Frente al exterior, el gobierno aparece paralizado: Cuauhtémoc Cárdenas

CDMX, 25 de enero del 2017.- Cuauhtémoc Cárdenas: Agradezco a la Fundación Lázaro Cárdenas, en particular al Presidente de la Asamblea de la Fundación y al Presidente de la Fundación, respectivamente Lic. Dante Delgado y Dr. Alejandro Chanona, la invitación, que mucho me distingue, para reunirme con todos ustedes y comentar sobre nuestro país, su situación actual y los caminos que considero deben seguirse para superar sus principales problemas y tomar un rumbo muy distinto al que ha impuesto, desde hace más de tres décadas, la embestida neoliberal.

México se encuentra, como nunca antes en la memoria de las generaciones actuales, en las condiciones del mayor deterioro político, social y económico. Las últimas décadas han sido de retroceso continuo, dentro de un modelo de desarrollo impuesto por intereses ajenos y el entreguismo local en calidad de socio menor, en el que la economía se ha vuelto cada vez más dependiente y socialmente depredadora, se han destruido tejidos productivos en sectores clave como la agricultura, la pequeña y mediana empresa y la petroquímica, los recursos estratégicos del subsuelo han dejado de estar manejados con sentido de interés general y puestos a disposición de los grandes consorcios extranjeros, la economía en su conjunto ha crecido con serias insuficiencias y distorsiones, a lo que deben sumarse un cada vez más profundo desánimo social, una creciente desigualdad en la distribución del ingreso, el incremento de la pobreza, el desempleo que toca a la mitad de la población activa, un fuerte descrédito institucional, irrefrenable corrupción dentro y fuera de las esferas oficiales, protegida por la impunidad, delincuencia incontrolada, y ya en esta difícil situación, habrá que agregar las amenazas que han empezado a llevarse a la práctica, del presidente de los Estados Unidos, de expulsar a 2 o 3 millones de migrantes mexicanos, que presionarán para encontrar nuevos empleos al tiempo que las políticas internas no generan la capacidad suficiente para crearlos; frenar el flujo de remesas, uno de los principales ingresos de divisas, lo que afectará a millones de hogares por toda la República; la ruptura del Acuerdo de libre comercio, con consecuencias fiscales y tropiezos para los intercambios internacionales; y la construcción del muro fronterizo en los tramos en que falta, con cargo a México.

De cumplirse todas esas amenazas y las que vengan, algunos problemas se agudizarán, pero más grave aun, es que la instrumentación rigurosa de las políticas neoliberales, sin asomo alguno de sensibilidad humana, están haciendo que la problemática del país en su conjunto se complique. Para muestra: ahí están la acelerada devaluación del peso con que el gobierno ha despedido el año y el alza de los combustibles que el mismo gobierno ha brindado a los mexicanos como regalo de año nuevo y Reyes. En estas condiciones, resolver nuestros problemas está tanto en enfrentar los nuevos retos con firmeza, en defensa de nuestra integridad y soberanía, como en no mantener las mismas políticas que los generaron, que sólo ocultan los problemas temporalmente y los reaparecen incrementados en su agudeza y complejidad.

Ahora bien, el principio es el principio, y, en las actuales condiciones de más que justificable irritación popular y carencia absoluta de autoridad moral del gobierno, el cambio que urge tiene que comenzar por revertir de manera definitiva el alza de los combustibles que empezó a darse con el inicio del año, congelar sus precios a como se encontraban en diciembre de 2016, substituir el ingreso que se pretende con el alza de las gasolinas con un recorte drástico a la alta burocracia, la supresión de las indignantes y absurdas erogaciones en publicidad oficial, la supresión de las escoltas con cargo a los presupuestos públicos y otras partidas que seguramente pueden reducirse, y poner en marcha un nuevo proyecto de nación y de sociedad, diseñado y decidido por los mexicanos, en mayoría democrática.

El gobierno no debe seguir abonando a la inestabilidad interna. Mantenerse en el neoliberalismo depredador y entreguista sólo va a aumentar la dependencia del exterior, a concluir con la cesión de la actividad petrolera al interés particular, a contribuir a una mayor concentración del ingreso en los grupos ya de por sí más privilegiados y, con todo ello, a aumentar la irritación social.

