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Columna «SENDERO POLITICO», por José Cruz Delgado.- Ojalá nos sorprenda gratamente en el último momento, pero con los antecedentes de los últimos 14 meses dudo mucho que el saliente gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, renuncie a su privilegio de designar notarios públicos como pago de favores políticos o como favor político para sus amigos y colaboradores.
Se dice que los que recibirán el premio son el ex secretario de Gobierno y ex candidato del PRI y del PVEM a la alcaldía de Morelia, Jaime Darío Oseguera Méndez, quien es además diputado local con licencia y catedrático de la Facultad de Derecho de la UMSNH, César Augusto Ocegueda Robledo, subsecretario de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobierno, Pavel Ocegueda Robledo, hermano del antes mencionado y secretario particular del gobernador Jara Guerrero, además coordinador por parte del gobierno saliente del equipo de transición que se encarga de la entrega-recepción del Ejecutivo estatal, el ex diputado local, Olivio López Mújica, Jesús Santillán Gutiérrez, actual subsecretario de Gobernación en la Secretaría de Gobierno, el actual director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, Damián Arévalo Orozco, Eduardo Valenzuela Plaza, actual consejero jurídico del gobierno de Salvador Jara, el administrador de Rentas de Morelia, funcionario de la Secretaría de Finanzas y Administración, Juan Carlos Gómez Andrade, Verónica Calzada Martínez, actual secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado, a quien se le habría ofrecido por parte de diputados hacer la gestión ante el gobernador saliente, como premio de consolación porque no alcanzó una magistratura en el Poder Judicial de Michoacán. ¿Y la Ley del Notariado donde quedó?
Una de las puntadas de Salvador Jara Guerrero, el gobernador viajero, como se le llama por sus múltiples viajes al extranjero, es que mediante acuerdo publicado el viernes 4 de septiembre en el Periódico Oficial, el gobierno que está por fenecer, regula el servicio de protección personal a ex gobernadores, apoyo que antes era otorgado de forma discrecional, sin certeza jurídica ni lineamientos establecidos en cuanto a los recursos humanos y materiales que se asignaban con ese propósito. Para dar legalidad a este decreto, Jara Guerrero argumentó que los ex mandatarios corren peligro por haber combatido al crimen organizado. Desde que tengo memoria, ningún ex mandatario estatal ha contado con guaruras después de dejar el cargo. También combatieron al crimen organizado, Jara no lo combatió, dejó todo en manos de la federación porque no tuvo esa capacidad y se dedicó a “nadar de a muertito”. Se trata de un “decreto desafortunado”. Respecto del riesgo que pudiera correr Jara Guerrero al “haber combatido al crimen,” no existe tal, ya que jamás tomó el control de la seguridad y lo único que hizo fue estar “en unas extraordinarias vacaciones pagadas con el erario público” y por lo tanto lo que le queda hacer es retirarse y pedirle una disculpa a los michoacanos. Jara Guerrero, gobernador de Michoacán, será el primer funcionario que recibirá protección especial con cargo al erario público y tendrá un cuerpo de seguridad a su servicio hasta 2018 que constará de seis escoltas. Cabe mencionar que ningún ex mandatario, desde Carlos Torres Manzo hasta Fausto Vallejo cuenta con una ayudantía de seis policías para su protección, ni ha transcendido que la hayan solicitado. Todos se pasean por Morelia, como cualquier otro ciudadano.
Poco le durará el gusto al doctor Salvador Jara, contar con seis guaruras una vez que salga de la gubernatura, pues una de las primeras acciones que tomará Silvano Aureoles, como jefe del Ejecutivo estatal a partir de 1 de octubre, será echar abajo el decreto administrativo que otorga custodia a ex gobernadores por un plazo no menor a tres años. Si quiere protección privilegiada, que la pague de su dinero.
Otra puntada más del aun mandatario, es que intentó imponer un reemplacamiento fuera de toda normatividad e ilegal, tuvo que dar marcha atrás ante el descontento de los michoacanos y recibir un exhorto de los diputados locales para que detuviera el nuevo canje general de placas para automóviles particulares y concesionados por lo que determinó frenar el proceso que había iniciado y dejó la responsabilidad a la próxima administración de Silvano Aureoles Conejo.
Seguramente Salvador Jara Guerrero y sus funcionarios están angustiados luego de que Silvano Aureoles Conejo diera a conocer que al entrar en funciones auditará la gestión jarista.
