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04 de julio, 2015 — El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó hoy a las autoridades mexicanas a tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer recientemente en relación con la muerte de 22 personas, incluida una niña de 15 años, hace un año durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya.
Según las autoridades mexicanas, todas las muertes sucedieron como consecuencia del tiroteo que se produjo durante el enfrentamiento, pero informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes señalaron que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, y afirma que el resto murieron durante la operación. Además, no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicado en el caso Tlatlaya.
La nueva información dada a conocer consiste en documentos militares que revelan las órdenes de operaciones dadas al oficial a cargo de la operación, incluyendo la directiva de que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes”. Según el experto, las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario.
“Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”, señaló. “La perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza”.
El relator especial también expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones. “A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, declaró el experto en derechos humanos. “Aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados”.
“Las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya”, señaló Heyns. “Esta responsabilidad incluye también la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el caso.”
En el informe que emitió en 2014 tras una misión a México, el experto señaló los riesgos que para el derecho a la vida supone utilizar el “paradigma militar” en tareas de seguridad y recordó la obligación del Estado de asegurar que las acciones de sus fuerzas de seguridad, incluyendo aquellas realizadas por las Fuerzas Armadas, respeten los estándares internacionales.
El experto independiente instó a las autoridades mexicanas a realizar esta investigación totalmente en el ámbito civil, para garantizar su independencia e imparcialidad, y por lo tanto su efectividad.
“México puede mostrar su compromiso con los derechos humanos, no sólo resolviendo el caso Tlatlaya y asegurando el fin de la impunidad, y la reparación integral a las víctimas, sino también cumpliendo todas las recomendaciones contenidas en mi informe de misión, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en 2014. Para ello, ofrezco al Gobierno mexicano mi completa colaboración y apoyo” concluyó Heyns.
