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CDMX, 04 de agosto del 2016 (El Economista.com).- El pleno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó a la autoridad hacer el uso racional de la fuerza pública para restablecer el orden en el conflicto magisterial, que mantiene en jaque a la actividad económica de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.
Juan Pablo Castañón, presidente de la máxima cúpula empresarial, dijo que la petición, desde las grandes empresas hasta microempresas de puestos de mercado, es que exista “¡ya!” la acción del Estado mexicano para trabajar, puesto que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva casi tres meses de bloqueos y enfrentamientos.
“La fuerza pública tiene que emplearse siempre para poner orden, con todo el uso profesional, pero también en defensa de los derechos humanos del resto de las personas. Es lo que demandamos”, sentenció.
Abundó en que, “si la fuerza pública se decide combinar con inteligencia y negociaciones, también que se usen todas las herramientas que tenga el Estado, pero la actividad económica educativa y la vida diaria deben restablecerse. Así que todos los que hayan robado deben castigarse”.
Desde la percepción de los empresarios, el diálogo entre los dirigentes sindicales y las autoridades para resolver la reforma educativa debe continuar, pero no a costa de los bloqueos, robos o saqueos que impiden el desarrollo de la actividad económica.
“No pretendemos que haya una resolución parcial y que las protestas broten de nuevo en dos años, pero tampoco debemos permitir que estemos atrapados en las negociaciones políticas”, expresó Juan Pablo Castañón en entrevista posterior al aniversario 142 de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la Ciudad de México.
Humberto Lozano, presidente de la Canaco, insistió en el uso razonable, pero determinado, de la fuerza pública, pues ya suman pérdidas millonarias de empresas afectadas por un grupo “que busca intereses mezquinos y cree estar por encima de la ley”.
Castañón agregó que el CCE apoya tanto la demanda colectiva contra la CNTE como la acción concertada de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en contra del Ejecutivo y gobiernos estatales.
Industria frena inversiones
Horas antes, los industriales del país anunciaron el freno de inversiones por un monto de 50,000 millones de pesos —entre nacionales y extranjeras— al cumplirse 83 días desde el inicio de los bloqueos de la CNTE en distintas vías de comunicación y espacios públicos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México.
Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que se perdieron ya 40,000 empleos en sectores afectados, como el automotriz, agroalimentario, naviero, vivienda, alta tecnología y metalmecánico, debido a que no existen condiciones ni seguridad jurídica para operar en los lugares de trabajo.
“El gobierno tiene la obligación de restablecer el orden y es urgente el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la tranquilidad y que se garantice que las personas realicen sus actividades de manera armónica”, advirtió el líder de los industriales en conferencia de prensa.
El sector fabril de México pugnó a los tres niveles de gobierno a tomar acciones contundentes e inmediatas que pongan un alto a este tipo de circunstancias, porque las tomas de calles y carreteras por los opositores a la reforma educativa representan un freno de la actividad económica de las cadenas productivas, las empresas y el traslado de mercancías.
La industria estima la afectación económica superior a los 10,000 millones de pesos hasta este momento. Tan sólo la industria de lácteos evaluó un impacto en 300 millones de pesos por las pérdidas de ventas ante la imposibilidad de distribuir en el sureste del país, especialmente en el estado de Oaxaca.
Este sector, dijo, enfrentó los bloqueos en la frontera sur de Chiapas que mantuvieron más de 150 tráileres con productos lácteos sin movimiento. El costo del flete aumentó 20% debido a las largas estadías y pago de dobles operadores por temas de seguridad.
En otro ejemplo, en Michoacán se ha impedido el tránsito por ferrocarril de productos automotrices con un valor aproximado de 450 millones de pesos. Esto ha obligado a utilizar madrinas para llegar a Lázaro Cárdenas, lo que eleva los costos de transportación.
“Demanda de la Coparmex sentará precedente”
La demanda de amparo interpuesta este martes por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) contra las autoridades del Estado mexicano, por “los actos y las omisiones de cara a las acciones violentas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”, pondrá a prueba el nuevo andamiaje jurídico de la Ley de Amparo y abrirá la posibilidad de que un juez dicte mecanismos de política pública, opinó Guillermo Zepeda Lecuona, director de Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho AC.
El sector patronal de México invocó el amparo de la justicia federal, y radicó una demanda en el Juzgado Décimo Primero en materia administrativa, del Poder Judicial de la Federación, alegando la violación de derechos colectivos de empresarios y ciudadanos, por actos de omisión de autoridades estatales y federales y ante su “evidente falta de capacidad para restablecer el orden en los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la ciudad de México, ante los bloqueos y manifestaciones de la CNTE” que, de acuerdo con la parte quejosa, han afectado la libertad de tránsito, el derecho al trabajo y a la educación y a la libertad económica.
Ante esta acción judicial, Zepeda Lecuona, manifestó que la demanda de la Coparmex es legítima y se inscribe en la nueva Ley de Amparo que, a partir del 2013, incorpora los derechos difusos y establece que la autoridad puede cometer actos violatorios de los derechos humanos por omisión o al no ser garante de ellos.
Detalló que, en su momento, “el juez tendrá que dar una resolución que pondrá a prueba el nuevo andamiaje jurídico, y podría ser innovadora en materia de política pública. Es decir, el juez tendrá que hacer un ejercicio de ponderación, y resolver que se garantice el derecho a la libre manifestación sin afectar los derechos de los demandantes, o podrá dictar acciones que podrían traducirse en actos de política pública que, de no cumplirse, las autoridades responsables caerían en desacato”. (Con información de J. Francisco de Anda)
