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Columna «Sendero Político», Por José Cruz Delgado (25-IV-16).- Entre un 20 y un 91 por ciento han disminuido las denuncias por delitos de alto impacto -secuestros y extorsiones- en el actual gobierno de Silvano Aureoles Conejo con respecto a las de sus tres antecesores. Sólo hay un incremento en cuanto a las de homicidios dolosos.
Para tal medición se tomaron en cuenta los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), correspondientes para el caso de la actual administración michoacana, sus primeros seis meses, los cuales corren de octubre de 2015 cuando entró en funciones, a marzo pasado, últimas cifras oficiales. También el semestre inicial de los anteriores jefes del Poder Ejecutivo estatal.
Es en las extorsiones donde se refleja la mayor reducción. Durante el periodo citado de Aureoles Conejo se iniciaron apenas 16 averiguaciones previas por ese ilícito, que tuvieron su tope en los primeros seis meses de la gestión de Fausto Vallejo Figueroa, con 178, de ahí la baja de 91 puntos porcentuales. Para el lapso vallejista, quien tomó protesta del cargo el 15 de febrero de 2012, las estadísticas abarcaron todo ese mes y hasta julio siguiente.
Mientras que con Jesús Reyna García, cuyo lapso para el reporte semestral es de abril a septiembre de 2013, cuando sustituyó de manera interina a Fausto Vallejo, se dieron 112 quejas ante ministerios públicos por el referido delito, y con Salvador Jara Guerrero, que arrancó el 20 de junio de 2014, se midieron ese mes completo, prolongándose a noviembre del mismo año, donde hubo 51, para el segundo menor de los cuatro.
Respecto a secuestros, en la vigente gestión se registraron 14 denuncias, contra 97 en la de Reyna García, la más alta, que significa un descenso de 82.56 por ciento. Pero si se compara a la de Vallejo Figueroa, donde alcanzaron 69, es de 48.71 por ciento. Igual la del ex rector de la Universidad Michoacana fue la segunda, al tener 21.
Únicamente en los homicidios, el de Aureoles Conejo reportó la mayor cantidad de indagatorias iniciadas en su semestre. Sumaron 477, contrario a la de Fausto Vallejo, que alcanzó 354; es decir, aquí se dio un aumento de 34.74 por ciento entre ambas administraciones.
En este ilícito de alto impacto, conocido también como ejecuciones generalmente atribuidas al crimen organizado, durante el periodo correspondiente de Jesús Reyna la contabilidad fue de 437, y en la de Jara Guerrero 412.
De igual manera, en la estadística del SESNSP se incluyó el robo de vehículos. La menor ocurrió con Silvano Aureoles y 2 mil 541 demandas, un 20 por ciento menos a las 3 mil 173 durante el periodo fautista, la más alta. En tanto, 3 mil 050 en la etapa de Reyna y 2 mil 998 en la del hoy Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.
Lo anterior da cuenta de que la estrategia federal, iniciada en 2014, rinde frutos cuando menos en esos delitos de alto impacto, máxime tras el desmantelamiento del grupo delincuencial ‘Los Caballeros Templarios’. El actual gobernador implementa el Mando Único en los municipios, que permitirán tener una sola policía en la entidad.
Cabe anotar que Reyna García se encuentra desde 2014 recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Altiplano, bajo acusaciones de vínculos a la delincuencia organizada. Sin embargo, hay rumores de su eventual traslado al Cereso “Lic. David Franco Rodríguez” o Mil Cumbres, de Charo, Michoacán.
En el centro de Morelia se reunieron mujeres para manifestar su inconformidad por la violencia y el machismo contra este género, al igual que las movilizaciones que se han realizado en el territorio nacional, la capital michoacana se unió a la petición del respeto y la equidad.
Con un aproximado mayor a 300 personas mujeres, activistas, y personas que solidarias con la causa se reunieron en la zona aledaña a la antigua central camionera para partir a la plaza Juárez, esto como trayecto de la marcha en la cual por medio de pancartas, lecturas y dramatizaciones se hizo saber las peticiones e inconformidades con respecto a la violencia de género y el machismo.
Los 6 colectivos que participaron, realizaron la promoción del hashtag #VivasNosQueremos y se coordinaron por medio de las redes sociales. Es así como en la capital michoacana, también se exige un alto al abuso contra la mujer y al feminicidio.
Bajo la premisa de crear canales de atención y garantizar la atención y acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en lo que va del año ha brindado atención a más de mil 500 mujeres a través de los diferentes programas de apoyo y contacto que lleva a cabo en varios puntos de la entidad.
La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Araceli Palomares Miranda, destacó que en cumplimiento a las instrucciones del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, y del titular de la PGJE, José Martín Godoy Castro, se ha establecido una estrategia integral para dar atención y seguimiento a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia a efecto de que puedan vivir de manera diferente y que les genere mejores condiciones de vida.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), que encabeza Fabiola Alanís Sámano, respalda el movimiento “Vivas nos queremos”, dado que es absolutamente inadmisible cualquier tipo de violencia ejercida contra cualquier mujer.