Por otra parte, frente al exterior, el gobierno aparece paralizado: algunas tímidas declaraciones sobre mejorar el diálogo con el vecino del norte, o que en abstracto se hace un llamado a la calma y a la unidad, sin precisar para qué o en torno a qué, el anuncio de la apertura de una línea telefónica para que los migrantes se comuniquen con el secretario de Relaciones Exteriores y ya, a esperar y ver qué y cómo vienen las cosas.

Debieran, como se ha señalado, estarse ya tomando medidas de emergencia. Hacer cambios en la políticas del Estado toma tiempo, pero deben apurarse los primeros pasos para enfrentar una situación, que todo apunta, va a complicarse social y económicamente.

Exijamos al gobierno que diseñe e instrumente una política que cree empleos formales de manera masiva, que debe necesariamente generar crecimiento económico que se mantenga en el largo plazo, para dar acomodo a los trabajadores que puedan ser deportados por la nueva administración norteamericana y dar atención al grave rezago en la materia. Así, los impactos negativos serán menores. Se requiere, en este esfuerzo, tanto la presencia del gobierno como de las organizaciones ciudadanas y de la empresa, en programas concertados para darles la mayor efectividad posible.

¿Se está previendo ya qué hacer si unilateralmente rompe Estados Unidos el Acuerdo de libre comercio? ¿Cómo se va a proteger el empleo en México? ¿Cómo se va a cuidar a nuestros productores, que se abastecen de la importación, y cómo a nuestros exportadores? Y, algo muy importante, ¿cómo se va a garantizar que las remesas no se vean obstaculizadas y menos reducidas por la brutalidad de un arbitrario? Veamos con urgencia gobierno, empresa, el Legislativo, la sociedad organizada, qué hacer para contrarrestar la agresión y quitar fuerza a los golpes. De las distintas visiones y anteponiendo a cualesquiera otros los intereses del país y de la gente, tendrán que venir las soluciones adecuadas.

Hay cuestiones ubicadas en el centro de la conflictividad en cuyo diagnóstico, en la urgencia de atenderlas y en cómo abordarlas, amplios sectores están de acuerdo.

La corrupción y la impunidad, desmedidas en sus alcances y profundidad, que han tejido amplias complicidades que involucran a gente de dentro y de fuera del medio oficial, representan enormes pérdidas pecuniarias para las políticas sociales y de infraestructura, y deben, en consecuencia y en primer lugar, sancionarse con rigor aplicando sin miramientos la ley, y combatirse empezando de arriba hacia abajo. Es hoy la primera obligación de una autoridad responsable.

La inseguridad y la irrefrenable expansión de la delincuencia se vinculan estrechamente con las cuestiones anteriores. Para librar una lucha efectiva en su contra, debe entenderse que no basta con el combate policíaco, que ciertamente no puede interrumpirse, pero que el fenómeno de la delincuencia no es autónomo, sino que está relacionado con la necesidad de sanear todos los aparatos de justicia, con el desempleo, la caída del ingreso familiar, las políticas internacionales, educativas, culturales, de esparcimiento y de salud, las oportunidades para los jóvenes, el rezago económico, etc., en las que debe actuarse simultáneamente para brindar seguridad y lograr realmente abatir la delincuencia.

Erradicar la corrupción y combatir la delincuencia no son temas partidarios o de ideología. Está en la obligación de todo mundo y en primerísimo lugar del gobernante, proceder con ética y solidaridad humana en la vida de todos los días. Para ello, habrá que empezar por sanear los cuerpos encargados del combate a la delincuencia y los aparatos de justicia, y formular los planes de trabajo necesarios para que a gobiernos y cuerpos federales, estatales y municipales se les asignen responsabilidades en la materia y rindan cuentas de su cumplimiento, y se prevea también qué tareas deben cumplir las instituciones civiles y cada hogar y cada ciudadano.

Cambiar el modelo de desarrollo e impulsar un proyecto de nación distinto al imperante, es cuestión de política, de ideología y compromiso.

