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México; DF, 13 de diciembre 2014.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que las manifestaciones son una expresión de hartazgo ante la impunidad por la complicidad entre algunas autoridades y delincuentes, además de que las instituciones de gobierno no actuaron de forma adecuada ante diversos hechos en algunas regiones del país, como Iguala y Tlatlaya.
“No hay manera de recuperar la engañosa normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlataya, porque era anómala, estaba sentada en parte en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas.
“Entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país, sino de establecer prioridades”, señaló durante la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos 2014.
Además, dijo que “la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad han provocado, además de dolor e indignación, un sentimiento de desconfianza hacia nuestras instituciones, de malestar, de fractura en nuestro estado de derecho, así como una percepción de lejanía e indiferencia de las autoridades ante los reclamos de la sociedad.”
En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos consideró que los “oprobiosos” hechos de Iguala y Tlatlaya no son producto de una “generación espontánea”, “las condiciones que los propiciaron se gestaron paulatinamente desde hace tiempo. Los mexicanos tenemos un reclamo de justicia y de verdad”.
Afirmó que “todo el apoyo al ejercicio de la libertad d expresión y de la protesta pacífica dentro del contexto de la ley, y la aplicación estricta de la misma a quien ejerza violencia afectando derechos e intereses de terceros”.
Por ello, mencionó que es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades expresadas y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente.
“Casos tan condenables como los de Iguala y Tlatlaya han sacudido nuestra conciencia”, señaló el ombudsman nacional.
Por otra parte, Juan Manuel Estrada Juárez, galardonado con el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2014, dijo que se necesita una comisión que actúe con mayor decisión y firmeza “con mayor diligencia y entrega, sin pausas y con el convencimiento de ser la voz de aquellos que no la tienen o que la han perdido”.
Destacó que el poder público tiene el límite esencial de sujetarse a las leyes, así como el ejercicio de los derechos también debe sujetarse al marco de la ley y debe de llevarse a cabo por cauces institucionales. Por ello, “la injusticia, la mentira y la violencia, sea cual sea su origen, agreden y debilitan a México. La verdad, la transparencia, el imperio de la ley y el diálogo: nos fortalecen a todos”, apuntó.
Indicó que es la hora de cerrarle el paso a la corrupción y a la impunidad. “Los mexicanos anhelamos estadistas como usted, no políticos que velan por sus intereses personales. Hoy, la sociedad civil demanda ser parte de las decisiones fundamentales. Hoy, más que nunca, el gobierno y la sociedad debemos de trabajar juntos”.
