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08 de febrero, 2016 — Los líderes locales, las instituciones nacionales y los organismos internacionales se están uniendo para alentar a las comunidades indígenas a abandonar la práctica de la mutilación genital femenina, internacionalmente reconocida como una violación de los derechos humanos.
Esta costumbre consiste en cortar parte de los genitales de las niñas y provoca, entre otras, complicaciones urinarias, ginecológicas y psicológicas. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), en América Latina el único lugar donde la práctica ha sido detectada es en la comunidad emberá, uno de los 102 pueblos indígenas reconocidos por Colombia.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), los emberá habitan el litoral Pacífico colombiano, aunque también están en Panamá y Ecuador. En una entrevista con Radio ONU, Patricia Tobón Yagarí, abogada del pueblo emberá, aseguró que si bien no se disponen de cifras exactas, es una práctica extendida entre los aproximadamente 250.000 miembros de esta comunidad.
“Es una práctica que existe desde hace muchas generaciones. La practicaban mis abuelas, sus abuelas y ha pasado de generación en generación. Está especialmente muy arraigada en regiones muy aisladas, que no acceden al sistema occidental de salud. El nivel de la práctica en Colombia es bastante alto”, dijo la activista.
La mutilación genital femenina entre el pueblo embera salió a la luz en 2007 después de la muerte de dos niñas por infecciones derivadas de esta práctica. Desde entonces, según Tobón Yagarí los colectivo s indígenas y el UNFPA han venido trabajando para tratar de eliminar la práctica, aunque por ahora las intervenciones se han limitado a dos de los 164 territorios de los embera.
“Naciones Unidas ha contribuido enormemente a la visibilidad de la práctica al interior del pueblo emberá pero también del gobierno nacional. Sin embargo, la respuesta institucional no responde a la magnitud del llamado y del problema”.
Un informe reciente de UNICEF muestra un descenso global en la práctica y señala que hoy en día es menos probable que una adolescente sea mutilada que hace 30 años. En países como la República Centroafricana, Iraq, Liberia y Nigeria, la prevalencia ha caído a casi la mitad. Sin embargo, según cálculos de la agencia todavía son unos 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo las que se ven sometidas a estos procedimientos.
En una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York en el marco del evento especial sobre las metas para acabar con la mutilación genital femenina, Nafissatou Diop, coordinadora del programa de la ONU centrado en su erradicación, dijo que si bien sigue siendo una norma profundamente arraigada en las comunidades, una combinación de activismo comunitario y legislación ha ayudado a reducir el estigma que afrontan sus víctimas.
“El cambio tiene que venir desde dentro, así que estamos creando el espacio para la discusión y el debate y eso está llevando la información a las personas de influencia y las jóvenes que quieren el cambio”, dijo Diop.
A su vez, la cantante de Mali Inna Moja, una superviviente de la mutilación genital femenina, cree que la clave para la erradicación está en el diálogo.
“La confrontación no es la manera. Es necesario hablar, hay que explicar, hay que procurar la concienciación sobre el daño que hace a las mujeres y el abuso en que consiste, y la violencia. Los efectos en el cuerpo de la mujer, pero también psicológicos”, señaló la artista.
Para acabar con la práctica, una de las metas fijadas en la Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU aprobada en septiembre, Tobón Yagarí resaltó que el Gobierno y las instituciones deben involucrarse en acciones concretas para fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas para seguir progresando.
“En Colombia es necesario que el Gobierno ponga en marcha el Plan sobre la Erradicación de Prácticas Nocivas que Atentan contra la Salud de las Mujeres Indígenas, que fue una propuesta hecha desde las organizaciones indígenas y que fue aceptada por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, fortalecer su capacidad institucional y respuesta para que podamos empezar a avanzar en Colombia en la intervención de la mayoría de comunidades indígenas”.
La abogada del pueblo emberá insistió en que para garantizar una paz sostenible en Colombia es imprescindible que se garanticen los derechos de las mujeres y las niñas indígenas.
