El Acuerdo de Austeridad fortalecerá la inversión social y la construcción de obras públicas: PRD

Morelia, Mich., 25 de febrero de 2016.- La firma del Acuerdo de Austeridad por los representantes de los tres poderes establecidos en el estado, permitirá que Michoacán transite a sanear sus finanzas y pueda prestar más y mejores servicios a la ciudadanía, además de fortalecer la legalidad en cuanto el apego irrestricto al Estado de derecho, la transparencia en la rendición de cuentas y la acción pública en los programas sociales, destacó el presidente estatal del PRD, Carlos Torres Piña.El dirigente estatal del PRD celebró que el Gobernador del Estado, el presidente del Congreso y el Magistrado presidente del Poder Judicial se sumaran a la firma del Acuerdo, y consideró que es plausible que los alcaldes de todos los partidos, así como instituciones públicas se sumen al acuerdo, que permitirá velar por el correcto uso de los recursos públicos y que éstos se destinen a satisfacer las necesidades de la población.

“El objetivo es contar con administraciones eficientes que no tengan nóminas obesas, y lograr el efecto de la sustentabilidad en el desempeño de sus actividades y funciones, poniendo en marcha acciones específicas de austeridad, transparencia y eficiencia en el gasto público”.

Torres Piña destacó que la finalidad de implementar las medidas y políticas de austeridad, es contribuir al saneamiento financiero que requiere el Estado de Michoacán de Ocampo.

“En la actualidad, se hace necesario generar ahorros con la aplicación de medidas de austeridad en la gestión pública, por lo que se reducirán de manera sustantiva el uso de servicios en varios, el gasto superfluo, y otros gastos que no se justifican. El trabajo de los tres órdenes de Gobierno debe avocarse a garantizar las mejores condiciones para la sociedad, responder a la confianza ciudadana, seguir perfeccionando nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones requiere de esfuerzos extraordinarios de todos”, destacó Torres Piña.

Indicó que la difícil situación financiera de la Administración Pública Estatal, obliga a ordenar y planificar la operación de las administraciones, racionalizar el gasto público y priorizar las acciones; focalizando las inversiones hacia los programas y servicios de mayor impacto social y económico.