Propuso que el recurso que se recabe podría ser utilizado para impulsar programas sociales o invertirlos en obras e infraestructura en los rubros donde existan más carencias.
Torres Piña recordó que la existencia de vehículos ilegales es un problema que lleva varios años en el país y que tiene su origen en la migración, por lo que Michoacán, al ser uno de los tres estados con más migrantes en Estados Unidos, siempre ha padecido esta situación.
«La mayoría de estos vehículos son el patrimonio de sus familias y en muchos casos son su principal herramienta de trabajo».
Enfatizó que están conscientes de que los decretos que se han aplicado en México en torno a la legalización de los «autos chocolate» son para reducir su importación y ayudar a que la industria automotriz en México siga obteniendo ganancias, sin embargo el 80 por ciento de estas unidades son propiedad de campesinos y necesitan ser legalizadas».
Por eso, destacó Torres Piña, la propuesta esta dirigida a la legalización de los vehículos que ya ingresaron al estado y no tiene el objetivo de incentivar la importación futura.
Situación que reiteró traería muchos beneficios económicos, sociales y de seguridad que impulsarían el desarrollo no sólo en el estado sino en todo el país, concluyó Torres Piña.