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Morelia, Mich., 24 de febrero 
del 2015.- En vísperas del arranque del Nuevo Sistema de Justicia Penal es importante que el Congreso del Estado continúe con la aprobación de normas que garanticen el respeto de los derechos humanos, como es el caso de la iniciativa de ley contra la tortura para la entidad, afirmó el diputado José Eleazar Aparicio Tercero.
El diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos, reiteró que en Michoacán es necesario un marco normativo específico para prevenir y sancionar la tortura, esto frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el estado y la acción de fuerzas policiacas que en muchos casos transitan más allá del umbral de la legalidad en sus operativos.
Asimismo, sostuvo que la sociedad en su mayoría sigue percibiendo a Michoacán como un estado inseguro, en donde las violaciones a los derechos de las personas, son protagonizadas también por autoridades y no sólo por delincuentes. Claro ejemplo de ello es que el 72.3 por ciento de los michoacanos mayores de edad consideran al estado como inseguro, esto conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
Por tal motivo José Eleazar Aparicio insistió en la necesidad de que en la LXXII Legislatura de Michoacán se continúe con la aprobación de normas que garanticen el respeto de los derechos humanos en la entidad.
El diputado local por Distrito de Pátzcuaro, resaltó la importancia de que se legisle en materia de tortura, “hoy se precisa una revisión integral en la materia, ya que una ley específica permite una mayor especialización, y ser más concretos en el avance del cumplimiento de los tratados internacionales de los que México forma parte”. No hay que olvidar que el año pasado Michoacán ocupaba el quinto lugar en materia de tortura, esto antes de que se instrumentaran en la intensidad que ahora tienen los operativos de seguridad”.
En ese contexto, los compromisos internacionales asumidos por México en materia de prevención y sanción de la tortura, establecen por un lado, la urgente necesidad de armonizar las leyes de tortura en cada país y en cada estado, con el contenido de dichos tratados internacionales, y por otro lado, la necesidad de legislar en el derecho interno de cada país, para establecer su obligatoriedad y cumplimiento.
“Una ley específica nos permitiría establecer como política pública de Estado, la protección y defensa de la integridad de la persona, definiendo los mecanismos jurídicos, administrativos y sociales necesarios, para prevenir todo acto de tortura, así como para reparar el daño ocasionado y sancionar a sus responsables”, especificó
