Refinanciamiento y presupuesto, nudo gordiano en el Congreso (Columna «Bajo la Lupa»)

Dos temas de interés están en la cancha del congreso del estado, uno que inevitablemente deberán resolver antes de que termine el año, es el presupuesto de egresos y la ley de ingresos para el gobierno del estado y por otro lado, la iniciativa de decreto en el que se establecería la autorización al gobierno del estado para que contrate nuevos créditos, para pagar totalmente algunos de los que ya se tiene de largo plazo, a esta autorización de llaman “refinanciamiento” y es particularmente para cuatro de esos créditos.

El monto señalado, es por la cantidad de 6 mil 750 millones, 722 mil, 519.30 pesos, más un nuevo crédito por el 2%, es decir, 135 millones, 014 mil 450.38 pesos, de la cantidad a refinanciar, los que se destinarían a la constitución de fondos de reserva y pago de primas, comisiones, coberturas y otros gastos generados por el diseño e instrumentación de los financiamientos o incurridos por la liquidación de los créditos a refinanciar, siempre y cuando su pago con cargo al financiamiento esté permitido por las disposiciones aplicables, incluidos los generados por la contratación de garantías de pago oportuno autorizadas en el artículo segundo siguiente.

Lo señalado en el párrafo anterior, está estipulado literalmente en el artículo Primero del decreto que se está solicitando aprobar por la 73 legislatura. Así las cosas, la siguiente tabla nos indica cuales son los créditos que se está solicitando se autorice a su refinanciamiento: (VER IMÁGENES)

En esa tesitura y de acuerdo al análisis realizado por el CEMIDE, es posible, sí, es posible buscar mejores tasa de interés en algunos créditos, pero no en todos, pues es claro que en los contratados con BANOBRAS, es casi imposible lograr disminuir esas tasas de interés, sin embargo, sucede lo contrario con los créditos de INTERACCIONES y MULTIVA, cuyas tasas son susceptibles de ser mejoradas a favor del gobierno estatal.

En el caso del crédito cuya garantía es el impuesto del 2% sobre la nómina cuyo saldo al 30 de septiembre del presente año, es de 4 mil, 155 millones, 309 mil, 802.10 pesos, me parece que sería muy costoso el contrato de crédito, crédito que por cierto se firmó en Unidades de Inversión, conocidas como UDIS, pues legisladores de ese tiempo consultados, nos informan que dicho crédito por disposición contractual es imposible tocarlo, sino hasta el año 2018 y que pretender rescindirlo en este momento, sería muy costoso por las penalidades que implicaría, de ahí la importancia de conocer a detalle los términos en que se firmó el contrato de crédito.

Además también en este crédito que se pretende refinanciar, se le pide autorización al congreso para contratar un crédito nuevo por 83 millones, 106 mil, 196.04 pesos, que es el 2% del total del crédito, cuyo destino al igual que los anteriores, sería para pagar los costos de primas por prepago, los costos de rompimiento de garantía de pago oportuno y cualquier otro gasto o erogación que se genere.

Llama poderosamente la atención el tercer párrafo del inciso b), de la fracción V del artículo Quinto del proyecto de decreto, el que a la letra dice:

“Adicionalmente se autoriza al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración a contratar, en su caso, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Sociedad nacional de Crédito, Institución de Banca de desarrollo, o con cualquier otra institución financiera de nacionalidad mexicana, una garantía de pago oportuno u operación similar, por un monto equivalente hasta del 30% (Treinta por ciento) del monto total del financiamiento a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, la cual será constitutiva de deuda pública”

Mediante un boletín de prensa, los diputados integrantes de la fracción parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que encabeza la legisladora Adriana Hernández Íñiguez, solicitaron al titular del poder ejecutivo información que consideraron vital para poder entrar de lleno al estudio de la iniciativa de refinanciamiento enviada por el gobernador al legislativo, dicha información consiste en lo siguiente:

