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Columna «Sendero Político», Por José Cruz delgado (26-I-16).- La usura en el país se ha convertido una práctica muy común en nuestros días y Michoacán no es la excepción, cientos de casas de empeño y préstamos se ven en cada esquina no solo de la capital michoacana, sino en las principales ciudades, incluso, ya existen en los municipios más pequeños. Ofrecen dinero sin aval a tasas preferenciales a gente de escasos recursos económicos, no solo de la ciudad, la usura ha llegado hasta los hombres del campo, aquellos que no cuentan con créditos de instituciones encargadas de darles apoyo, sin semilla y sin recursos, caen en las garras de los usureros, deudas que no pueden pagar, en caso de llegar a tener un retraso porque les cobran interés sobre interés y sí quieren pagar el crédito de tajo, los agiotistas les dicen que no, que deben pagar como está estipulado en el contrato, o sea que no les conviene porque ganan menos. Provident, Finca, Electra, Famsa, sólo por mencionar algunas, son las que lucran con la necesidad de las personas más necesitadas.
Sobre este tema, el dirigente del Partido del Trabajo en la entidad, Reginaldo Sandoval Flores, siendo diputado local, presentó una Iniciativa de Ley para reformar el Artículo 327 del Código Penal del Estado de Michoacán que tipifica el delito de USURA.
En su exposición de motivos destacó que la usura consiste fundamentalmente en un cobro excesivo o en un aprovechamiento exagerado de una circunstancia de precariedad económica que al mismo tiempo se consuma aprovechando circunstancias de excepcional urgencia o apremio o bien una ignorancia sobre lo realizado. Desde el punto de vista de su significado gramatical por usura se entienden cuatro acepciones: 1.- interés que se lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo; 2.- el propio contrato; 3.- interés excesivo en un préstamo; 4.- ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo. Así, insistiendo en el punto de vista gramatical el exceso es la característica esencial de la usura.
Sandoval Flores señala que la práctica de la usura ha sido recurrente en nuestro país y en nuestro estado de Michoacán, generalmente entre los grupos más vulnerables económicamente de nuestra población. Así en casos de una urgencia tales como: enfermedad de algún familiar, pagar la renta de la casa, pagar la hipoteca atrasada, pagar el agua, la luz, el teléfono, el gas, pagar colegiaturas de los niños, realizar festividades importantes para los hijos, tomar unas vacaciones, comprar los útiles escolares, pagar las tarjetas de crédito, realizar algún evento que fortalezca la unidad de la familia, conseguir el enganche para el auto familiar, pagar el enganche de la casa, para el día de Reyes, los festejos decembrinos, los XV años de la hija mayor, cooperar para la boda de los hijos, un préstamo para pagar otro préstamo, comprar equipo de trabajo, la graduación en la escuela de los hijos, gastos de hospitalización por el nacimiento de un bebé, emprender un negocio, amueblar la casa, comprar las computadoras, cuando se queda sin trabajo el papá, terminar de construir la casa, pago de daños por accidente automovilístico, realizar un viaje imprevisto, pago de nómina de los empleados; los michoacanos se ven impedidos a solicitar préstamos y a comprometerse en contratos que, en la mayoría de las ocasiones no leen o que leyéndolos no comprenden el significado o alcance de las cláusulas redactadas en términos favorables a los agiotistas. De esta forma se ligan a compromisos casi imposibles de cumplir y que terminan enriqueciendo más y más a los prestamistas por los intereses que se generan y de cuyo pago resulta una desproporción perjudicial a gran escala para el más necesitado.
Para el petista, la usura se ha convertido en un asunto de interés colectivo por el número de víctimas que se encuentran involucradas en sus redes. Tan sólo, las estadísticas nos reportan que en los ocho Juzgados Civiles que funcionan en Morelia se presentan dos mil controversias judiciales, anualmente en cada uno de ellos, y que el 70% de los conflictos se refieren a juicios Ejecutivos Mercantiles, cuya principal característica es el embargo de bienes propiedad de personas que no pudieron pagar los altos intereses que superan al 10% mensual establecido en sentencias de remate firmadas por los juzgadores michoacanos.
Que lo verdaderamente catastrófico es la inmensurable cantidad de personas que hacen esfuerzos extrahumanos para pagar puntualmente los elevados intereses pactados para no verse en la desvergüenza social de padecer un embargo.
Señala que se cuenta con un Procurador General de Justicia fortalecido por el Congreso al haberle otorgado todas las facultades constitucionales y operativas para investigar a profundidad los delitos, incluyendo los de usura y significa un cambio de estrategia en la prevención y combate a la delincuencia con independencia de que la víctima este en posibilidades o no de aportar elementos para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad criminal de los delincuentes.
Así, dice, la iniciativa presentada también tenía como propósito ir avanzando en los sustitutivos de la prisión, por lo que se propone que la pena de prisión vaya acompañada de trabajo obligatorio, con la intención de que los Tribunales, al individualizar las sanciones se inclinen por la más reducida pero, obligando a que los delincuentes trabajen a favor de la comunidad y se rehabiliten al propio tiempo que producen bienes y servicios.
Es el momento de que los Diputados salgan en defensa del pueblo de Michoacán y actualicen el tipo penal de usura para abatir su recurrencia y facilitarle al Ministerio Público su investigación y persecución hasta lograr una pronta y expedita impartición de justicia. Por ello, agregó, dejamos como esencia de las reformas propuestas y con dedicatoria especial para Jueces y Magistrados, la inclusión de la obligación de decretar en sus sentencias condenatorias el pago de la reparación del daño, regresando a favor de las víctimas, cuando menos una cantidad igual a la ganancia obtenida por el delincuente usurario.
En ese entonces propuso modificar el Artículo 327 que quedaría así: Se aplicará prisión con trabajo obligatorio de uno a ocho años y multa de sesenta a ciento veinte veces el salario mínimo vigente, a quien aprovechando la necesidad apremiante o la inexperiencia de la víctima, obtenga un lucro excesivo mediante el cobro de intereses o ventajas económicas superiores al 3% tres por ciento mensual del valor de la operación o, en su caso, superiores a los usos bancarios o comerciales, en especie, en servicios o en dinero.
El monto de la reparación del daño será por lo menos igual a la desproporción del beneficio económico obtenido o de los intereses cobrados por el usurero, o de ambos, según el caso.
Sin embargo, dicha iniciativa no fue aprobada por lo que se espera que en esta Legislatura se vuelva a insistir y que los legisladores tomen conciencia de que la usura es un mal que afecta a los más necesitados.
Hay casos documentados en que los que recurrieron a préstamos, perdieron su casa y algunos recurrieron al suicidio. Los abogados de las casas agiotistas intimidan y amenazan a sus deudores con meterlos a la cárcel y embargarles sus propiedades si en un término de 24 horas no liquidan la deuda. Lamentablemente, ninguna autoridad ha hecho hasta ahora nada para proteger a quienes recurren a estas casas usureras por necesidad. La Procuraduría Federal del Consumidor sigue siendo un cero a la izquierda, al menos en Michoacán.
