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Artículo de Fondo, Por Arturo Herrera Cornejo.- El presidente Enrique Peña Nieto cumple este 1º de diciembre dos años en el poder en medio de la adversidad. El país no crece, la seguridad colapsó, confluyen en un solo torrente las inconformidades. Pasó ya la barrera que establece la Constitución para la convocatoria a elecciones extraordinarias y se ve muy difícil que el presidente dimita; sin embargo, su credibilidad mermó y el margen de maniobra que tiene hoy es bastante reducido en comparación con el de hace apenas unos meses. La bola de nieve crece.
En la víspera, fueron liberados por orden de los jueces los 11 detenidos que habían sido internados en penales federales de alta seguridad, a quienes el gobierno quiso responsabilizar de los disturbios registrados frente a Palacio Nacional, al valorar que no existieron elementos de prueba sólidos, mas que los testimonios de los propios policías que los detuvieron.
La imagen del gobierno mexicano en el mundo está totalmente deteriorada. Ello se reflejó en la portada del diario Le Monde, uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo, que publicó el lunes 24 de noviembre en su primera plana una fotografía tomada la noche del jueves 20; en la imagen destacada por el rotativo, se ve a jóvenes en actitud decidida, sin máscaras, frente a Palacio Nacional en medio de la noche, las vallas derribadas la policía alineada frente a la sede del poder ejecutivo mexicano con sus escudos antimotines; el título es demoledor: “La revuelta de los mexicanos contra el Estado-mafia”. El periódico francés señaló también: “La desaparición de 43 estudiantes provoca unas crisis política; los manifestantes reclaman la dimisión del presidente Enrique Peña Nieto”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anticipó que el presidente daría a conocer medidas en materia de justicia y estado de derecho, decisiones respecto a lo que no ha funcionado, a lo que se tendría que renovar y que habría un anuncio importante. El jueves se efectuó en Palacio Nacional una ceremonia a la vieja usanza, no hubo tal anuncio; si, en cambio acciones superficiales como que el 066 se cambiará por el 911; pasó la pelota al Congreso con varios puntos que ya habían sido planteados por las administraciones de Fox y Calderón, como el establecimiento de las policías estatales únicas, la cédula de identidad y los operativos en Tierra Caliente. Lo novedoso, pero insuficiente, es la propuesta de una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.
El presidente no reconoció que en materia de seguridad hay un fracaso del Estado mexicano, no se anunció ninguna medida para reorganizar las instituciones, ni un reajuste en la estructura del poder que haga funcionar efectivamente la coordinación entre los tres niveles de gobierno; no se contemplaron medidas que impidan que con recursos del crimen se paguen campañas políticas para diputados o gobernadores, se limitó sólo al ámbito municipal. Tampoco reconoció casos, como los vividos en Michoacán y Tamaulipas, donde incluso las policías estatales fueron infiltradas por la delincuencia.
Al presidente le faltó autocrítica al hablar de la corrupción; el asunto de la “Casa Blanca” es visto por la mayoría de los mexicanos como un caso de corrupción que no ha sido debidamente aclarado, es percibido como el pago en especie de un soborno por la asignación de contratos de obra pública. A ello se suma la revelación de que el propietario del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, facilitó la casa que Peña Nieto usó en precampaña, campaña y como presidente electo en 2012.
Un día después de que Peña Nieto llamara a fortalecer las instituciones, el estado de derecho y acciones para proteger los derechos humanos y evitar la tortura, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la capital del país, ocurrió una detención que mostró que el gobierno mexicano fue el primero en violar la ley; el joven Sandino Bucio, fue subido por civiles armados, a la fuerza a un automóvil particular; se trató de una detención ilegal efectuada sin orden de aprehensión, sin respeto al debido proceso y violando los derechos humanos; el destino del estudiante fue la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde fue golpeado; las imágenes del secuestro fueran subidas a redes sociales y se viralizaron. Exhibido, el gobierno no tuvo más remedio que liberarlo en las primeras horas del sábado.
En el caso de Michoacán, en el anuncio presidencial nuestro estado quedó excluido de la inversión por 195 mil millones de pesos destinados a las entidades con mayor marginación, esos recursos se aplicarán solamente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; únicamente serán incluidos en las zonas económicas especiales los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero como de Michoacán. Es de destacar también que contrario al triunfalismo del Comisionado Alfredo Castillo, dos anuncios del presidente desatan interrogantes sobre el optimismo que ha mostrado quien gobierna de facto al estado: ¿el esquema de la Fuerza ciudadana y la Fuerza Rural será un experimento fallido de concretarse una sola policía estatal?, y ¿si todo está resuelto en Michoacán en materia de seguridad, por qué el anuncio de un nuevo operativo en la Tierra Caliente?