Por delante, la prioridad debe estar en el bienestar creciente de la gente, de la sociedad, del pueblo en su conjunto: trabajo formal, ingreso suficiente para una vida familiar y personal con dignidad, educación, salud, acceso a la cultura y al esparcimiento, ejercicio sin restricciones de los derechos reconocidos. Oportunidades de progreso y condiciones de bienestar equivalentes para todos y en toda la República.

Se requiere una política económica que garantice crecimiento sostenido en el largo plazo, que genere empleos formales y una distribución equitativa del ingreso. Se debe pensar en recuperar el fomento a la industrialización; la integración de las cadenas productivas, empezando por las de la maquila y el ensamblaje; dar valor agregado a las materias primas transformándolas industrialmente, de manera principal a los hidrocarburos y los minerales; recuperar, asimismo, las capacidades productivas del campo; proteger y acrecentar la rica biodiversidad del país y utilizarla con racionalidad para obtener rendimientos económicos que pueden ser de gran cuantía y beneficio para muchas comunidades rurales.

Para llevar a cabo un proyecto de nación soberana, un primer paso indispensable será revertir la llamada reforma energética, recuperar los textos constitucionales previos a esta contrarreforma, esto es, recuperar para el Estado mexicano el control efectivo de los recursos del subsuelo y la conducción de la política energética, de modo que se realice un manejo de reservas que cuide presente y futuro y que no lleve a la sobreexplotación, al agotamiento prematuro y a épocas de desabasto, que se está aun a tiempo de evitar; transformar industrialmente los hidrocarburos dentro del país, dando valor agregado a los productos, principalmente mediante el estímulo a la petroquímica y la revitalización de la refinación; fomentar la ampliación e integración de cadenas productivas y el fortalecimiento de las economías regionales; permitir que Petróleos Mexicanos, que se reinstituya como organismo estatal, opere con la autonomía que debe tener toda entidad productiva; en resumen, hacer del aprovechamiento petrolero, de nueva cuenta, como en un pasado no muy lejano, factor fundamental del crecimiento económico y de la industrialización del país, y por otro lado, dar paso al uso de las energías alternativas e iniciar con fuerza una verdadera transición energética.

Las otras reformas estructurales de la actual administración tendrán que revisarse y modificarse de fondo. Se precisa una verdadera reforma educativa, que se despoje de todo carácter represivo, que capacite y actualice de manera permanente al magisterio, que toque los contenidos educativos para así fortalecer la cohesión social, garantice la universalidad de los ciclos obligatorios, así como acceso y permanencia en los superiores a todo aquel que satisfaga los requisitos académico. Se requiere una verdadera reforma hacendaria, que aporte con suficiencia los recursos necesarios para el desarrollo, que grave a quienes más ingresos obtienen y quite cargas fiscales a los sectores de menores ingresos, que fortalezca el consumo interno y estimule y brinde seguridades a la inversión productiva, entre otras medidas, fortaleciendo y reconstituyendo la banca de fomento, así como restituyendo a los Poderes del Estado la conducción de las políticas financieras y monetaria. Se requiere, asimismo, la efectiva diversificación y democratización en el control y operación de los medios electrónicos de comunicación e información.

En materia laboral, entre otras cuestiones, es necesario acelerar la substitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por instancias del Poder Judicial de la Federación, establecer el voto secreto y directo en las elecciones sindicales, suprimir la llamada “toma de nota” para el reconocimiento oficial de los sindicatos y erradicar la corrupta práctica de los “contratos de protección”.

Si estamos luchando contra la impunidad que protege el quebrantamiento de la ley, quiere decir que estamos porque rija, efectivamente, un pleno estado de derecho. Se debe, entonces, garantizar el ejercicio pleno de los derechos ya reconocidos a la gente por la Constitución y garantizar, asimismo, el absoluto respeto a esos derechos. Pero varios de ellos, ya reconocidos en la ley suprema, no pueden ser ejercidos, por lo que uno de los avances constitucionales por el que hay que luchar con prioridad, es el de la creación de los mecanismos que hagan exigible el ejercicio de esos derechos.