“Detrás de un caso de violencia que se comete contra una mujer, hay una historia de vida pero también una parte del tejido social que se rompe y que nos emplaza a reconstruirlo desde un horizonte de igualdad y de paz social, por eso hacemos nuestra la batalla por la eliminación de la violencia feminicida en nuestro estado”, explicó la funcionaria.
Alanís Sámano dio a conocer que siguiendo las instrucciones del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, se ha diseñado una estrategia integral de combate a la violencia feminicida, estrechando lazos de colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial.
Destacó que desde inicios de este año, quedó instalada la mesa técnica para erradicar la violencia en contra de las mujeres en Michoacán, donde se han logrado establecer acuerdos con especialistas y organizaciones civiles para trabajar coordinadamente y así atender la violencia hacia la mujer.
Sendero Nacional
Así que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se reúne este lunes con petroleros de Texas. Empresarios, directivos e inversionistas de esta región considerada la más grande de Estados Unidos en materia petrolera acudirán a los encuentros con el mexicano para escucharlo hablar sobre las oportunidades de inversión en México. Y todavía mañana tiene agendadas otras reuniones.
El GIEI se tomó cuatro horas
Resulta que la conferencia de más de cuatro horas que ofreció el GIEI para mostrar su informe final del caso Iguala aburrió a más de uno. Bueno, con decir que Cuauhtémoc Cárdenas, el senador Alejandro Encinas, el padre Solalinde y el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, optaron por irse antes de que acabara. Y más porque no aportaron muchos elementos nuevos al caso.
No pareciera que en ningún momento haya sido buena la relación entre el gobierno y el GIEI. Se sobrellevó, pero en el fondo las diferencias fueron significativas. Por más que haya sido el gobierno quien invitara a la CIDH para revisar la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, la relación nunca terminó por fluir.
Quizá de origen estaba enfrentada porque, recordemos, desde del inicio el GIEI cuestionó directamente elementos concretos, como fue la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, tesis central del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Es cierto que la investigación de la PGR nunca aseguró que esto hubiera pasado como tal, pero es un hecho que se planteó como un escenario de alta probabilidad del cual la Procuraduría nunca se movió y menos se abocó a presentar una hipótesis paralela a la tesis de la incineración. Se la pasaron bajo una dualidad sobre la incineración, la echaban por delante pero al mismo tiempo decían que no se podía asegurar al 100 por ciento; era un hecho pero no era un hecho.
La investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala el 26 de septiembre de 2014 ha impactado negativamente en la credibilidad de diversas instituciones. La esperanza de que la intervención del grupo de expertos avalados por la CIDH ayudaría a determinar la verdad legal se extinguió al constatar que los especialistas poseían una agenda política propia que sesgó su trabajo.
Algo similar ocurrió con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que descartó tajantemente la versión de la PGR que asevera que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. El peritaje de los especialistas en fuego deja sin fundamento las afirmaciones de los argentinos. Es importante recordar que el gobierno federal buscó el apoyo técnico internacional no únicamente para reforzar la credibilidad de su actuación, sino también con el ánimo de determinar el paradero de los estudiantes. Considerando las aportaciones de estos expertos, resulta claro que ninguno de estos objetivos se ha cumplido.
Como se esperaba, el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado a conocer ayer y del que hubo filtraciones previas, reiteró que los normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula; desconocieron el tercer peritaje de la PGR, que difundió sin que se les informara, e insistieron en que en las investigaciones de esa dependencia hay inconsistencias y omisiones.
Revela el documento que los detenidos la noche del viernes 26 de septiembre de 2014 en Iguala no fueron a boicotear ningún acto político, ni estaban infiltrados por el crimen organizado; que en su aprehensión participaron policías municipales, estatales y federales; lamenta que no se haya permitido interrogar a los militares e insiste en exponer sus dudas de que el quinto autobús presentado como en el que iban los normalistas sea el mismo que éstos sacaron de la terminal municipal.
Apostó el grupo de expertos de la CIDH a desprestigiar al Estado mexicano ante la comunidad internacional al filtrar al diario español El País, incluso antes de que se lo entregaran a los padres de las víctimas, su último informe sobre el caso Iguala y decir al periódico estadounidense The New York Times que el gobierno bloqueó su trabajo.
Sin embargo, el GIEI acusó a la PGR de filtrar a medios información sobre el caso que “no sólo comprometen la investigación, sino que fomentan una serie de reacciones que no favorecen la independencia e imparcialidad de toda investigación judicial” (página 596 del informe). Pero en ninguna parte del documento precisa qué informaciones en específico son parte de esas presuntas filtraciones.
Una especie de pequeña venganza contra la administración de Enrique Peña por no ceder a ampliar otros seis meses la estancia en México de los cuatro abogados y un psicólogo que ayer presentaron sus conclusiones, las cuales cumplieron con la expectativa de que descalificarían el tercer peritaje al basurero de Cocula y prácticamente la investigación completa que ha realizado la PGR.
Todo para generar la percepción en la opinión pública internacional de que el Estado está cerrando el caso Iguala (nada más lejos de la realidad) y que el gobierno no sólo es incapaz de hacer una investigación seria, sino que además busca se empantane el asunto. Para, en su ausencia, perpetuar la desconfianza hacia los resultados que arroje la investigación sobre los 43.
