Columna «Bajo la Lupa»: ¡Estado Fallido!

Las siguientes anotaciones, de ninguna manera tienen por objeto pretender dar una clase de teoría del estado ni nada por el estilo, sino poner en contexto lo que está sucediendo en nuestro país.

Según Max Weber, los estado fallidos, son aquellos que se muestran incapaces de mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

Uno de los elementos fundamentales del denominado “Pacto Social”, es que los integrantes de una sociedad depositan su confianza para que un ente los gobierne, ente que asume la responsabilidad de otorgar a los gobernados derechos y obligaciones, pero también asume sus propias obligaciones y entre estas, las de otorgar seguridad, alimentación, educación, salud, etc., a sus gobernados.

Para lograr los equilibrios sociales y el cumplimiento de las leyes que rigen a esa sociedad, dispone del uso legítimo de la fuerza.

En términos jurídicos y sociales, un Estado es la forma y organización de la sociedad, de su gobierno y al establecimiento de normas de convivencia humana; es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una Ley, con el fin de alcanzar el bien común.

El Estado es una maquinaria mediante la cual se hace efectivo el poder político; y el gobierno es quien, en una primera aproximación, detenta ese poder, ya que está constituido por el conjunto de personas que manejan dicha maquinaria.

En términos muy simples, el estado lo integran el territorio, la población y el gobierno, quienes se otorgan mutuamente obligaciones entre sí. La población se deja gobernar y en contrapartida recibe los llamados derechos fundamentales o humanos, como ya se dijo, el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad, etc.

Hoy, el estado mexicano está sumido en una verdadera crisis, pues su gobierno se muestra incapaz de otorgar a sus ciudadanos lo derechos que se señalan en la ley. Hoy, el estado y su gobierno no son capaces de garantizar el derecho a la educación, pues ésta se haya empantanada en una severa crisis de identidad.

Tampoco es capaz de garantizar el derecho a la propiedad privada, pues aparte del aumento de los delitos patrimoniales que atentan directamente sobre la propiedad privada, ahora enfrenta un grupo de presión denominado Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en defensa de sus intereses, tiene al estado y su gobierno postrado, de rodillas, ante la incapacidad para generar la condiciones de equilibrio entre los dos bandos en disputa.

La CNTE como grupo de presión, independientemente de su condición gremial, logró detectar que el “talón de Aquiles” del gobierno, es atacar la propiedad privada, destacando la propiedad de los grande empresarios e inversionistas del país y como “daño colateral” perjudicando a los que menos tienen. Más que tomar las armas para lograr el éxito de su movimiento reivindicador, la estrategia de atacar los medios de producción privados, ha sido más efectivo y menos riesgosos.

Utilizando las estrategias de los llamados “Bolcheviques”, la victimización inmediata ante una reacción del estado usando la fuerza pública legítima, ha logrado hasta ahorita, el apoyo de un significativo sector social del país y fuera de él, bueno, hasta de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, lo que ha maniatado al gobierno para hacer uso legítimo de la fuerza, para estar en condiciones de cumplir con su obligación de proteger los derechos de sus gobernados.

Hoy, después de leer en los medios de comunicación, las declaraciones del gobernador del estado SILVANO AUREOLES CONEJO ante un grupo de dirigentes empresariales, que no podía hacer absolutamente nada en contra de este grupo de presión llamado CNTE, por instrucciones de la secretaría de gobernación, pues era necesario ser “tolerantes” con ellos para dar paso a los “arreglos” en las mesas de negociación que se celebran con los maestros.

La misma instrucción recibida por el gobernador de Michoacán, la han recibido los gobernadores de otros estados del país, en el sentido de no tocar con la fuerza del estado a los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Lo anterior, refleja de manera indubitable una gran debilidad del gobierno de la república, pero también una gran ineficiencia para resolver problemas sociales. Hoy, el gobierno de la república está prácticamente de rodillas ante un grupo de presión que solo significan menos del 1% de la población nacional.

La militancia de la CNTE no supera los 300 mil miembros de un gremio de 1 millón 900 mil trabajadores, es decir, el 15.7% de los trabajadores de la educación. Más aún, para que nos demos una idea de lo fallido del gobierno de la república, según el último recuento del INEGI, hay en el país 125 millones de habitantes, de manera que los militantes de la CNTE que son 300 mil aproximadamente, significan solo el 0.24% de esa población.

En esa tesitura, resulta que ese 0.24% de la población nacional, tiene de rodillas a un gobierno que representa a 125 millones de mexicanos. Es el colmo de la ineficiencia, es un gobierno fallido.

