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Morelia, Mich., 12 de noviembre de 2014.- Las revelaciones del dirigente estatal del PAN de que el diputado Alfonso Martínez utilizó el tema del refinanciamiento y reestructura de la deuda en la entidad para exigirles a los proveedores y acreedores del gobierno recursos para ser utilizado en su aspiración a la alcaldía de Morelia, no sólo exhibe un escándalo de corrupción mayúsculo en el Congreso Estatal, del cual el diputado panista es presidente, sino que debe obligar a la Auditoría Superior del Estado a revisar el proceso de conformación del decreto 22, destacó el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña.
El líder del perredismo calificó de graves y esclarecedoras las declaraciones de Miguel Ángel Chávez Zavala en donde evidencia que Martínez Alcázar, el alfil de Luisa María Calderón para la alcaldía de Morelia, pidió mochada a los empresarios que son proveedores y acreedores del gobierno estatal, para que el PAN autorizara la aprobación del Decreto 22 del refinanciamiento, así como reestructura de la deuda en la entidad.
“Estamos frente a un escándalo de corrupción mayúsculo al seno del Congreso del Estado, en donde su presidente, el diputado del PAN Alfonso Martínez intenta aprovecharse de la aprobación de la reestructuración de la deuda pública, para pasarle charola a constructores a los que se les adeudan millones de pesos por parte del gobierno del estado y que se verían inmediatamente beneficiados con la reestructura o ampliación de la deuda. Exigimos que la ASM revise con lupa el proceso que lleva dicho decreto en el Congreso estatal”, demandó Torres Piña.
Destacó que sí se llega a comprobar que el presidente del Congreso del Estado pasó charola a proveedores, el propio PAN debe de suspender su intento de participar en el próximo proceso electoral, ya que Martínez Alcázar, su jefa política Luisa María Calderón y todo el panismo están señalados por esos señalamientos de corrupción y malas prácticas legislativas.
El líder del PRD reiteró que solicitará a los diputados del partido que sean minuciosos y escrupulosos al momento de revisar el tema del Decreto 22, ya que es necesario estudiar, revisar y analizar puntualmente el destino de los recursos públicos, así como datos que permitan conocer los fondos que fueron reestructurados durante el 2012 con diversas instituciones bancarias.
Asimismo, enfatizó que Martínez Alcázar debe abstenerse de revisar dicho proceso legislativo, por evidente conflicto de intereses.
