Columna Política «La Opción», Por Jorge Vichez pella (12-X.16).- Sin duda, el conflicto que mantiene el Movimiento de Aspirantes Rechazados y la Coordinadora de Universitarios en Lucha ya denota una grave contaminación.
No solo hay agentes internos que impiden que el problema sea resuelto, también ya entraron a la escena otros entes, como los normalistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y comuneros.
¿Qué tienen que hacer en las instalaciones de la Universidad Michoacana integrantes de esos grupos sociales, algunos de cuyos integrantes son propensos a demandar solución a los problemas por la vía de la violencia y la destrucción?
Se podría entender los gestos de solidaridad hacia el Movimiento de Aspirantes Rechazados, pero no que ellos ya formen parte del movimiento que tiene hoy paralizadas las labores en Ciudad Universitaria y otras dependencias de la Casa de Estudios.
A ello súmese la insistente afirmación del líder del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), Gaudencio Anaya Sánchez, de que “sí hay espacios en la Casa de Estudios para permitir el ingreso de los aspirantes rechazados”.
Pero, también, el dirigente sindical, preocupado más por el futuro de los jóvenes rechazados que por defender los derechos de los profesores sindicalizados, presiona para que los maestros universitarios no ofrezcan clases en edificios alternos; a Gaudencio Anaya no le preocupa que miles de estudiantes no reciban cátedras.
En contraparte, en un mensaje dirigido a alumnos jefes de grupos de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Odontología, el rector Medardo Serna González ha hecho un llamado a la no violencia y a la confianza.
Por otro lado, el rector universitario demandó enérgicamente a que los moradores nicoilaitas que permitieron el ingreso a su Universidad de personas ajenas a ella, como los normalistas de Tiripetío, les soliciten a éstos que se retiren, “puesto que ni las autoridades universitarias ni los alumnos nicolaitas han tomado parte de manera histórica en los procesos propios de las escuelas normales en el Estado”.
La autoridad universitaria ha reiterado que los 759 lugares solicitados por los moradores de 4 casas del estudiante, de las 31 existentes, no se otorgarán de la forma en que lo solicita el Movimiento de Aspirantes y Rechazados: “bajo presión y sin el debido proceso de ingreso, al cual tiene derecho a determinar la Casa de Hidalgo, como institución autónoma”.
Es evidente que el movimiento se ha ido contaminando poco a poco. Fuerzas externas e internas prefieren que el conflicto no se resuelva. Y si se resuelve, que sea bajo sus condiciones.
Mientras tanto, al decir de la autoridad universitaria, la Procuraduría de Justicia del Estado concluye hoy la etapa conciliatoria de las partes que observa el Nuevo Sistema de Justicia Penal, para uno de los grupos y luego de ésta, proceden otras acciones que determinará la autoridad en las que se cuidan los derechos humanos de los indiciados.
Al tiempo.
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