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Columna «Sendero Político», Por José Cruz Delgado.- (18-III-16) Con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes que afecten la integridad física o mental de las personas, el diputado Raymundo Arreola presentó ante el Pleno de la LXXIII Legislatura una iniciativa de Ley en la materia.
Fue el diputado Raymundo Arreola Ortega, quien puso el dedo en la llaga y argumentó que México ha signado diversos tratados internacionales en los que se compromete a legislar para garantizar el debido respeto a la dignidad humana, así como la integridad de las personas, a efecto de que no se torture o se infrinjan tratos crueles inhumanos o degradantes.
Agregó, que como parte de las disposiciones aprobadas en la materia, en el mes de julio del 2015 se reformó el artículo 73 de la Constitución Federal, otorgando a la federación, la facultad exclusiva de legislar en materia de tortura efecto de que exista un solo tipo penal en el país.
Añadió, que para su entrada en vigor, se estableció que en tanto se emitiera la Ley General de la materia, las legislaciones locales seguirían vigentes;“esto, en el entendido de que en todos los estados se encontraba tipificada dicha conducta”.
Sin embargo, dijo, “en el Estado de Michoacán al momento de que se emitió el nuevo código en materia penal, se omitió trasladar este tipo al nuevo cuerpo normativo; dejando en estado de indefensión a todas aquellas persona que pudieran ser víctimas de este delito”.
“De ahí la imperiosa necesidad de que en Michoacán se legisle en materia de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, no solo a efecto de dar cabal cumplimiento a este mandato constitucional sino por una cuestión de humanidad”, explicó.
Con esa finalidad, en la propuesta se establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia respetarán y garantizarán en todo momento el derecho de toda persona bajo su jurisdicción, a ser protegida contrala tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o mental.
Asimismo, se propone la creación de un Consejo Consultivo Estatal para la Prevención de la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, que tendrá por objeto el diseño, seguimiento y monitoreo de las políticas públicas con el propósito de prevenir la comisión de los delitos; así como de impulsar reformas legislativas en la materia.
Se propone que a quien incurra en actos de tortura se le aplique prisión de siete a 16 años, de 500 a mil días de multa, y la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública de manera permanente; en caso de haber sido cometido por un servidor público, además se ordenará la sanción inmediata de sus funciones.
Por su parte, la diputada Rosa María de la Torre Torres presentó una iniciativa de decreto en la que se reforman diversos artículos del Código Penal del Estado de Michoacán.
Lo anterior, dijo, “se basa en la urgente necesidad de contemplar este tipo penal, cometido por funcionarios del orden local o municipal, pues en el Estado a diferencia de otros, no se cuenta con una ley en la materia, en tanto no se promulgue la Ley Federal”.
Por tanto, “debemos legislar para incorporar de forma temporal el tipo penal de la Tortura, pues ante la ausencia del tipo, la necesidad y urgencia de salvar vacíos legales, burbujas de impunidad, la no tolerancia a la arbitrariedad y la debida protección de los derechos de las personas”, agregó.
Por su parte, la diputada Rosa María De la Torre Torres, integrante de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, presentó Iniciativa de Decreto para adicionar al Título Décimo Sexto, el Capítulo XII denominado De la Tortura, al Código Penal para el Estado de Michoacán.
Al respecto, dijo que a pesar de que se han firmado varios Tratados Internacionales y Protocolos para prevenir y sancionar las prácticas de Tortura, no se han disminuido las conductas violatorias de derechos humanos como el de no ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En este sentido, el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, presentó ante la Cámara de Senadores la Iniciativa Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, el día 10 de diciembre de 2015, misma que actualmente se encuentra pendiente de dictamen en Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Seguridad Pública y Justicia.
La Iniciativa, se basa en la urgente necesidad de contemplar este tipo penal, cometido por funcionarios del orden local o municipal, pues en el estado a diferencia de otros, no se cuenta con una ley en la materia, mismas que de acuerdo con la reforma Constitucional de julio de 2015, continúan vigentes en tanto no se promulgue la Ley Federal.
El artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, mientras que el artículo 29 segundo párrafo del mismo texto constitucional enfatiza que la prohibición de tortura y la protección a la integridad personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en ninguna situación.
Dentro de la exposición de motivos, se presentan datos obtenidos del Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mismo que fue presentado en el año 2014 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que registró un aumento en los años de 2007 a 2012 sobre denuncias por tortura y malos tratos, reportando un máximo de 2,020 quejas en 2011 y 2,113 en 2012, comparadas con 320 registradas en los años previos a 2007.
“Es difícil conocer un número real de casos de tortura, no existe actualmente un registro nacional y cada entidad tiene datos propios; aunque éstos son más que un simple número, engloba una serie de consecuencias que no solo afectan directamente a las víctimas, también sus familiares directos y la comunidad donde viven, pues ponen en riesgo la paz y seguridad pública”, ilustró la diputada.
