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Morelia, Mich., 18 de diciembre de 2014.- Tras crear por enésima ocasión problemas a la ciudadanía de la entidad michoacana, el Gobierno de Salvador Jara busca justificar sus torpezas y busca explicar el porqué no ha pagado el aguinaldo a los trabajadores, además de no otorgar el aumento salarial que les corresponde a los integrantes del STASPE y sobre la deuda que tiene por cerca de 600 millones de pesos con Pensiones Civiles del Estado. A continuación la versión oficial:
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, ha cumplido en tiempo y forma con el pago de salarios y prestaciones a sus trabajadores, afirmó el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez.
El acuerdo con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), fue que el día 19 del presente mes se pagará la primera parte del aguinaldo y en enero la segunda, “¡y así será!”, aseguró.
Al fijar la postura del Gobierno del Estado en torno al paro de labores y bloqueo de calles en inmediaciones de las oficinas gubernamentales que realizaron este jueves los afiliados al STASPE, señaló que las obligaciones que tiene el gobierno estatal, como parte patronal, no están a discusión; “nosotros no regateamos ni desconocemos los derechos que tienen los compañeros trabajadores”, indicó.
El encargado de la política interna del estado recordó que en abril de este año, antes de la administración del doctor Salvador Jara Guerrero, los trabajadores estallaron una huelga que las autoridades laborales declararon ilegal; no obstante, el Gobierno del Estado mantiene el ofrecimiento que se les había hecho de un incremento salarial de 3.5 por ciento y 1.2 por ciento en prestaciones.
Jaime Darío Oseguera señaló que esos montos están dentro del rango de los aumentos que recibieron los trabajadores sindicalizados del país este año, aunque lejos del 20 por ciento que pretende el STASPE y que el Gobierno del Estado no está en condiciones financieras de cubrir.
Por esas razones, el secretario de Gobierno recalcó que el paro laboral y el estrangulamiento de la ciudad no tuvieron sustento legal ni económico.
