Toño Soto traiciona a Silvano (Columna «Bajo la Lupa»)

El calificativo de “incómodo del gabinete” de SILVANO AUREOLES, se lo lleva sin duda el secretario de desarrollo económico, ANTONIO SOTO SÁNCHEZ, por múltiples razones, algunas inherentes a su personalidad y formación política y otras gracias a su nula experiencia en la actividad económica y rudo trato con los generadores de riqueza de la entidad.

El secretario SOTO ha sido formado desde su éxodo del PRI hacia el PRD, de la mano de CRISTOBAL ÁRIAS, en escenarios de oposición donde su actividad siempre ha sido la de ataque, debate, descalificación, critica al sistema y golpeteo desde sus múltiples participaciones en el poder legislativo.

En esta escuela el incómodo SEDECO, nunca aprendió a reconocer ni a agradecer al ejecutivo federal, a hacer equipo en la pluralidad, a ceder espacios, a reconocer puntos de vista distintos y mucho menos a controlar su exagerado protagonismo y lengua rápida, que lo han llevado inclusive a tener importantes roces ya con su jefe, el Gobernador de Michoacán.

No cuenta con el aprecio de los liderazgos empresariales, y con algunos ha tenido importantes y públicas diferencias al punto que el propio Silvano ha tenido que mediar para calmar los ánimos entre ellos.

Es igualmente pública y sonada la distancia que ha tomado con su contraparte federal, el delegado de economía, SALVADOR ABUD, a tal grado que parece que compitieran entre ellos, más que se coordinaran o hicieran un verdadero equipo.

Cada quien tiene y lleva su agenda y no han logrado encontrar los justos equilibrios, a pesar de que prácticamente todo el recurso con el que se mueve la secretaria estatal, proviene de los fondos federales que contiene la secretaria de economía del gobierno priista de PEÑA NIETO, a quien TOÑO SOTO se resiste en agradecer y reconocer públicamente.

Es comentada entre los empresarios la corrupción descarada con la que se conduce ANTONIO SOTO. Se dice que no hubo proyecto apoyado este año, en donde no hubiera pedido al menos el famoso “diezmo”, aunque se rumora que en casos llego a solicitar hasta el 30% de los montos otorgados o bien dadivas especie como lo son las acciones directas de las empresas a apoyar.

En la última entrega de apoyos a “fondo perdido”, se contaron entre los beneficiados, con empresarios afines al PRD o recomendados por algún integrante distinguido de ese partido. Gente con compromisos creados en campaña o a quien se debía favores políticos o económicos. Esto ante la mirada o complaciente o ingenua del “delegadito” ABUD.

En la última noticia que cacareó con bombo y platillo el gobierno del estado, en donde se da a conocer la reapertura de una empresa multinacional en Morelia, se conoce que el gobierno de AUREOLES CONEJO, a través de SOTO SÁNCHEZ, otorgó sendos beneficios fiscales a General Electric para que reabriera las puertas de la otrora Alstom.

La verdadera historia es que no existe un solo centavo adicional de inversión extranjera y de los 500 empleos que se generaban antes del cierre, ahora solo quedaran una veintena. Es decir esta famosa reapertura es solo un ardid publicitario para colgarse las medallas de un logro pírrico que no representa ni las migajas de lo que fue hace algunos años. Es una más de las fantochadas de SOTO SÁNCHEZ.

En este asunto de General Electric, se hace necesario que el gobernador del estado mande a su cuerpo de asesores a revisar –con lupa- el «convenio» que recientemente se firmara con esa empresa, pues a la luz de su redacción, se perciben sendas violaciones a la ley, pues de ese documento se desprende la condonación o el subsidio del Impuesto del 2% a la nómina por un monto de $1,646,705.20, durante los años 2017 y 2018, como «incentivos para consolidar la inversión», así mismo, dentro de esos «incentivos» se encuentra la condonación de $643,078.00 por concepto de impuesto predial y otros $728,832.00 por concepto de «capacitación», para un total de «incentivos» de $3,018,615.20 a esa empresa.

