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Columna Política «El Mirador», Por Manuel Lozada.- Florentino Coalla Pulido, delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán, fue inhabilitado para ejercer cualquier actividad en el servicio público en 2001, por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (antecedente de la ahora Secretaría de la Función Pública). Ello, por detectarle irregularidades y un daño patrimonial al Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), en el que se desempeñaba como Coordinador Administrativo de la Dirección Nacional.
El 13 de junio de 2001, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), informó a través de un comunicado de prensa de la destitución e inhabilitación por diez años del servicio público, de Coalla Pulido, a quien además le fue requerido resarcir a la hacienda pública 2.8 millones de pesos, que fue el doble de lo que le fue detectado como manejo irregular.
El boletín citado señalaba:
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) informa que dentro de los primeros resultados de las auditorías aplicadas al Banco Nacional de Crédito Rural S.N.C (Banrural) y al Banco Regional en Centro Sur, se detectaron irregularidades que presumen un daño económico para la Institución por más de 1.5 millones de pesos. Las revisiones emprendidas por el Organo Interno de Control de la Secodam, establecieron la presentación de facturas que no fueron reconocidas como expedidas por los proveedores o carentes de requisitos de ley, para cubrir gastos realizados para el comedor de la Dirección General y comprobantes de pago de viáticos para el Gerente Regional Centro Sur. La Dirección Jurídica del Banrural presentó denuncia de hechos en contra de quién resulte responsable ante la Procuraduría General de la República (PGR) frente a la posibilidad de que las irregularidades puedan constituirse en la comisión de delitos.
Adicionalmente, la Secretaría de Contraloría emprendió Proceso Administrativo de Responsabilidades en contra de varios servidores públicos involucrados en estas irregularidades, resolviendo en algunos casos en destitución, inhabilitación y/o restitución del daño patrimonial. Con estos hechos la Secodam reitera su compromiso decidido por construir una nueva cultura de rendición de cuentas en la Administración Pública Federal y de cero tolerancia a las prácticas deshonestas, a fin de recuperar la confianza ciudadana en sus dependencias; en tanto que las nuevas autoridades del banco contribuyen a denunciar estos actos indebidos, con objeto de transparentar y eficientar los servicios financieros que la Institución ofrece a un importante sector productivo del país.
Irregularidades en la Dirección General del Banrural:
En cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría de la Secodam, se realizó una revisión a la Dirección General del Banrural por parte del Organo de Control Interno (OCI), a cargo del C.P. Luis B. Correa, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: La revisión comprendió el ejercicio de los años de 1998, 1999 y 2000 y ésta reveló que los gastos de la Dirección General en las compras del comedor registraban una tendencia elevada durante los últimos tres años. Este incremento se detectó en el rubro de compras de vinos y licores para el área del comedor de la Dirección General, mismas que no fueron acreditadas.
Asimismo, se encontraron 68 facturas por un importe de $ 1 millón 407 mil 261 pesos, de las cuales algunas no fueron reconocidas por el proveedor y otras no reúnen los requisitos del Código Fiscal de la Federación, por lo que no se acreditó el ejercicio del gasto en los años de referencia, lo que implicó para la Institución un quebranto por la citada cantidad. A lo largo de estos tres años, los gastos del comedor –en el rubro de vinos y licores– fueron del orden de $ 1 millón 792 mil 802 pesos, de los cuales se pudo confirmar durante la auditoría que $ 1 millón 407 mil 261 pesos fueron pagados por compras que jamás se acreditaron.
Ante estos hechos, la Dirección Jurídica del Banrural presentó el 1 de febrero del año en curso, denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR), frente a la posibilidad de que las irregularidades puedan constituirse en la probable comisión de delitos. De la misma manera y con fecha 30 de mayo de 2001, el área de responsabilidades de la Secodam resolvió la destitución en sus funciones de Florentino Coalla Pulido, quien se desempeñó como coordinador administrativo de la Dirección General del Banco.
El citado funcionario también fue inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de 10 años y deberá pagar la cantidad de $ 2 millones 814 mil 522 pesos, es decir, deberá resarcir dos veces el daño económico ocasionado conforme lo marca la ley”.
