Columna «Bajo la Lupa»: ¿Hay o no, grupos delincuenciales?

Los acontecimientos del este lunes en los municipios de Apatzingán, Chilchota, Múgica, La Piedad, Jacona, Jiquilpan, Sahuayo, Tangamandapio, Venustiano Carranza y Zamora, son lo suficientemente graves como para inferir que en nuestro estado aún siguen operando grupos de la delincuencia organizada y que su capacidad de operación es importante, lo que viene a contradecir lo afirmado reiteradamente, tanto por el procurador general de justicia del estado JOSÉ MARTÍN GODOY CASTRO como el secretario de seguridad pública estatal JOSÉ ANTONIO BERNAL BUSTAMANTE, pero también, una vez más se confirma que dichos funcionarios le mienten al gobernador del estado SILVANO AUREOLES CONEJO, al entregarle diagnósticos con información falsa, pues de ser cierto lo por ellos afirmado, no se presentarían las contingencias de bloqueos de vías de comunicación y el robo e incendio de vehículos particulares. Afortunadamente las fuerzas del orden público tuvieron una reacción oportuna y eficaz, regresando la paz y tranquilidad a esos municipios de manera casi inmediata, sin embargo, la preocupación es latente en los sectores sociales, al comprobarse la presencia y operación de esos grupos delincuenciales.

Cuando menos tuve la oportunidad de presenciar tres actos conmemorativos de la fundación de la escuela secundaria federal número uno, José María Morelos y Pavón, en los tiempos en que el director de la secundaria era el profesor HECTOR TAVERA RÍOS y como alumnos, éramos testigos de tales eventos, investidos de una solemnidad total, en la que aparte de los respectivos discursos que los funcionarios invitados para tal efecto discurrían, los alumnos participábamos con bailables y poesías corales. Los discursos de rigor eran tres, el del profesor SERAFIN CONTRARAS MANZO, el de TAVERA RÍOS y el de un ex alumno, que era aquel que había destacado en la vida social o profesional, un ex alumno digno de ser presumido como aquel que, por haber transitado por sus aulas, recibió conocimientos que lo hicieron un hombre de bien, cuyas aportaciones sociales o en su vida profesional, fueron de tal magnitud, que era merecedor de esa distinción y que regresaba a su escuela, a dar el mensaje de que sí se puede, que el estudio es la mejor herramienta para un mejor futuro. Hoy, ya no se escoge a quien da honor y orgullo a nuestra escuela, se escoge a quien provoca vergüenza. El orador oficial a nombre de los ex alumnos, fue ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR.

En entregas anteriores, he comentado a ustedes la decisión del presidente municipal “independiente” ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR de firmar un contrato por 10 años con la empresa “OPTIMA ENERGÍA”, contrato que consiste en que la empresa originaria de Monterrey Nuevo león, instalará y dará mantenimiento a casi 54 mil luminarias en el municipio de Morelia, bajo el argumento que dicha instalación y mantenimiento no tendría costo para las arcas municipales, pues según la empresa OPTIMA ENERGÍA, sus lámparas son capaces de reducir el consumo de energía eléctrica hasta en un 70% con relación al consumo actual, lo que se traduciría en que el municipio solo estaría pagando a la Comisión Federal de Electricidad y a otro proveedor más, un estimado de 35 millones de pesos, en lugar de los casi 116 millones de pesos que se pagan actualmente. Ahora bien, de acuerdo a lo dicho por OPTIMA ENERGÍA, con sus lámparas bajará el pago a la CFE y otra, pero el municipio seguirá teniendo el mismo ingreso por el concepto de “Derecho de Alumbrado Público”, es decir, seguirá recibiendo un estimado de entre 90 y 100 millones de pesos, por lo que tendrá un remanente al que pomposamente se le denomina “remanentes de los ingresos por concepto del Derecho de Alumbrado Público” los que irían a parar al bolsillo de la empresa OPTIMA ENERGÍA.

Día con día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorga amparos en contra del cobro del famoso “Derecho de Alumbrado Público”, cobro que define como inconstitucional por contravenir los dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5, subinciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que prevé que el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, es decir, por mandato constitucional se reserva únicamente al Congreso la facultad de imponer contribuciones sobre ese tipo de energía. Así las cosas, de entrada podemos apreciar que el edil moreliano funda su decisión de hacer este contrato por 10 años con OPTIMA ENERGÍA, en un ingreso ilegal que les cobra a los ciudadanos en complicidad con la Comisión Federal de Electricidad.

Como he apuntado, el Derecho de Alumbrado Público, es una contribución que el municipio cobra a los ciudadanos de manera ilegal y para poder evitar dicho cobro, el ciudadano debe recurrir al juicio de amparo. Como recurrir al juicio de amparo requiere de los servicios de un abogado, la mayoría de los ciudadanos opta por pagar dicho cobro ilegal, pues le podrían salir más caro los honorarios del abogado, que lo que se ahorraría en el pago del DAP. Ahora bien, ¿Por qué los alcaldes cobran una contribución ilegal como lo es el DAP? Pues porque nadie les dice nada, pues saben de antemano que son muy poquitos los ciudadanos que se amparan en contra del DAP, por lo general son los grandes consumidores de energía eléctrica, es decir, las empresas, sin embargo, parece ser que hoy hay un diputado del Partido Acción Nacional, EDUARDO GARCÍA CHAVIRA quien este 13 abril, presentará al pleno del congreso del estado, una iniciativa de ley para la eliminación del cobro del Derecho de Alumbrado Público. ¿Una vez más, los diputados estarán con el pueblo o con los delincuentes que violan la ley cobrando una contribución indebida?

Vaya papelito que les tocará jugar a los diputados integrantes de la 73 legislatura al congreso del estado, pues tendrán una disyuntiva muy difícil, que al definirla, necesariamente afectarán grandes intereses y me explico: Sí votan a favor de la iniciativa del diputado EDUARDO GARCÍA CHAVIRA, favorecerán la débil economía de los ciudadanos, que es lo que el sentido común y la justicia les debe de ordenar, pero por otra parte afectarán las finanzas públicas de los municipios, pues los ayuntamientos al proponer sus respectivos presupuestos de egresos al congreso, contemplan como uno de sus ingresos importantes al DAP y esa decisión legislativa pondría en serios aprietos a los municipios, ya que difícilmente encontrarían otra fuente de ingresos que sustituya al DAP.

En el supuesto de que los legisladores michoacanos se pusieran del lado de los ciudadanos, de quienes los eligieron, cosa remota por cierto, en automático el municipio de Morelia dejaría de percibir en promedio 90 o 100 millones de pesos al año por concepto del Derecho de Alumbrado Público, en consecuencia no existirán los denominados “remanentes de los ingresos por concepto del Derecho de Alumbrado Público” y por lo tanto la fuente de ingresos en que fundamenta el negocio de las luminarias, no existiría. ¿Qué tiene previsto el contrato? Pues simple, sería el municipio de Morelia quien asumiría la responsabilidad de pagar a la empresa OPTIMA ENERGÍA el importe de lo estimado que sería su ingreso, así de simple. El municipio de Morelia se obligaría durante 10 años a pagar a OPTIMA ENERGÍA un estimado de 81 millones de pesos anuales por concepto de 54 mil luminarias y su mantenimiento por ese lapso de tiempo. La comisión de 1500 pesos por luminaria para el edil, no surtiría cambios,” lo caído, caído” dice el refrán popular.