Columna «Bajo la Lupa»: La Estulticia de Poncho y su Equipo

Para que vean que alud de críticas al presidente municipal independiente no son por animadversión personal o política, sino el resultado de su manera de actuar, sin sensibilidad política, sin cordura, sin sentido común y carentes de razonamiento lógico. Resulta que a propuesta de la diputada local YARABÍ ÁVILA GONZALEZ, el pleno del congreso aprobó por mayoría un punto de acuerdo para exhortar al presidente municipal ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR, para que en el ámbito de sus facultades, desista de implementar el programa de movilidad vehicular, también conocido como las fotomultas, pues los legisladores consideraron que dicha acción del gobierno municipal, de consolidarse, sería violatoria de los derechos humanos de los ciudadanos morelianos.

La reacción del edil moreliano no se hizo esperar y de inmediato salió a los medios a decir que respeta el punto de vista de los legisladores al congreso del estado, sin embargo, considera que ese criterio o forma de pensar de los diputados, se debe a que les falta información sobre las bondades del proyecto de movilidad urbana y anunció que en estos días se reuniría con ellos a efecto de informarles con detalle, en qué consiste tal proyecto y los beneficios que traerá a la comuna moreliana.

Mientras el edil moreliano intentaba por su lado “informar” a los diputados de los detalles del programa de la fotomultas, su secretario de Innovación y Efectividad Gubernamental, ANTONIO PLAZA URBINA, haciendo más caso a su carácter irascible y a su petulancia, pero además en franco desacuerdo con su patrón el presidente municipal, ANTONIO, EL PATO PLAZA se le fue con todo a la diputada priista YARABÍ ÁVILA GONZALEZ, a quien calificó de “infantil e ignorante” y le espetó una cátedra de las bondades del programa de movilidad, reiterando la ignorancia de la diputada priista y sus pares legislativos, que con su voto aprobaron el exhorto.

De elemental principio político, es entender que los municipios del estado, tiene una franca y legal dependencia del poder legislativo estatal y que pelearse con los diputados, tiene un alto costo político, pero además un alto costo la ciudadanía del municipio, de ahí que las relaciones de los presidentes municipales con los diputados al congreso del estado, siempre es tersa, amigable y a veces, hasta zalamera, pues los diputados autorizan créditos, autorizan la ley de ingresos municipales, el presupuesto de egresos de los ayuntamientos y en el presupuesto estatal, tienen la facultad de etiquetar dinero para obras diversas en esos municipios. A pesar de lo anterior, ANTONIO PLAZA URBINA, secretario de Innovación y Efectividad Gubernamental del ayuntamiento de Morelia, saca su espada y se pone a insultar a los legisladores, cuando por otra parte, el municipio de Morelia y sus cabilderos, están negociando el “apoyo” del congreso para echar a andar el proyecto de ciudad administrativa, un crédito con Banobras de 700 millones de pesos y en unos meses, será el congreso quien apruebe las tarifas del agua potable, la ley de ingresos municipal y el presupuesto de egresos. ¿Le autorizarán a PONCHO lo anterior, después de los insultos de su secretario PLAZA?

A pesar de las prisas del presidente municipal ALFONSO MARTÍNEZ para echar andar el proyecto de movilidad o fotomultas, el proceso se está complicando más de lo previsto por esa estulticia que caracteriza al edil moreliano, porque aparte del proceso de licitación y sus accesorios, enfrente tendrá un verdadero obstáculo y este se llama: “Base de datos de Control Vehicular”. En efecto, para que el programa de las fotomultas opere con efectividad, requiere que el gobierno del estado, a través de la secretaría de finanzas y administración, le proporcione la base de datos que corresponde al control vehicular del estado, pues para poder implementar la cobranza de las multas, debe de conocer el nombre del propietario del vehículo infraccionado así como su domicilio, en donde deberá ser notificada la infracción cometida y también en caso de no pagar dicha sanción, tener el domicilio del infractor para poder realizar el procedimiento de ejecución.

Para poder consolidar su proyecto de movilidad o también conocidas como fotomultas, el gobierno municipal de Morelia necesita de la colaboración fundamental del gobierno del estado, para que éste, acceda a que el municipio moreliano pueda utilizar su base de datos del padrón vehicular que maneja la secretaría de finanzas, para lo que se ocupa la firma de un “convenio” entre ambas entidades gubernamentales, pero… ¿Qué tanto puede confiar el gobierno del estado en las autoridades municipales? El padrón vehicular es un asunto de seguridad pública, pues la base de datos, entre otras cosas contiene la información personalísima de cada uno de los propietarios de vehículos en el estado, más de 2 millones de cédulas informativas que contienen el nombre, el domicilio, su identificación oficial y la marca del vehículo o vehículos de su propiedad, información que en manos de la delincuencia sería fatal. ¿Es confiable la autoridad municipal y/o la empresa contratada para levantar las fotomultas? El gobernador del estado SILVANO AUREOLES CONEJO deberá meditar profundamente este asunto y no a la ligera, dar acceso a la base de datos del padrón vehicular.

