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Morelia, Mich., 13 de noviembre del 2016.- El erradicar y combatir la discriminación en Michoacán es una prioridad para los integrantes del Congreso del Estado y este lunes en reunión de comisión de Justicia, se revisará el dictamen que posteriormente se turnará al pleno, afirmó la diputada Nalleli Pedraza Huerta.
La diputada local recordó que ella presentó al pleno de la LXXIII Legislatura, una propuesta de proyecto de decreto que modifica tres fracciones del artículo 179 del Código Penal del Estado y reconoció el compromiso de las y los legisladores para cerrar filas para garantizar el respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, señaló las coincidencias para garantizar de manera efectiva el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que en particular pueden ser susceptibles de actitudes discriminatorias, vía el discurso de odio, el inacceso a servicios o la vejación y exclusión, lo cual por supuesto contraviene las máximas establecidas en el artículo primero de la Carta Magna.
Hizo mención, que el Estado Mexicano ha realizado diversos esfuerzos con la comunidad internacional en materia de derechos humanos, sobre la premisa de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
“Se reconoce que los derechos esenciales del hombre no son exclusivos de los nacionales de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la que se justifica su protección internacional, a través de instrumentos de naturaleza convencional”.
Reconoció el compromiso del gobernador Silvano Aureoles, quien dio impulso al olvidado Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, no obstante, se requiere de la colaboración de todas y todos, por lo que llamó a cerrar filas en ese sentido.
La discriminación en sus diferentes modos, son preocupantes y es por ello, que resulta necesario afinar las hipótesis que se plantean en la norma vigente en nuestro Estado.
La propuesta que presentó al pleno, explicó que tiene como objetivo facilitar el encuadre entre el hecho punible y la norma abstracta. Esta consideración deviene de la obligación de garantizar de manera efectiva el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que en particular pueden ser susceptibles de actitudes discriminatorias, vía el discurso de odio, el inacceso a servicios o la vejación y exclusión, lo cual por supuesto contraviene las máximas establecidas en el artículo primero de la Carta Magna.
“Esta intervención legislativa tiene como objetivo que la interpretación de la norma sea indubitable y certera, y que tenga como consecuencia, que los grupos vulnerados por esta circunstancias, puedan llevar a cabo con mayor amplitud y certidumbre la defensa de sus derechos humanos”.
Por lo anterior, celebró que ya en comisiones se vaya dictaminar al respecto, ya que con ello se contribuye a combatir y erradicar la discriminación en todas sus formas en Michoacán.
