Columna «Bajo la Lupa»: Asociaciones Público Privadas, Buen Negocio

Columna «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (24-VI-16)
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, BUEN NEGOCIO
Recuerdo cuando en el gobierno municipal de FAUSTO VALLEJO Y FIGUEROA se puso de moda el famosísimo FIPE, (Fideicomiso para Inversiones Estratégicas) del ayuntamiento de Morelia, pues la mayoría de los proyectos a desarrollar por la administración municipal, sobre todo los que implicaban grandes inversiones, se canalizaban por este fideicomiso y en ese tiempo me inquietó, de manera que anduve preguntando ese por qué y por fin alguien me dijo: “muy simple mi amigo, para no tener que licitar la obras y también para no tener que pedirle al congreso permiso para contraer deuda”, sin embargo, con el tiempo los diputados se dieron cuenta de este tipo de maniobras e incluyeron a los fideicomisos, como figuras jurídicas obligadas y ya están considerados en la ley de deuda pública, logrando con esto, que ya no se utilizaran para violar la ley.

LAS APP, NUEVA FORMA DE BURLAR LA LEY
Las asociaciones público privadas, se han convertido en moda, pues es una excelente simulación de créditos y compromisos a largo plazo contraídos por los órganos gubernamentales. Igual pasa con los ya famosos “arrendamientos financieros puros”, que en esencia son lo mismo. Ambas figuras son similares, solo con la diferencia de que en las APP el que paga la renta al término del contrato se queda con lo rentado y en el caso del AFP, el que renta se puede quedar con lo que rentó, siempre y cuando pague un precio denominado “remanente”, pero en ambos casos, la autoridad que los promueve no tiene la obligación de pedirle permiso al congreso, a pesar de ser un crédito disfrazado, porque al final de cuentas es una obligación de pago a largo plazo.

LA APP DE PONCHO MARTÍNEZ
El flamante presidente municipal “independiente” que anda que se las pela de cómo hacer buenos negocios, ahora se inventó contratar la construcción de lo que denomina Ciudad Administrativa, mediante la figura de una APP, con un costo total para los morelianos de la friolera de 338 millones, 869 mil, 150 pesos, a pagar como si fuera renta en 25 años. Firmar un contrato mediante esta figura de la asociación pública privada, es en esencia, una obligación para el gobierno municipal durante 25 años, lo que es lo mismo, PONCHO dejará endeudado al municipio de Morelia durante 23 años, descontando el que casi lleva, más el tiempo de construcción del inmueble.

¿INVERSIONISTA O INTERMEDIARIO FINANCIERO?
La siguiente gráfica, demuestra con simpleza, que el llamado “inversionista” no es más que un vil intermediario que pedirá dinero prestado para construir y el ayuntamiento le dará para pagarlo. Claro lo anterior es el truco para eludir tener que pedirle permiso al congreso para contratar deuda, además de burlar la Ley de deuda Pública del Estado y los Municipios. En el proyecto de PONCHO, se establece con claridad el origen de los recursos y son de un crédito que pedirá “el llamado “inversionista”, pero todos los costos financieros, intereses, seguros, fianzas, bueno hasta la asesoría jurídica para hacer el contrato, así como la supervisión externa de la obra, factores que se contemplan en dicho crédito y varios más, los pagará el pueblo de Morelia
(ver gráfica)

45 MILLONES DE “GASTOS VARIOS”
En la gráfica siguiente, podemos ver con suma claridad, que el famoso “inversionista” hará, -según él- una serie de gastos que pueden resultar descabellados, solo es cuestión que usted estimado lector los analice con sentido común. Por ejemplo, sí el “inversionista” va a ser también el constructor de la obra o la va a sub contratar, lo correcto es que sea el ayuntamiento a través de la Secretaría de Obras Públicas o como se llame ahora, la encargada de hacer la supervisión “externa”, pues de esta manera se podrían ahorrar 5.58 millones de pesos, que es el costo de la “supervisión externa”, pero además se aseguraría de que la obra sería hecha con la calidad contratada y no sucedería lo que en la Calzada Juárez, donde el constructor metió material de malísima calidad.
(ver gráfica)

UNA VACILADA DE CONTRATO
El proyecto de contrato que el municipio, es decir, quien lo represente legalmente firmará con el denominado “inversionista” es una verdadera vacilada y solo para muestra, le transcribo literalmente las siguientes cláusulas:
6.7. Obligación Ambiental. El Inversionista Proveedor tiene la obligación de cumplir en todo momento con todos los requerimientos legales y reglamentarios, ya sean federales, estatales y municipales que en materia de protección al medio ambiente resulten aplicables y vigentes, durante la construcción de las Edificaciones, así como durante toda la vigencia de este Contrato.
6.7.1. El Municipio a la vez tendrá la obligación de realizar todos los trámites y gestiones correspondientes para obtener todos los permisos, Autorizaciones o licencias en materia ambiental V uso de suelo que se requieran para la construcción de las Edificaciones. Particularmente la relacionada a la elaboración y solicitud de autorización de la manifestación de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental respectivo, ante la autoridad federal, estatal o municipal competente en materia ambiental, según corresponda.
6.7.2. Las Partes acuerdan que el Municipio podrá solicitar al Inversionista Proveedor cualquier documentación o información de carácter ambiental que sea requerida para obtener los permisos o Autorizaciones en materia de protección al ambiente necesarios para la construcción de las Edificaciones y el Inversionista Proveedor se compromete a entregar tal documentación e información en caso de contar con la misma en sus archivos.

