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El líder del PRD dijo que actualmente el 90 por ciento de los municipios tienen problemas con sus finanzas ante la falta de una disciplina presupuestal en el gasto público, ya sea por la omisión o deficiencia de aplicación de los recursos que repercuten en la falta de obras y programas sociales.
En este sentido consideró que es una obligación que todos los órdenes de Gobierno, en lo particular los ayuntamientos, se sumen a las contralorías ciudadanas y de esta forma combatan la corrupción.
Recordó que las contralorías sociales fueron creadas como un mecanismo de participación ciudadana dirigido a resolver conductas que constituyen actos de corrupción que han permeado en gran medida las estructuras de la administración pública en nuestro país.
«El objetivo es fortalecer el papel de los beneficiarios de un programa de desarrollo a efecto de que su participación activa en el seguimiento, evaluación y vigilancia cobre mayor relevancia», declaró Torres Piña.
Cabe recordar que el derecho a la Participación Ciudadana está estipulado en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el que establece que las manifestaciones de este derecho son la participación directa en la conducción de los asuntos públicos y el acceso en condiciones de igualdad a la función pública.
En este contexto, el líder perredista hizo un reconocimiento a la iniciativa del Gobernador del estado para que los funcionarios de su gobierno se sumen a la iniciativa 3 de 3 para que todos los integrantes de su gabinete legal y ampliado rindan las declaraciones patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses.
«Consideramos que la transparencia y rendición de cuentas deben ser ejes centrales de todo gobierno, pero también de los poderes Legislativo y Judicial, de las instituciones públicas y descentralizadas, así como de la iniciativa privada y de todos los sectores de la sociedad, para que se sumen a la transparencia», mencionó.
Reiteró que el objetivo de las Contralorías sociales es formar una gran red de contralores sociales para vigilar y transparentar los recursos públicos gestionados para los programas sociales en los municipios, toda vez que el 80 por ciento de las observaciones derivadas de auditorías practicadas respecto a la aplicación de los recursos públicos federales recaen en los ayuntamientos.
Instó a los funcionarios municipales a capacitarse y estar en condiciones de atender y prevenir este tipo de acciones u omisiones que conlleven a las observaciones señaladas por las autoridades fiscalizadoras.
Torres Piña declaró que los gobiernos del PRD refrendan su compromiso de conformar administraciones abiertas, que cuenten con la confianza de los ciudadanos y los perfiles adecuados de los contralores municipales.
