Columna «Bajo la Lupa»: Multan a 21 funcionarios públicos

Verdaderamente aplaudible que el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ITAIMICH, haya aplicado una sanción de 250 salarios mínimos, equivalente a 18 mil 250 pesos aproximadamente a los titulares de 10 municipios del estado de Michoacán, que son Aguililla, Cherán, Chucándiro, Contepec, Jiquilpan, Nocupétaro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro y Yurécuaro; así mismo una sanción de 100 salarios mínimos, equivalente a 7 mil 300 pesos, a 11 titulares de dependencias y municipios, tales como La Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y los titulares de los ayuntamientos de Buena Vista Tomatlan, Charapan, Chilchota, Coahuayana, Jungapeo, Numarán, Penjamillo, San Lucas, Taretan y Tepalcatepec, de igual manera, el ITAIMICH impuso la sanción de “amonestación pública” a los titulares de Almacenes, Servicios y Transportes Extraordinarios a Comunidades Agropecuarias del Estado de Michoacán, a la Universidad Politécnica de Uruapan, al Partido Movimiento de regeneración Nacional, al Partido Acción Nacional, al Partido Encuentro Social y a los a titulares de los municipios de Angamacutiro, Charo, Chavinda, Churintzio, Churumuco, Gabriel Zamora, Huaniqueo, Jacona, Maravatío, Morelos y Múgica.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, señala con claridad literal, en el artículo 23 Fracción XIV, que los sujetos obligados deben: Artículo 23. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV.- Rendir al Instituto su Informe Anual; y,… Pues resulta que los sancionados con multas económicas, se hicieron acreedores a ellas por no rendir el informe anual que señala el dispositivo legal señalado y en otros casos, en donde están los partidos políticos MORENA, PAN y PES, que solo mediante un procedimiento administrativo, fueron obligados a entregar el informe de transparencia y como solo así cumplieron, se hicieron acreedores a una amonestación pública, que en términos coloquiales, los ubica como partidos oscuros o intransparentes.

La verdad que lo dudo. Por supuesto que las multas en numerario, fueron impuestas a los titulares de las instituciones, pues ellos fueron los responsables de violar la ley al no cumplir con lo que ésta dispone en materia de transparencia y me parece que tanto el propio ITAIMICH, la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas y Administración o la mismísima Auditoria Superior del Estado, deberían de cerciorarse de que los titulares de dichas instituciones paguen de su bolsillo las multas impuestas, pues con toda seguridad las pagarán del erario público.

Es increíble que las autoridades del gobierno del estado no aprovechen las bondades de usar las tecnologías de la información. Este escribidor posee un vehículo con placas del estado de Yucatán y al vencerse la vigencia de la tarjeta de circulación y teniendo la obligación de pagar el refrendo anual para poder circular, acceso a la página de internet del gobierno yucateco y se encontró con la modalidad de pagar el refrendo por la vía bancaria y la entrega tanto del recibo oficial correspondiente como de la nueva tarjeta de circulación, por la vía del correo certificado, pagando desde luego, el costo del envío por el servicio de paquetería certificada. En pocas palabras, pagué el refrendo en el banco y la Secretaría de Finanzas del Estado de Yucatán, me mandó por paquetería a mi domicilio en Morelia, de los documentos. Sin más trámite que eso. ¿Qué es tan difícil que nuestras autoridades en el estado hagan lo mismo? Se evitarían colas para el trámite y sería, como lo es, un servicio que la ciudadanía agradecería. Igual debería suceder con muchos trámites, como lo fuera la ahora famosa declaración patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría, donde estos últimos días se hacen colas interminables de funcionarios y trabajadores del estado, obligados a presentarla y que duran hasta un día completo para hacer un trámite tan simple.

A finales del mes de Marzo de este año,, el gobierno del estado que encabeza SILVANO AUREOLES CONEJO, invitó a medios de comunicación a Casa de Gobierno, con el objeto de escuchar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, quien en su intervención, entre otras cosas dijo que de 2014 a 2015 la incidencia delictiva en Michoacán disminuyó en un 12.6%, al reducirse de 35 mil 369 a 30 mil 898 el número de delitos registrados en el año, dicha cifra, expresó, representa la más baja en incidencia delictiva durante los últimos 10 años en la entidad, además de que reveló que el 80% de los delitos denunciados el año pasado no estuvieron relacionados con la delincuencia organizada. En ese sentido, el secretario ejecutivo del SNSP también aseguró que Michoacán está por arriba de la media nacional en cuanto a la disminución de incidencia delictiva, ya que las cifras nacionales a la baja en el número de delitos fue de 5.6%, mientras que en el estado fue de 12.6%. Por su parte el titular del ejecutivo, señaló que todo era cuestión de percepción, pues aunque las cosas han mejorado, la sociedad no lo percibe así, sin embargo…

Los números son crueles y desbaratan teorías, en el caso de Michoacán, el comparativo de los homicidios durante los primeros 6 meses de la administración de SILVANO AUREOLES CONEJO, contra los primeros 6 meses del gobierno de FAUSTO VALLEJO Y FIGUEROA, es alarmante, pues mientras en el gobierno de VALLEJO se cometieron 354 homicidios dolosos, en el de SILVANO se han cometido 477, es decir, un 34% más en comparación con el gobierno de VALLEJO, de ahí la pregunta, sí el asunto es de percepción o es realidad. Por otro lado, sí son cárteles nuevos o viejos, o son los remanentes de los cárteles viejos, el hecho real es que nuestro estado está sumido en una dinámica violenta con la comisión de delitos con un alto impacto, aunque los medios de comunicación no hagan apología del delito, la violencia con la que se cometen, genera por sí mismo el alto impacto.

Este martes o miércoles, se hará la sustitución del Sub Secretario de Prevención y Reinserción Social JORGE ALEJANDRO MONTIEL VILLA, quien dejará el cargo en manos de un militar que –dicen- es muy amigo de CARLOS GÓMEZ ARRIETA, quien según mis fuentes, ya empieza a mandar en toda la secretaría de seguridad pública estatal, pues me aseguran, que en el primer enroque que haga el gobernador SILVANO AUREOLES, está contemplado entregar la titularidad de la SSP estatal a GÓMEZ ARRIETA, se ahí que ya empieza a mover sus fichas al interior de la secretaría. Movimiento extraño, pues MONTIEL VILLA ha logrado tener en calma a las cárceles del estado y la llegada de un militar al mando de las cárceles, infiere que se puede descomponer lo construido y una posible oleada de motines en las cárceles, no sería rara, pues lo militares son muy especiales como para relacionarse con los civiles. Démosle tiempo al tiempo, sobre todo, porque con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no es el perfil de un militar el adecuado, sino debería privilegiarse el perfil de un abogado, pero en fin…