En este asunto de los «incentivos» comprometidos por ANTONIO SOTO a la empresa General Electric, se perciben algunas violaciones graves a la ley, pues no es facultad del ejecutivo estatal el «condonar» impuestos, la ley solo le faculta para condonar multas y recargos, en todo caso, tendría que tener la autorización del congreso del estado, para que por medio de un «subsidio» como en el caso del impuesto sobre la Tenencia y Uso de Automóviles o bien, que se establezca en la Ley de Ingresos del Estado dicha «condonación».

Por otra parte, el impuesto predial es una facultad exclusiva del municipio de Morelia y solo con la autorización del congreso lo podría hacer PONCHO en caso que haya aceptado otorgar dicho «incentivo» o bien, puede hacerlo el municipio vía subsidio y en lugar de que pague la empresa, lo paga el municipio de sus recursos, como ya lo hizo una vez, solo que habría un problema, por que lo haría para una sola persona, en este caso moral y violaría el principio constitucional de «equidad» y «proporcionalidad», a más de también necesitar de la aprobación del Cabildo Municipal, que sí bien es cierto que mayoritariamente es servil a PONCHO, tiene sus opositores que podrían evitar dicha autorización.

La Suprema Corte de Justicia de la nación, ha definido a la equidad de la siguiente manera: «El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado».

Lo que no ocurre, pues solo se da ese tratamiento de exención a un solo causante, en este caso a General Electric, dándose la posibilidad de que otros ciudadanos reclamen el mismo trato por la vía judicial.

Con relación al «incentivo» denominado «Impuesto del 2% a la nómina», habrá que señalar al respecto, que dicho impuesto es intocable, en razón de que está constreñido a ser «garantía» de un crédito contratado por el gobierno de LÁZARO CÁRDENAS BATEL, de manera que los bancos acreedores podrían ejercer acciones jurídicas en contra de la acción gubernamental de otorgar «incentivos» condonando este impuesto, que la garantí de pago de un crédito ya ejercido por el gobierno estatal.

Trascendió que en una comida entre empresarios y el secretario de gobierno ADRIAN LÓPEZ SOLIS, se atacó sin miramientos a SOTO SÁNCHEZ, como un perfecto simulador, protagónico y personalista. Inclusive se sugirió su relevo del gabinete.

Les digo que donde quiera se cuecen habas. Resulta que hace unas semanas, el LIC. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VERA, fue designado Presidente del tribunal de Conciliación y Arbitraje, por su amplia experiencia en materia labora, según se dijo en ese momento, sin embargo, el designado no advirtió a quien lo nombró, que por su actividad profesional patrocinaba a varias personas en juicios de carácter laboral que se ventilaban en el tribunal del que ahora es presidente, juicios que curiosamente se han resuelto favorablemente a los trabajadores, con laudos que condenan a los demandados a pagar cuantiosas «indemnizaciones».

Dentro de los casos que el presidente del tribunal defendía y que ya se resolvieron, destacan los expedientes laborales número 897/2012 de la trabajadora ROSA DEL CARMEN GARCÍA ROBLEDO contra el Congreso del Estado, condenando a éste último a pagar una indemnización de $971,972.37 pesos y el número 198/2013 de la trabajadora IVETT KARINA CAMPOS VARGAS contra el Congreso del Estado, condenando a éste último a pagar una indemnización de $923, 469.35 pesos.

Es larga la lista de patrocinados por RODRIGUEZ VERA que ahora por pura «casualidad» han ganado sus respectivos juicios, con cantidades muy generosas por concepto de indemnización, sin embargo, habrá que apuntar que quienes litigan dichos juicios, son abogados que trabajan y han trabajado en el despacho del ahora presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Sin duda alguna, es evidente el «conflicto de interés» que enfrenta el abogado LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VERA, pues en los casos que se anotan, ha fungido como juez y parte, pero además, favoreciendo a los abogados que trabajan para él en su despacho, cayendo en una violación a la ley. Sabrán lo anterior en Casa de Gobierno? O es otra de tantas que le hacen al titular del ejecutivo?