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Artículo de Fondo, por Arturo Herrera Cornejo.- La puerta de Palacio Nacional el llamas y el incendio de vehículos frente al palacio de gobierno en Chilpancingo, fueron la respuesta a la conferencia de prensa en la que Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, adelantó cual será el desenlace de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin oficializar que fueron asesinados, presentó las declaraciones de tres participantes en los hechos que dijeron que los normalistas fueron quemados y los restos de sus cenizas arrojados al río San Juan.
En la comparecencia de Murillo Karam ante los medios, se hizo evidente que el Ejército mexicano sí se dio cuenta de lo que estaba pasando la noche del 26 de septiembre en Iguala, pero que no actuó para impedir la detención, el traslado de los estudiantes y su posterior entrega por policías municipales a un grupo delincuencial, porque no recibió órdenes.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, había planteado el lunes 3 de octubre, la firma de un acuerdo nacional contra la violencia, al que se integrarían los representantes del Estado Mexicano, las fuerzas políticas y a las organizaciones civiles con el propósito de asumir el compromiso de emprender cambios de fondo, fortalecer las instituciones y asegurar la vigencia plena del estado de derecho en nuestro país, según expresó el mandatario mexicano.
Sin embargo, la falta de credibilidad que existe hacia quienes serían los firmantes de ese acuerdo y la ola de señalamientos de que se trataría de un acto protocolario nada más para la foto, el video y el audio; dado que se han llevado a cabo muchas ceremonias semejantes en el pasado reciente; hicieron que se frustrara por lo pronto ese proyecto. Se pretendía que la ceremonia se efectuara antes de que Peña Nieto partiera a China.
Esa película ya ha sido vista muchas veces. Ernesto Zedillo convocó a una “Cruzada Nacional contra la delincuencia”; Vicente Fox llamó a una “Cruzada contra el narcotráfico y el crimen organizado”; Felipe Calderón firmó el “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad” con gobernadores, legisladores, Ministros de la Corte, organizaciones sociales y medios de comunicación. Dados los resultados que se obtuvieron de estos pactos, es evidente que a lo largo de 20 años las cosas en materia de seguridad han empeorado.
El problema no está únicamente en tener mejores policías. Es la estructura del poder la que está fallando; ya dio de sí, la crisis por la que atraviesa México tendrá necesariamente que desembocar en una reforma del Estado. México pasó de la Dictadura perfecta a la democracia truncada con un Estado sin poder, superado en muchas regiones del territorio nacional por grupos de la delincuencia organizada que incluso han llegado a controlar a las autoridades; del presidencialismo omnipotente el país pasó a sufrir una confederación de poderes regionales en los que el binomio autoridades municipales-delincuentes acabó imponiéndose.
México se enfrenta hoy a la más profunda crisis de derechos humanos de su historia, la cuial no ha sido reconocida por el gobierno federal, Amnistía Internacional señaló que “trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia».
La matanza de copreros en 1967 en Acapulco; los asesinatos contra quienes pacíficamente se manifestaron contra el gobernador Raymundo Abarca Alarcón en la década de los sesentas del siglo XX y que provocaron el surgimiento de las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas; la “Guerra Sucia” de los años setenta que emprendió el Estado mexicano para exterminar a los guerrilleros de la época y de la que el estado de Guerrero fue uno de sus escenarios principales con el secuestro y desaparición de los insurgentes y de sus familiares; que incluyó los vuelos de la muerte que partían de la base militar de Píe de la Cuesta para arrojar al mar a los detenidos; sirven para explicar la radicalización que hoy existe en algunos sectores de aquel estado.
Pero ni en los años de la “Guerra Sucia” hubo en México tal número de desaparecidos como el registrado en los últimos años, según cálculos del propio gobierno de la República, PGR y SEGOB, hasta mediados de 2014 se calculaba que hay 22 mil 322 personas de las que se desconoce su paradero, su status es ni vivos ni muertos. (El Universal, 5 de Octubre de 2014).
México tiene que lograr la consolidación de un Estado democrático y constitucional que garantice la vida y la integridad personal de todos y cada uno de los individuos que habitan este país, ese es el asunto de fondo.
