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Morelia, Mich., 13 de mayo del 2015.- En Michoacán es urgente una política clara y efectiva en materia de vivienda, garantizando a la población que su patrimonio se encuentra en lugares que no son zonas de riesgo, subrayó la legisladora Laura Cruz Andrade, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la LXXII Legislatura local.
De acuerdo a la diputada por el distrito de Maravatío, son cerca de 300 mil viviendas, las que conforman el déficit que en materia de vivienda que registra Michoacán al año, y agregó que en la última década la demanda de vivienda en la entidad se ha duplicado, tanto que, mientras en 2003 las estimaciones del déficit de vivienda arribaban a las 125 mil casas en la entidad.
Para la también integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso local, son conservadoras las estimaciones del gobierno estatal en torno al déficit de vivienda, que lo ubican sólo en 50 mil casas, mientras el sector de la construcción habla de al menos 300 millares.
“Hay que recordar que las ciudades en el Estado viven serios problemas de asentamientos irregulares y, con las consecuencias que ello implica, lo que es ocasionado por la necesidad de la población a un satisfactor primario como lo es la vivienda”.
Recordó que Morelia es la que absorbe la mayor demanda de vivienda, aunque en lugares como Uruapan se estima el déficit en 20 mil viviendas, y que Michoacán forma parte de las 23 entidades de la República con déficit de vivienda según los datos del Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), incluso de ese universo, nuestro estado ocupa el décimo lugar con mayor requerimiento de casas”.
En contrapartida, señaló que los estados de Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Quintana Roo, Yucatán, Coahuila, y Colima, registran un superávit en vivienda con un saldo positivo del 56 por ciento.
No obstante los requerimientos de vivienda en la entidad, la diputada apuntó que la autoridad debe actuar con toda responsabilidad al otorgar licencias de construcción a las urbanizadoras, sobre todo la experiencia de afectaciones a zonas urbanizadas de manera irregular tras las contingencias ambientales.