Ya que hablamos de vehículos, interesante y porque no, atinada la propuesta de punto de acuerdo, del diputado presidente de la mesa directiva del congreso del estado RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA, a efecto de exhortar al gobernador del estado, con el objeto de que instruya a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Finanzas y Administración, para que se instrumente el procedimiento para la expedición de constancias en las que se asiente que un vehículo revisado por agentes de la policía ministerial especializado en vehículos robados, no tiene reporte de robo y que sus números de identificación vehicular, los conocidos VIN, no han sido alterados o modificados. Por otra parte, a que se establezca la obligación de presentar dicha constancia como requisito para realizar cualquier cambio de propietario.

Las últimas modificaciones al Código Penal, en lo que se refiere al delito de robo de autos, ya desapareció la “compra de buena fe”, con lo que compradores de vehículos robados, no eran sujetos de acción penal. Ahora, el código penal, establece la obligación del comprador de cualquier automotor, de cerciorarse lo suficientemente que el vehículo que adquiere, no tiene reporte de robo y que no están alterados sus números de identificación vehicular, pues quien adquiera un auto que resulte robado, aun teniendo los papeles que acrediten su propiedad legítima, podrán ser procesados por un delito grave y sin derecho a fianza como lo es el robo de vehículo, por no tener constancia de que el auto era de origen legítimo. Esa es la importancia de un detalle tan simple, pero vital en materia de seguridad, lo propuesto por el diputado ARREOLA ORTEGA, pues el ciudadano estará seguro de no ir a la cárcel, al presentar la constancia expedida por la procuraduría de justicia, aun cuando posteriormente saliera con reporte de robo, el vehículo adquirido. A lo anterior se le denomina “seguridad Jurídica”.

Uta, como me friegan que solo critico y que cuando hacen algo bien, me quedo callado. Siempre he afirmado que los políticos pagan fortunas del erario público, a muchísimos medios de comunicación para que les aplaudan lo que hacen y en esta columna cumplimos el papel de criticones, sin embargo, en una entrega pasada, pedimos y/o exigimos a la clase política, su apoyo a los productores de mezcal michoacanos para que la aprobación de la Norma Mexicana Número NOM199SCFI-2015, no afecte a los productores locales, pues dicha norma establece que los productores no certificados de origen, no podrán poner en sus etiquetas la palabra “MEZCAL”, sino que estarían obligados a poner el nombre de “KOMIL”, pues bien…

A la mejor no fue la única o único diputado que los apoyó, pero lo que me consta es que la coordinadora parlamentaria de los diputados del PRI hizo las gestiones necesarias para que el gobierno del estado a través de la secretaría de finanzas apoyara a los mezcaleros michoacanos con recursos cercanos a los 3 millones de pesos, para lograr su certificación de origen y así no verse afectados por la norma mexicana y bueno, le apuntamos pues una palomita a la diputada HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ por sus gestiones de apoyo a los mezcaleros.

Pues resulta que a raíz de la entrega de ayer relativa a la designación del magistrado del tribunal de justicia administrativa por el congreso del estado, algún comedido, de esos espontáneos que sobran, me hizo llegar por correo electrónico una copia de la resolución emitida por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Michoacán, la que en base a los dispuesto por el artículo 47 Fracción II de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se le impuso a la ciudadana CONSUELO MURO URISTA una AMONESTACIÓN por conductas desplegadas en el desempeño de su encargo como titular de la Secretaría de la Mujer, resolución que fue debidamente impugnada ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Habrá que reconocer, ahora ya que conocemos la resolución impuesta a la abogada nicolaita CONSUELO MURO URISTA por la contraloría y que consiste en una simple amonestación, que tal sanción no la inhibe de aspirar y ser nombrada por el congreso del estado, como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, pues los requisitos que establece la constitución, no contemplan la amonestación como impedimento para ser designada y en lo personal, me parece que la amonestación no afecta su buena fama pública, a más que la propia sancionada ha procedido a impugnar tal amonestación por los cauces legales.

Efectivamente, este jueves 12 de mayo, en el transcurso de la mañana, JESÚS REYNA GARCÍA ex gobernador del estado, fue trasladado del Cefereso del Altiplano, en el Estado de México, al Cereso David Franco Rodríguez, mejor conocido como mil cumbres. No está Usted para saberlo ni yo para contárselo, pero en este traslado tuvo mucho que ver, el presidente de la comisión estatal de derechos humanos del estado VICTOR MANUEL SERRATO, quien operó lo necesario para que dicho traslado se diera en los mejores términos. Ya le platicaré.