El derecho constitucional, como todo, evoluciona. Lo primero, como se ha dicho, es garantizar respeto y ejercicio a los derechos que ya se reconocen a todo mexicano. Pero en nuestra Constitución debieran ya empezar a aparecer nuevos derechos y medidas de nivelación para reducir hasta eliminar las brechas de desigualdad, derechos de los niños, de los jóvenes, de víctimas, culturales, a la ciudad, de la población LGBTI, a la buena administración, de migrantes y de población sujeta a la protección internacional, etc., como da ejemplo la iniciativa de Constitución de la Ciudad de México que en unos días habrá de promulgarse.

En fin, estos cambios y muchos más se hacen indispensables para que tomen otros rumbos la nación y la vida de los mexicanos, pero no basta con presentar ideas y propuestas, por acertadas que éstas puedan parecer, sino que debemos hacer una muy amplia convocatoria para discutir a fondo, por todo el país, con quienes se desenvuelven en las más diversas actividades, las vías para enfrentar con éxito los problemas que hoy nos aquejan.

Con acuerdos en torno al proyecto nacional a desarrollar, se tendrá que dar el segundo paso, el más importante sin duda, que es construir la base social y política que impulse la realización del proyecto. Se trata de formar la mayoría que democráticamente ponga en marcha este proyecto, que dé seguimiento a su instrumentación y garantice su consolidación.

La unidad en torno a un proyecto, que tiene que ir más allá de los individuos, representaría no sólo un paso indispensable para que el pueblo maneje democráticamente su soberanía, sino una verdadera revolución política y social, la de la igualdad ante la ley y ante las oportunidades, la de un progreso colectivo compartido con equidad, la de gobiernos rectos y democráticos, auditables y responsables, y representaría además, un llamado a Nuestra América y a todos los pueblos, de que un mundo mejor, equitativo y fraterno, es posible.

Y lanzarse tras este objetivo no es tarea menor, si se consideran los obstáculos que deberán superarse: la reacción interna, estrechamente vinculada y comprometida con el proyecto de hegemonía mundial conducido e instrumentado por los intereses que dominan la vida política y económica de los Estados Unidos, poco o nada dispuestos a ceder o conceder; quienes se benefician con la creciente desigualdad social, que cuentan con poder político y económico, medios de comunicación e información, y relaciones y complicidades internacionales.

Conviene entonces, hacer un llamado a todos los grupos, a todas las iniciativas que hoy están planteando la unidad de todos los demócratas, de todos los progresistas, los liberales, los que se identifican con las izquierdas, los que están inconformes con los años de neoliberalismo, los que demandan un cambio de la situación actual, todos aquellos que con diferentes matices y con una buena parte de objetivos comunes están planteando la necesidad de formar un movimiento, frente, unidad o como quiera llamársele, amplio, plural, en el que todo el mundo quepa: ciudadanos en lo individual, colectivos organizados, gente de partidos y gente sin partido, los partidos mismos y quienes que se inclinan por las llamadas candidaturas independientes, militares y marinos, sindicatos, académicos, a la gente de la cultura y el arte, deportistas, para empezar a caminar juntos e imponer pacífica y democráticamente el cambio. Una reunión sin jefes, jerarquías ni candidatos.

Reunámonos ya y pensemos que sólo una unidad que constituya mayoría social tendrá la capacidad para transformarse en mayoría política e imponer el cambio. El 2018 está a la vista. Formulemos un programa común, agrupémonos en torno a él, y si efectivamente, con objetividad, constituimos una mayoría, veamos quienes pueden encabezar esta mayoría y quienes pueden, en el momento oportuno, formar las candidaturas que formalicen el cambio. Sin mayoría, no vale la pena el desgaste.

Tocará entonces, ir por todo el país, acercarse y hablar con todos aquellos que sea posible y tratar de convencer, de sumar y organizar. Crecer hasta ser mayoría. Hay prisa.

No existen fechas fatales, pero sí debe caminarse con la mayor rapidez posible.

El cambio como es a todos evidente, es necesario, pero, sobre todo, es posible.

Tengamos confianza en la bondad y solidez de nuestros principios y propuestas. Formemos esa mayoría que México exige para cambiar el presente y garantizar un futuro de ejercicio soberano de nuestras decisiones, de edificación democrática, progreso y bienestar.