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Morelia, Mich., 20 de septiembre de 2015.- La decisión personal del gobernador Salvador Jara de emprender un reemplacamiento gratuito, pero con carga al erario, resulta cuestionable y se presta a la sospecha debido a que lo hace vía decreto a 10 días de dejar el cargo, y porque no esclarece si heredará una nueva deuda a la administración entrante, advirtió Carlos Torres Piña.
El dirigente del PRD refirió que la decisión de Jara se tomó sin previo aviso y sin reportarlo en las mesas de entrega-recepción, además de que esta erogación por 350 millones de pesos no está contemplada ni en la ley de ingresos, ni el presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal.
«En términos de la ley de presupuesto de Egresos, esta medida para el presente año tiene autorizados 46 millones de pesos y no los 350 millones que pretenden erogar», detalló Torres Piña.
Torres Piña subrayó que en el rubro de derechos que le corresponden al estado, al eximir del pago del cambio de placas por un medida «gratuita», los actuales funcionarios violan preceptos de la Ley de Ingresos con los que podrían incurrir en responsabilidades administrativas y penales.
Agregó que el Gobernador en funciones debe esclarecer si pretende heredar a la próxima administración el pago de más de 350 millones de pesos, sin aclarar a qué empresa o si se trata de una asignación directa.
«Se trata de un compromiso que Salvador Jara tiene que saldar, para lo cual asigna recursos directos a un tema que no es necesario en estos momentos en Michoacán, y se niega a pagar los adeudos que arrastran las dependencias con proveedores», reiteró el dirigente del PRD michoacano.
Consideró que hasta el momento no es claro si los recursos fueron asignados para el presente ejercicio fiscal o el del 2016, y si ya fueron depositados por las dependencias federales.
Asimismo, Torres Piña indicó que las placas que mandó hacer Salvador Jara podrían no estar cumpliendo con los requisitos determinados por la Norma Oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual permite hasta un año después de haberse vencido el plazo para poder reemplacar bajo los parámetros de seguridad federales.
