Columna «Bajo la Lupa»: ¡Renuncia Manlio al PRI!

Si en la mayoría de los sectores políticos, la derrota tiene su costo, en el PRI no es la excepción, más bien la regla. La tarde noche de este lunes 20 de junio, MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, leyó un documento en conferencia de prensa en la que anunció su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, con carácter irrevocable. Inició con un recuento de los resultados electorales para expresar que es necesario un receso en su camino político y agregó que cree es la hora de que un nuevo perfil conduzca la renovación que el PRI necesita. Al término de la lectura del documento, hasta ese momento el todavía presidente del tricolor encabezó la IV Sesión Ordinaria de la Comisión Política Permanente, la que habrá de determinar el camino a seguir. Destacó la ausencia del Presidente de la república ENRIQUE PEÑA NIETO quien es parte de esa Comisión Política, quien desde los Pinos, reconoció la labor al frente de ese partido de BELTRONES RIVERA.

Para que veamos cómo es la dinámica política y que la clase política entienda a pié juntillas, que nada es para siempre. Con la renuncia de MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA a la presidencia del CEN del PRI, en Michoacán el primer gran damnificado lo será el ex gobernador FAUSTO VALLEJO Y FIGUEROA quien bajo el amparo de su compadre BELTRONES anda en campaña tratando de resucitar políticamente, sin embargo, la ausencia de esta protección, le debiera llamar a la reflexión y a la prudencia, de que su destino se definió cuando renunció a la gubernatura del estado, Llegue quien llegue a la presidencia del CEN del PRI, desde luego que no verá con buenos ojos la actividad política de VALLEJO, que más que aportar al tricolor, es un lastre.

En su dinámica de protagonismo político, como chivo en cristalería, el director del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán, JUAN CARLOS BARRAGÁN VELEZ, organizó un “curso de capacitación” de tres días sobre periodismo gráfico (fotografía), corrección de estilo y administración de páginas Web, sin embargo, aunque BARRAGÁN dijo que hubo convocatoria pública desde el 7 de junio, lo cierto es, dicen comunicadores uruapenses, que solo invitó a algunos medios, que terminaron en el registro de 20 participantes, empero, solo asistieron 9 trabajadores de la comunicación y que la poca respuesta se debió a los sectario de la invitación. Por otra parte, comunicadores de la Perla del Cupatitzio señalaron que el curso carece de novedades, que es muy simple y sin contenidos interesantes. En fin, una payasada más del señor BARRAGÁN y su cursitis.

Los diputados integrantes de la 73 legislatura al congreso del estado, están revisando CON LUPA, el proyecto de construcción de la ya famosa Ciudad Administrativa, pues sienten que hay muchas opacidades en el proyecto presentado por la administración independiente, pero más que esa opacidad, hay circunstancias que se deben de reflexionar profundamente antes de dar autorización a dicho proyecto, pues la edificación proyectada en la zona de Manantiales, vislumbra un problemática compleja de movilidad, la que tanto dice procurar el alcalde capitalino, pues el conjunto manantiales en la actualidad sufre cotidianamente de conflictos viales, pues solo cuenta con dos accesos, uno por la Avenida Madero, muy complicada por el distribuidor vial que se construyó en la salida a Quiroga y la otra por el libramiento que cruza por varias unidades habitacionales. Con el tránsito que generan los empleados municipales, los ciudadanos que ocurren por servicios municipales a esas oficinas a más de los estudiantes y maestros de la Universidad latina, PONCHO MARTÍNEZ pretende trasladar a ese complejo municipal, todas las demás oficinas del ayuntamiento, excepto turismo y un par más. ¿Se imagina usted el caos vehicular? Como que a PONCHO no le saben aconsejar bien y todo lo que está planteando su administración, tiene muchos peros.

La aplicación retroactiva de una ley, aplica cuando es en beneficio del ciudadano, es simplemente un derecho humano. En ese tenor, la puesta en vigencia en todo el país en días pasados del nuevo sistema de justicia penal, permitirá que muchísimos inculpados procesados y no sentenciados aun por el sistema tradicional penal, puedan obtener su libertad de manera inmediata, según cálculos gubernamentales se habla de 50 mil encarcelados en la república mexicana. El decreto aprobado por el senado de la república, establece con claridad en su artículo 5º transitorio, que estos procesados podrán solicitar al juez de la causa, una revisión al auto de prisión preventiva o de las medidas privativas de la libertad personal.

El catálogo de delitos que a quien los cometa podría gozar de la libertad provisional, son entre otros, a quien cometa el delito de fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos, portación de armas, lavado de dinero, todos los delitos cometidos por servidores públicos con motivo del ejercicio del servicio público, como el peculado, cohecho, el robo (ordeña) de combustible, el robo simple no violento. Los acusados de la presunta comisión de los delitos antes señalados, podrían optar por solicitar al juez la libertad bajo de fianza, la prohibición de salir de algún lugar o del país, el arraigo domiciliario y hasta la utilización de brazaletes de localización satelital. Los procesados podrán tener acceso a estos beneficios del nuevo sistema de justicia penal, con solo tramitarlos antes el juez que lleve su causa, siendo innecesario la tramitación de juicios de amparo.

Los beneficios que otorga la puesta en vigor el nuevo sistema de justicia penal, han propiciado que grupos defensores de las víctimas pongan el grito en el cielo, pues los consideran muy laxos, sin embargo, habría que apuntar que también existe en la reforma, una larga lista de delitos en los que el procesado no tendría el beneficio de la libertad provisional, como los de delincuencia organizada, secuestro, violación, homicidio doloso en todas sus modalidades –feminicidios, infanticidio, etc.-, trata de personas, en fin todos aquellos considerados graves, en que la sola vinculación a proceso determina prisión para el imputado.