Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
09 de marzo del 2015.- “La tortura y los malos tratos son generalizados en México“, concluyó el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez.
En el informe elaborado tras una visita al país en 2014, sobre el que se debatirá este lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, señala que los hechos incriminados ocurren “durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia”, y “ocurren en un contexto de impunidad“, cuya “finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.
Méndez precisó en su informe: ”Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”, en hechos de tortura.
Para erradicarla, el relator recomendó una serie de medidas, entre otras, que México reconozca “públicamente la dimensión de impunidad respecto a las torturas y malos tratos” y castigue “toda represalia contra víctimas”.
Méndez denuncia que “las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar eimpedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”.
El relator denuncia la deficiencia de los exámenes médicos, dado que raramente se constatan alegaciones o evidencias de torturas; la falta de control sobre la legalidad y el plazo de la detención; y que las declaraciones se presentan sin intervención judicial ni presencia del abogado.
Méndez criticó que no se inician investigaciones de oficio, ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura.
Ante este panorama, el relator urgió reformas legislativas para adaptar la normativa a los estándares internacionales para efectivamente prevenir, evitar, juzgar y castigar todos los actos de tortura o malos tratos.
Uno de los actos “urgentes” que México debe emprender es la investigación de todas las denuncias presentadas hasta la fecha, incluidos “los sucesos pendientes de la Guerra Sucia”.
En el mismo sentido, recomendó suspender inmediatamente a los funcionarios sospechosos de aplicarla; y ordenar a los fiscales y jueces que excluyan de oficio cualquier prueba de la cual se tenga sospecha que ha sido obtenida bajo malos tratos.
Asimismo, Méndez pide que se retire “definitivamente” a las Fuerzas Armadas de las labores relacionadas con la seguridad pública.
El relator mencionó en su informe el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014: ”La inaceptable tragedia constituye una llamada urgente al gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos”.
Con información de Aristegui Noticias