1. Contratos de los créditos que se pretenden reestructurar. 2. Detalle de las condiciones de tasa y pago. 3. Detalle de las condiciones de eventos de incumplimiento de créditos vigentes. 4. Prospecto y condiciones del Certificado Bursátil. 5. Propuestas de contratos, borradores donde se expliciten los créditos, tasas, condiciones de pago, especificando los recursos que se utilizarán para pago de cada crédito. 6. Desglose en Excel de gastos realizados por pago de servicio de deuda, de 2010 al 2016. 7. Especificar por escrito, qué harán con el dinero de las reservas de pago de créditos y certificados bursátiles que se cancelarán. 8. Detalle del crédito de $ 3,600’000,000.00 (tres mil seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.), autorizados en diciembre pasado, con qué institución financiera se contrajo, condiciones de pago establecidos y garantías de pago, plazo y en qué rubros se ejerció. 9. Monto del adeudo total a proveedores a diciembre de 2016. 10. Detalle de garantías que se pretenden contratar. 11. Detalle de la empresa que dará la consultoría o asesoría para el proceso de reestructura, con detalle de su experiencia financiera y costo de sus honorarios. 12. Detalle claro de las estrategias para instrumentar la recaudación y en cuánto incrementarán las mismas

Es evidente que reunir esa información contribuirá a que el estudio y posible aprobación del decreto de autorización para el refinanciamiento de la deuda pública, se retardará hasta finales del mes de enero del próximo año.

Categórico y sin dobleces, el gobernador del estado SILVANO AUREOLES CONEJO, dijo en conferencia de prensa, que advierte interés de negocio en legisladores que se resisten a reestructurar la deuda.

Sin dudarlo, dijo que respetará los tiempos que se tomen los diputados para emitir el dictamen respectivo, sin embargo advirtió, que percibe la intención de algunos legisladores de buscar hacer negocio, -no lo dijo pero se entendió, que quieren vender su voto- otros que solo buscan notoriedad y publicidad, como también otros que buscan poner “algunas condiciones” como posiciones administrativas o la asignación de ciertas obras. Sería interesante que el titular del ejecutivo estatal, dijera a quién en particular se refiere o diera los nombres de esos diputados que han dejado entrever que quieren negociar su voto.

Al hacerse públicas las anteriores declaraciones del titular del ejecutivo estatal, los diputados priistas reaccionaron de inmediato, solicitando la información anotada en párrafos anteriores.

Este escribidor pudo saber en los pasillos de palacio legislativo, que el diputado del partido Movimiento Ciudadano DANIEL MONCADA estaba fungiendo como “cabildero” con algunos diputados del PRI, a quienes al parecer, invitó a una visita a Casa de Gobierno con el objeto de conocer más respecto al decreto, sin embargo, otros legisladores trascendieron la especie, que a lo que iban los diputados “invitados” por MONCADA, era para “negociar” el voto, de ahí la reacción de SILVANO AUREOLES.

Pues resulta que al diputado federal panista MARKO CORTÉS MENDOZA le están saliendo entuertos de corrupción, pues el Director General de Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados RICARDO IBARROLA ESTRADA, a quien se le atribuye parentesco político con el diputado federal y coordinador de la bancada del PAN en la cámara de diputados, pues al parecer es familiar directo de la esposa del legislador la señora MARISOL TORRES IBARROLA, quien manipuló una licitación para adjudicar los servicios de telefonía e internet de la cámara de diputados, la que según denuncia de TELMEX, adjudicó a pesar de tener un sobre precio de 33 millones 438 mil pesos.

De acuerdo con una denuncia hecha por TELMEX ante el Órgano Interno de Control de la Cámara, las irregularidades en la licitación del servicio telefónico e internet, consistieron en que habiendo presentado una oferta de 84 millones 912 mil pesos por dos años de servicio, más garantías de seguridad, el contrato fue adjudicado a AXTEL que cotizó 118 millones 350 mil pesos.

El apoderado legal del TELMEX argumentó que durante 25 años su empresa ofreció el mismo servicio al recinto legislativo y que incluso en junio pasado, -antes de que IBARROLA asumiera el cargo- la licitación fue declarada desierta, pues ninguno de los participantes, salvo TELMEX cumplió con los requerimientos técnicos.

En el segundo proceso licitatorio, se benefició a AXTEL, pese a que su propuesta era superior en un 40.5%.

Entre las facultades de RICARDO IBARROLA ESTRADA entre otras como funcionario de la Cámara de Diputados, es dictaminar sobre la contratación, adquisición, instalación, operación y mantenimiento de los equipos de procesamiento electrónico de datos y de los servicios de comunicación de voz, datos e imágenes y su llegada a la Dirección General de Tecnologías de la Información, se debió al impulso que le dio el diputado MARKO CORTÉS.