¿Reemplacamiento Gratuito?

 Columna Política «SOBREMESA», Por Antonio Soto.- El gobierno que culminará en unos días su período, había decidido de manera sorpresiva emprender un «reemplacamiento gratuito», pero que costaría al erario alrededor de trescientos cincuenta millones de pesos, bajo el argumento de garantizar mejores niveles de seguridad en el estado.

Este decreto administrativo se imponía de manera ilógica e irracional cuando la entidad está atravesando por uno de los peores momentos económicos, pero además se pretendía implementar esta medida cuando las finanzas estatales continúan en la quiebra total, toda vez que el gobierno del estado viene arrastrando adeudos por miles de millones de pesos a prácticamente todos sus proveedores.

La decisión del Gobernador Salvador Jara resultaba bastante cuestionable y se prestaba a la sospecha, debido a que el Presupuesto de Egresos para el actual ejercicio solo contempla la erogación para este concepto de cuarenta y seis millones de pesos y no de los trescientos cincuenta que costarían las láminas. En el supuesto que la actual administración hubiese logrado gestionar recursos adicionales para adquirir las nuevas placas, ¿porqué no hizo lo mismo para poder cubrir los muchos adeudos que tiene con sus proveedores?. El gobierno podría argumentar que «la gratuidad» del reemplacamiento se iba hacer pensando en la situación económica difícil por la que atraviesa la población, sin embargo, lo cierto es que muchos propietarios de vehículos que no están al corriente de sus pagos, precisamente por la insuficiencia económica, hubiesen sido estos quienes tendrían que pagar mas de mil trescientos pesos por vehículo, para poder hacer el tramite del reemplacamiento frente a los doscientos setenta pesos que pagarían los otros que si han cumplido y ciertamente lo han hecho porque forman parte de los deciles de la población con mayores ingresos económicos.

Desgraciadamente este tipo de impuestos y/o derechos no se ciñen al precepto constitucional de progresividad, ya que lo mismo paga el propietario de un vehículo de lujo de más de un millón de pesos que el propietario de un austero auto compacto cuyo valor no excede los ciento cincuenta mil pesos. Realmente esta decisión del reemplacamiento no iba ser de ninguna manera gratuita para nadie, ya que al menos los propietarios de vehículos hubiesen tenido que pagar el supuesto valor de las láminas, luego entonces ¿Cómo fue que se tomó esta decisión al cuarto para las doce del fin de este gobierno, si las finanzas públicas viven uno de sus peores momentos y se dice que no hay dinero ni para pagar las rentas de los edificios que albergan las dependencias administrativas ni tampoco para pagar salarios, bueno, al grado que se dijo hace unos dias que no había dinero ni siquiera para pagar la gasolina de las patrullas ni de las ambulancias?

Con todos estos antecedentes ¿Quién en su juicio podría creer que esta decisión que el gobierno intentó implementar era para ayudar a la economía del estado y de su gente?, quienes hayan sido los autores de esta intentona ¿creerán qué la gente es tan tonta como para no darse cuenta que atrás de esa decisión había un marcado interés, que no era precisamente el interés público?.

En virtud de todo ello fue oportuno y correcto el exhorto que el Congreso del Estado hizo al titular del Ejecutivo del estado para que sea suspendido de inmediato ese decreto administrativo por ser altamente lesivo para el estado y la población.