro sistema constitucional nadie puede revisar y auditar sus propias cuentas públicas. Así de simple.

En nuestra entrega del pasado viernes 17 de febrero, desmenuzamos desde nuestro punto de vista, los contenidos de la solicitud de reestructura de la deuda pública de hasta por un importe de 10 mil 906 millones, 032 mil, 319.48 pesos, que la actual administración estatal solicitó al congreso del estado y que a la fecha se encuentra sin dictaminar, sin embargo, no contábamos con la información relativa a las disposiciones de del crédito otorgado por BANOBRAS S.N.C. al gobierno del estado el 28 de junio del 2013 por un monto de 4 mil 112 millones de pesos.

En efecto, el contrato original del citado crédito, sufrió al menos 5 modificaciones y 1 reestructura, independiente a la que actualmente solicita el gobierno estatal, en todos los casos, los convenios modificatorios tuvieron por objeto “mejorar las condiciones crediticias” aumentando plazos para las disposiciones del crédito, empero, llama la atención el contenido del “segundo convenio modificatorio y de reconocimiento de adeudo” firmado el 27 de noviembre del 2014, en donde se establecen como “objetivos principales” los siguientes:

Ampliar el destino del crédito para: Financiar el costo de nuevas inversiones públicas productivas; incluir el refinanciamiento de la deuda bancaria, que fue destinada para financiar inversión pública productiva que recae en los campos de atención de BANOBRAS, de los ejercicios fiscales 2011 y anteriores, 2012, 2013 y 2014, IVA incluido; pagar y/o refinanciar los créditos, empréstitos o financiamientos; pagar pasivos que se deriven de adeudos o proveedores, contratistas y obra convenida con los ayuntamientos de los ejercicios fiscales anteriores.

Lo anterior, el último concepto señalado, constituye una flagrante violación a la Constitución General de la República y a la ley de deuda pública, pues ambos cuerpos de leyes prohíben estrictamente a los estado y sus municipios, contraer deuda pública para gasto corriente y para el pago de deuda de corto plazo.

Firmado con BANOBRAS el 28 de junio del 2013 por un monto de 4 mil 112 millones de pesos, este crédito lo dispuso el gobierno estatal en 12 disposiciones, pues para poder disponer de dicho crédito, el gobierno estatal debía de cumplir al derredor de 10 condiciones de hacen y no hacer, que por supuesto por lo difícil de su cumplimiento, las disposiciones del mismo fueron muy espaciadas al extremo que el crédito los solicitó FAUSTO VALLEJO, lo firmó JESÚS REYNA y los disfrutaron FAUSTO, SALVADOR JARA y aunque usted no lo crea, SILVANO AUREOLES CONEJO.

En efecto, de las 12 disposiciones del crédito de Banobras, Silvano ejercitó 4 disposiciones por un monto total de 759 millones, 788 mil, 879.23 pesos; la primera el 23 de marzo del 2016, la segunda el 18 de abril del 2016, la tercera el 26 de mayo del 2016 y la cuarta el 27 de diciembre del 2016.

Lo anterior es en parte lo que revela la gravedad de la situación financiera que enfrenta la administración estatal, pues como ya se sabe, en el 2016, aparte del presupuesto de casi 60 mil millones de pesos, el gobierno de SILVANO contrató deuda de corto plazo por al derredor de 3 mil millones de pesos y dispuso del remanente del crédito de BANOBRAS por casi 760 millones de pesos, pero además, como no pudo pagar la deuda de corto plazo como lo obliga la ley, recontrató los 3 mil millones de pesos más gastos e intereses capitalizados, que es una deuda con la que iniciamos el 2017.