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Morelia, Mich., 21 de diciembre del 2015.- Para la Comisión de Derechos Humanos y para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, es una prioridad y está en la agenda de trabajo garantizar que en Michoacán se eliminen los obstáculos y garantizar el matrimonio igualitario, afirmó la Diputada Local Nalleli Julieta Pedraza Huerta.
La Diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, agregó, que se debe reformar para garantizar el reconocimiento a la condición de igualdad que tenemos todos y todas frente a la ley, una condición que es reconocida en el artículo primero de nuestra Carta Magna.
Nalleli Pedraza señaló además que no se trata de imponer una preferencia sexual sobre otra, sino de realizar una armonización legislativa en la que el centro de la esfera de derechos sea la persona.
Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido una recomendación general a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y al Poder Legislativo, en la cual se insta para que se adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar.
Aunado a lo anterior, explicó que la finalidad es permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República, que señala la prohibición de discriminar, entre otros factores, por las preferencias sexuales.
La pasada legislatura (LXXII,) realizó diversas modificaciones al Código Familiar del Estado, sin embargo, dijo lamentablemente no se logró armonizar este ordenamiento para eliminar el obstáculo al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Esta circunstancia contravino la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que no existe justificación racional para negar el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, aun cuando existiera un régimen jurídico diferenciado al que pudieran optar e incluso si esa figura tuviera los mismos derechos que el matrimonio.
La pasada legislatura mantuvo una definición limitante y discriminatoria de matrimonio, al definirla como la unión legítima entre un hombre y una mujer, e introdujo la figura de “sociedad de convivencia” como la opción para que las parejas del mismo sexo pudieran establecer una unión legal, sin embargo, es a todas luces un régimen jurídico discriminatorio pues asume que las personas homosexuales no son iguales ante la ley y no tienen derecho al matrimonio, lo cual es un abierto desacato a la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte, que es la máxima autoridad jurisdiccional del país y último intérprete de la Constitución de la República, que declara inconstitucionales los códigos civiles o familiares de aquellos estados donde el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreación.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la diputada Nalleli Pedraza, señaló al respecto que en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y en particular de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, es de la máxima prioridad realizar los cambios necesarios al Código Familiar para derogar las definiciones discriminatorias sobre el matrimonio y derogar la figura de sociedad en convivencia, por lo que en próximas fechas se presentará la iniciativa que modifique dicho ordenamiento.
Afirmó que las instituciones democráticas y laicas por las que se ha luchado durante tantos años no pueden permitir que se mantengan definiciones discriminatorias que provienen de concepciones de estados confesionales, las cuales son completamente respetables pero no deben ser la guía para la conducción de un gobierno democrático.
Además, recalcó, este tema debe ir más allá de posiciones partidistas, pues se trata del simple reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres ante la ley.
