Refinancier deuda, no requiere permiso del Congreso (Columna «Bajo la Lupa»)

Vaya que el diputado panista MIGUEL ANGEL VILLEGAS SOTO, presidente de la comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, le puso el cascabel al gato con el rollo de la ya famosa reestructuración de la deuda pública, propuesta por el titular del poder ejecutivo SILVANO AUREOLES CONEJO, quien pretende la autorización del congreso para reestructurar 10 mil 906 millones, 032 mil, 319.48 pesos, pues según el legislador panista, el gobierno estatal, en los términos del artículo 12 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, no necesita de autorización del congreso para hacer el refinanciamiento o reestructura de la citada deuda.

LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 12. El Gobierno del Estado, los Municipios y demás Entes Públicos estatales o municipales podrán realizar operaciones de Refinanciamiento o Reestructura sin requerir autorización específica del Congreso, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8° párrafo segundo fracción IV de esta Ley, o tratándose de Reestructuraciones exista una mejora en las condiciones contractuales;

II. No se incremente el saldo insoluto; y,

III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, el plazo de duración del pago del principal e intereses del Financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento. Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o Reestructuración, el Ente Público informará al Congreso sobre la celebración de este tipo de operaciones, así como también deberá inscribir dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el Registro Público Único.

En estricto derecho, el diputado VILLEGAS SOTO tiene razón, pues sí se tratara de una simple reestructuración de la deuda dentro del mismo plazo, pero solo bajando las tasas de interés, el gobierno estatal no necesitaría el permiso del congreso, sin embargo, no se trata solo de eso, sino de ampliar el plazo de pago para que los “abonos” sean más chiquitos, lo que implicará necesariamente tener que pagar más en intereses y habrá que hacer la corrida financiera para saber qué es mejor, como se puede pagar menos que es el objetivo, sí ampliar el plazo y pagar más intereses a una tasa menor o sale más barato dejar las cosas como están.

De entrada, hay que contabilizar el pago de honorarios a la empresa “Estrategia en Finanzas & Infraestructura”, la que se contrató mediante la licitación pública número CADPE-EM-LPE-029/2016 y que implica el pago del 0.95% más IVA sobre el importe total de los pasivos financieros a reestructurarse, que más o menos son 103 millones, 607 mil, 307.03 pesos más IVA.

Por otra parte dentro de dichos “costos de la reestructuración” debemos de considerar el costo de los “Fondos de Reserva”, “Pago de Primas”, “Comisiones”, “Coberturas” y “Otros gastos”, que de acuerdo al párrafo segundo del artículo primero del decreto propuesto, serían en equivalente al 2% de la suma de los créditos a refinanciar en este artículo primero. Dicho importe del 2% son aproximadamente la cantidad de 135 millones, 014 mil, 450.19 pesos

Los anteriores costos, se refieren exclusivamente a la restructuración de los créditos contratados con los bancos MULTIVA, dos créditos con BANCO INTERACCIONES y un crédito con BANOBRAS.

En el artículo segundo del citado decreto, se establece la autorización del congreso para constituir “garantías de pago” por el 30% del monto total del o los financiamientos a que se refiere al artículo primero, es decir, los créditos con MULTIVA, INTERACCIONES y BANOBRAS, de manera que en esa tesitura, el congreso del estado autorizaría al gobierno estatal para contratar un crédito a largo plazo por 2 mil, 025 millones, 216 mil, 755.19 pesos para constituir tales “garantías de pago”, mismas que según el párrafo tercero del artículo segundo del decreto de marras, constituirán “deuda pública” pagaderas en pesos, en un plazo de hasta 25 años y un plazo de gracia hasta por 75 meses.

La famosa “bursatilización” tiene un saldo al 30 de septiembre del 2016 de 4 mil, 155 millones, 309 mil, 802.18 pesos, misma que el gobierno de LÁZARO CÁRDENAS BATEL contrató en Unidades de Inversión, mejor conocidas como UDIS.

Al respecto, el gobierno del estado solicita autorización al congreso, para contratar un crédito cuyo destino sería el pagar los siguientes conceptos: 1.- Amortizar anticipadamente la emisión de certificados bursátiles fiduciarios. 2.- Pagar primas por prepago, los costos de rompimiento de la garantía de pago oportuno y cualquier otro gasto o erogación que se genere por la liquidación de los certificados bursátiles fiduciarios, siempre y cuando su pago con cargo al financiamiento esté permitido por las leyes aplicables. 3.- Constituir los fondos de reserva del financiamiento celebrado al amparo del presente artículo. 4.- Contratar coberturas de tasa de interés o de intercambio de tasas de interés de los denominados “swaps”; y/o 5.- Pagar los gastos, comisiones, primas de cualquier tipo, costos y cualquier otra erogación generada por el diseño, instrumentación y/o contratación de los financiamientos y las garantía de pago oportuno, siempre y cuando su pago con cargo al financiamiento esté permitido por las disposiciones aplicables.

Independientemente de los costos anteriores, el gobierno estatal solicita al congreso autorización para contratar un crédito hasta por el 30% del financiamiento contratado para pagar la bursatilización, este crédito se destinará a constituir las garantías de pago oportuno y se considerará “deuda pública”, de manera que estas garantías serían por el orden de los 1 mil 246 millones, 592 mil, 940.65 pesos

Aunque los cabilderos del gobierno estatal aseguran de que no habrá nueva o más deuda pública con la reestructuración crediticia, lo cierto es que sí, cuando menos habría una nueva deuda pública por el importe de las garantías de pronto pago, que ronda por la cantidad de 3 mil 271 millones, 809 mil, 695.84 pesos, más como ya apuntamos, los 135 millones, 014 mil, 450.34 del 2% para pago de Fondos de reserva, primas, comisiones, coberturas y otros gastos, de los primeros 4 créditos, así como el 2% del refinanciamiento del crédito en UDIS, que son algo así como 83 millones, 106 mil, 196.04 pesos y los 103 millones, 607 mil, 307.03 pesos que es el importe de los honorarios de la empresa asesora en la reestructuración. Todo lo anterior, nos arroja un saldo de 3 mil, 593 millones, 537 mil, 649.25 pesos de nueva deuda.

Así es, sí Pitágoras no miente, reestructurar 10 mil 906 millones, 032 mil, 319.18 pesos, tendría un costo para los michoacanos de 3 mil, 593 millones, 537 mil, 649.25 pesos, que equivale al 32.94 % de la deuda a refinanciar. ¿Será negocio?

Resulta que al analizar detenidamente el contrato de bursatilización firmado por el gobierno de LÁZARO CÁRDENAS BATEL, establece en una de sus cláusulas, que solo a partir de la vigésima primera fecha de pago, es decir el 31 de enero del 2018, el fideicomitente –el gobierno estatal- tendrá derecho de instruir al Emisor para que pague anticipadamente la totalidad del Saldo Insoluto de la presente emisión…

En esa tesitura, resulta claro que el pago anticipado del crédito denominado “Bursatilización”, solo podría pagarse anticipadamente hasta el 31 de enero del 2018, de manera que no se entiende por qué el gobierno estatal plantea ese pago adelantado.

El anterior análisis aritmético, nos dice que va a ser muy complicada la autorización del congreso, pues de entrada se presume que si habrá nueva deuda pública y que la reestructuración de la actual, por sus costos, no va a resolver nada de nuestra crisis, al contrario, puede aumentar la deuda pública actual.