¿EL AYUNTAMIENTO O EL INVERSIONISTA?
Así es, la pregunta surge porque al adminicular las cláusulas 6.7 y 6.7.1, se desprende que ambos contratantes asumen la misma obligación, pues sí en la cláusula 6.7 se establece la obligación del “inversionista” de “en todo momento con todos los requerimientos legales y reglamentarios, federales, estatales y municipales que en materia de protección al medio ambiente” y por su parte, el ayuntamiento en la siguiente cláusula, se obliga a realizar ¡TODOS! los trámites en materia ambiental, incluyendo el estudio de impacto ambiental, requisito indispensable para la autorización de dicha construcción. La pregunta es: ¿Entonces de quién es la obligación? Bueno, pues así como lo anteriormente anotado y comentado, está redactado el proyecto de contrato, que se supone sería parte del costo denominado “Honorarios Profesionales por la Estructuración Jurídica, Técnica y Financiera” cuyo costo los morelianos pagaríamos 500 mil pesos.

17.5 MILLONES PARA UN ESTACIONAMIENTO
En el detalle de lo que pretende construir la autoridad municipal “independiente”, se establece la construcción de un “estacionamiento” con un costo de 17.5 millones de pesos. Dicho estacionamiento se construirá sobre una superficie de 11 700 metros cuadrados para 390 cajones, empero, según el proyecto de PONCHO, esta Ciudad Administrativa concentraría a un estimado de 2435 ciudadanos demandantes de servicios municipales ¡Al mes!, para ello, también se concentrarán las oficinas municipales en donde trabajan 1260 empleados. Así las cosas, nuevamente se dará el fenómeno de que el pueblo paga la construcción de un estacionamiento para nuestros empleados, mientras el ciudadano seguirá pagando “estacionamiento” en los al derredores, tal como sucedió cuando se construyó el complejo Manantiales. Ahora bien, el proyecto establece que de los 390 cajones del estacionamiento, 90 serán para uso exclusivo de los funcionarios públicos municipales y 300 a disposición del público, estimando un ingreso de más de 9 millones de pesos al año, solo que considera el uso diario del 35% de la capacidad y por 365 días, lo cual es prácticamente imposible, pues no considera 52 sábados y 52 domingos que tiene el año. En síntesis, el estacionamiento cuya construcción pagaremos los morelianos, sí lo queremos utilizar, lo deberemos pagar nuevamente, a 10 pesos la hora, un costo que obligaría a la gran mayoría a seguir pagando “el franelero” o el riesgo de estacionarse en las calles aledañas, generando las consabidas molestias s los vecinos de la zona. (Ver gráfica)

MÁS 865 MILLONES SU COSTO REAL
Según la corrida financiera que en el proyecto se establece, el municipio de Morelia se obligaría a pagar una anualidad de 34 millones, 614 mil, 759.88 pesos, en mensualidades de 2 millones, 884 mil, 563.32 pesos, de manera que lo que pagaríamos en total, sería la cantidad de 865 millones, 368 mil, 997 pesos, cuando como ya se vio, el costo real de la construcción será de solo el 25.83% de lo que se pagará en esos 25 años, es decir, 223 millones, 550 mil pesos.

CRISIS DE MOVILIDAD
En esta columna ya lo hemos expresado, la construcción de Ciudad Administrativa en el actualmente denominado Complejo Administrativo Municipal Manantiales, agudizará la crítica movilidad que existe en la zona, pues en ella confluyen los alumnos, profesores y directivos de la Universidad Latina de América, cuya constante en promedio es de más de mil personas diarias, con un porcentaje de más de 50% que se mueven en vehículos particulares y el resto utiliza el transporte público. El Complejo Municipal Manantiales tiene un flujo de personas en la actualidad de más de mil personas diarias entre ciudadanos y empleados municipales, los que se mueven mayoritariamente en el transporte público. Así las cosas, en la actualidad existe un serio y crítico problema de movilidad por el exceso de tráfico vehicular, pero además, resulta que dicho complejo administrativo solo tiene dos calles de acceso, una que procede el libramiento poniente y otro que proviene de la Avenida Madero, siendo relativamente angostas, sobre todo, porque tienen “estacionamiento” en ambas aceras, lo que hace muy complicada la movilidad y sí a lo anterior le agrega 1260 empleados más y un tanto más de ciudadanos, el caos será inevitable y las molestias a los vecinos se multiplicarán.

EPÍLOGO

Para desgracia de los ciudadanos, los gobernantes no aceptan realizar obras por etapas, pues no estarían en condiciones de “presumir” y explotar políticamente “su obra”. Sí el independiente de PONCHO MARTÍNEZ fuera inteligente y nada egoísta, planearía la construcción de Ciudad Administrativa a 5 años, con una inversión anual de 50 millones de pesos, que sin problema podría absorber el presupuesto municipal, pues en la actualidad está dispuesto a pagar más de 34 millones de pesos de renta, porque no hacerlo por mutuo propio y así el municipio de Morelia, los morelianos, nos ahorraríamos pagar 641 millones 818 mil 997 pesos que se llevará una bola de cabrones. Eso, sí es ahorrar, lo demás son latrocinios.