Las reformas estructurales ejecutadas por el estado mexicano en los últimos años, se han transformado en reformas fallidas, la energética, no ha logrado contener el incremento a los precios de los combustibles; la política se ha encontrado con un muro que es la corrupción de la llamada clase política y la educativa, hasta el día de hoy, ha fracasado.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha logrado en las “mesas de negociación” que se efectúan en la secretaría de gobernación, que se libere a sus dirigentes, aquellos que se encontraban presos por la presunta responsabilidad de cometer delitos graves.

En estos mismos días en que se celebran tales “mesas de negociación”, los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y la Ciudad de México, han recibido la “instrucción” de dejar sin efecto los despidos de profesores, dejar sin efecto los descuentos a aquellos profesores que faltaron a su trabajo y finalmente, dejar sin efecto la bancarización de los pagos del salario de los trabajadores de la educación.

Hasta el día de hoy, la CNTE va ganando en su lucha y el gobierno está perdiendo, al no lograr consolidar y aplicar la reforma educativa.

En una alianza hasta genética, los “estudiantes” de las normales rurales del país, particularmente las de los estado de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, se han solidarizado en la lucha de la Coordinadora nacional de Trabajadores de la Educación, solo que con un objetivo central diferente, que es lograr las llamadas “plazas automáticas”, es decir, que todo aquel inscrito en esas escuelas normales, al término de sus “estudios” se le otorgue una plaza laboral como docente, a más de alguna conquistas accesorias, como aumentar la matricula en esas escuelas, aumentar los montos de las becas y en fin, dinero y más dinero.

En otra entrega hice algunas consideraciones sobre algunos hechos narrados por la autoridad ministerial y por el propio jefe del ejecutivo estatal, que desde mi muy particular punto de vista, son inverosímiles y carecen de toda lógica criminal.

Ahora, ya a disposición de un juez de control los presuntos responsables, hay más claridad en el llamado pliego de consignación y toma más relevancia lo comentado, pues hay un elemento nuevo de juicio.

Resulta que en su declaración de inocencia, el presidente municipal de Álvaro Obregón JUAN CARLOS ARREYGUE NÚÑEZ dijo ante el juez de control, que el día de los hechos, es decir, el día en que “levantaron” y ejecutaron a las ahora víctimas, no se encontraba en el lugar de los hechos y que tenía los testimonios necesarios para probar su dicho.

Del caudal de violaciones al procedimiento y a lo que ahora se denomina, la garantía del debido proceso, se desprende la gran posibilidad de que los ahora acusados o por lo menos JUAN CARLOS ARREYGUE NÚÑEZ, logre su libertad, pues la rapidez con que se integró la Carpeta de Investigación, la que sustentó la acusación básicamente en el testimonio de algunas personas, las que según dicen los abogados de los inculpados, no resistirán los interrogatorios respectivos, pues la gran mayoría son testigos de oídas.

Así las cosas, que grave y ridículo sería para el gobierno del estado de Michoacán, que este asunto se les cayera por deficiencias en la integración de la famosa carpeta de investigación y por flagrantes violaciones al debido proceso, pues de entrada, hay testimonios de que en el caso de ARREYGUE NÚÑEZ, éste fue detenido en su domicilio particular a la 1:30 de la madrugada del lunes 01 de agosto y puesto a disposición del juez de control, hasta las 22 horas de ese mismo día, aunque la fiscalía afirma que obtuvo de la “orden de aprehensión”, existe un término de 15 horas en que el ahora inculpado estuvo detenido e incomunicado y sin la asistencia de un abogado, elementos que presumen que sí el juez de control se comporta con dignidad y honradez, lo dejará en libertad.

Hasta el propio secretario de seguridad pública del estado coincide con este escribidor, que después de lo sucedido en el municipio de Álvaro Obregón, donde al parecer la policía municipal que forma parte de la Policía Estatal y de lo que han denominado “Mando Único o Unificado”, se coludió para que al servicio de algún grupo delincuencial, ejecutarán a un grupo de 10 personas, eran circunstancias suficientes para “replantear el modelo de operación del Mando Único, para cerrar el paso a actuaciones policiales al margen de la ley. Resaltó que el caso Álvaro Obregón, obliga a ser mucho más drásticos en la supervisión de quienes están al frente de las policías municipales y en general de los efectivos policiacos.

En su periplo mediático, el secretario JOSÉ ANTONIO BERNAL BUSTAMANTE, afirmó que a raíz de este caso, se replanteará también el funcionamiento del Centro de Control y Confianza Policial, pues sin decirlo con esas palabras, acepto de facto que tanto el Mando Único como en Centro de Control y Confianza están a la orilla del fracaso, pues los elementos policiacos del municipio de Álvaro Obregón, fueron certificados por ese centro de control y confianza, por lo que formaban parte de la Policía Michoacán.