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Morelia, Mich., 12 de julio del 2016. El Ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, reiteró su postura en torno a la liberación de José Manuel Mireles Valverde, al considerar que la omisión y dilación en el caso se suman al cúmulo de violaciones a los derechos humanos de que está plagado este proceso.
Enterado de que la defensa del ex líder de las autodefensas promovió una modificación de la medida cautelar de prisión preventiva ante el Juez Quinto de Distrito, basada en la protección y respeto de los derechos humanos de libertad personal y presunción de inocencia; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), espera que la decisión del juez sea favorable y Mireles Valverde pueda continuar el proceso en libertad.
El titular de la CEDH calificó como “absurdo” el que se mantenga preso a José Manuel Mireles por portación de arma de fuego, cuando está acreditado que fueron las propias autoridades quienes autorizaron el uso de éstas; pues ante los embates de la delincuencia los llamados “autodefensas” se vieron obligados a actuar por su propia cuenta para defender su vida, la de sus familiares y de sus comunidades.
Es de mencionar que este organismo presentó un Amicus Curie ante el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito del Poder Judicial de la Federación en el que se menciona que los grupos de autodefensa hicieron en su momento, el trabajo que correspondía al Estado, ante los secuestros, asesinatos, cobro de cuotas y derecho de piso; el despojo de bienes a sus legítimos propietarios, la violación de mujeres; todo ante la incapacidad dolosa y negligente de las autoridades.
Se destaca que la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, regularizó a los autodefensas, con quienes establecían estrategias policiales e “iban de la mano” en los operativos de persecución de los criminales que azotaban la zona de la Tierra Caliente de Michoacán.
El titular de la CEDH reitera su llamado respetuoso para que se considere el contexto de violencia en Michoacán, pues si el apelante portaba arma de fuego, es evidente que la usaba para salvar su propia vida y la de otros.
