CDMX, 18 de agosto del 2016.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que 22 de los 42 civiles muertos en mayo 2015 en un rancho ubicado entre Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, fueron ejecutados extrajudicial o arbitrariamente con “uso excesivo de la fuerza”.
Al presentar los resultados de la investigación relacionada con los hechos sucedidos en “Rancho del Sol”, el ombudsman nacional, Luis Raúl González, reveló que se registraron violaciones a los derechos humanos a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia.
Estas violaciones son atribuibles a la Policía Federal (PF), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJM), por la manipulación de evidencias, actos de tortura y uso excesivo de la fuerza.
El organismo detalló que en “Rancho del Sol” una persona fue carbonizada, otra murió atropellada y 40 fallecieron por impactos de bala; sin embargo, no se acreditó el supuesto enfrentamiento entre estos civiles y elementos de la Policía Federal. Incluso se informó que había personas dormidas cuando inició el operativo de la PF.
Ismael Eslava, primer visitador general, dio a conocer que al menos 13 personas fueron ejecutadas por la espalda por los policías federales, quienes además movieron tres cadáveres del lugar original de su deceso, manipularon elementos balísticos y sembraron armas a 11 cuerpos.
En cinco casos, quien hizo las ejecuciones se encontraba en plano superior, es decir, hizo los disparos desde el helicóptero de la PF.
Señaló a peritos y funcionarios del Servicio Médico Forense de Morelia por atentar contra la dignidad de los cadáveres, así como a la PGJM y la PGR por el desaseo en las investigaciones y las necropsias irregulares practicadas a los cadáveres.
En el caso de la persona carbonizada, detalló: “El dictamen de la necropsia de la PGJEM señaló que el cuerpo estaba calcinado y a pese de ello, se estableció como causa de muerte choque hipovolémico derivado de las hemorragias que sufrió la víctima con motivo de las lesiones por arma de fuego”.
Debido a la presencia de hollín en la tráquea del cadáver, expertos de la CNDH determinaron que la persona estaba viva en el momento en que se le prendió fuego.
“Este organismo no se opone, ni busca inhibir las acciones que las autoridades lleven a cabo para garantizar la justicia, ni rechaza el empleo de la fuerza en defensa de la integridad física de los cuerpos policiales, circunstancia que no los exime del respeto a los derechos humanos“, comentó Luis Raúl González.
Por último, el titular de la CNDH dijo que presentarán una denuncia penal y administrativa contra los mandos que estuvieron a cargo del operativo y todos aquellos funcionarios que tuvieron conocimiento de las irregularidades cometidas en el mismo; no obstante, evitó señalar directamente a Monte Alejandro Rubido, ex comisionado Nacional de Seguridad.