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Morelia, Mich., 29 de octubre del 2014.- La tragedia de los jóvenes de Ayotzinapa ha puesto al desnudo la incapacidad, la mezquindad política, la perversidad de nuestros gobernantes y el fracaso de la estrategia nacional de seguridad. En esta tragedia se condensa toda la mala política del país y todas las omisiones a los reclamos ciudadanos. Es una condensación de la crisis nacional, declaró Giuliana Bugarini Torres, a nombre de los jóvenes integrantes de Poder Ciudadano de Michoacán.
Preocupados por la difícil situación que vienen atravesando las juventudes de Michoacán y de todo el país, Giuliana Bugarini señaló que la descomposición extrema de los partidos políticos, la finalidad elitista y antipopular de las reformas estructurales, de origen cupular y que dejaron fuera a los individuos, y la inexistencia de políticas preferentes para los jóvenes de todo México, son la consecuencia del divorcio entre el poder político y los ciudadanos que el sistema de partidos ha construido para monopolizar el poder.
Acompañada por el dos veces candidato a la Gubernatura de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristobal Arias y por jóvenes luchadores sociales, Bugarini Torres dijo que el dolor, la indignación y la protesta social que se ha desencadenado por la desaparición de los 43 normalistas son en sí mismos una crítica severa contra quienes conducen las instituciones de la república y contra un sistema que no ofrece suficientes esperanzas para la inclusión de los jóvenes en la vida educativa, económica y política del país. En contraste México es un país de jóvenes, de los 120 millones de habitantes, 40 millones tienen entre 13 y 30 años de edad; pero sólo 3 de cada 10 jóvenes pueden acceder a la educación superior; el 70% de los egresados de las escuelas superiores tienen serias dificultades para encontrar un trabajo y cuando lo encuentran son mal pagados; México está perdiendo el bono demográfico -el mayor porcentaje de jóvenes en edad productiva-, por el desempleo y lo está transformando en un bono de conflicto social por la insuficiencia de políticas públicas para ellos. En estados como Michoacán y Guerrero, con graves problemas de inseguridad y de crecimiento económico, la juventud encara penurias aún mayores.
El documento leído por Giuliana, denuncia la incapacidad de las instituciones del Estado mexicano para proteger la vida y las libertades democráticas de los jóvenes y ciudadanos en diversos estados de la república, hablan de la ineptitud y carencia de proyecto de gobernabilidad democrática y de voluntad de quienes dirigen las instituciones para hacer de México una nación con oportunidades efectivas para todos, principalmente para los jóvenes y los grupos más vulnerables. Es la hora para replantear el proyecto de nación, para que sean los ciudadanos y los jóvenes los actores centrales y no los poderes fácticos, legales e ilegales quienes conduzcan el destino de México,
El documento presentado este medio día a los diferentes medios de comunicación, agrega que a la luz de los hechos es evidente que las reformas prioritarias que los mexicanos necesitábamos -y seguimos necesitando-, no eran las recomendadas por los grandes capitales internacionales y que se hicieron aprobar, sino otras: las que representaran la satisfacción de las necesidades del pueblo de México; que permitieran el abatimiento de la profunda desigualdad económica; que permitieran la inclusión plena de los jóvenes en la educación, la cultura, el empleo, la iniciativa económica y la participación política.
Hoy en México tenemos que hablar de la otra agenda de reformas, de la agenda vital que transformada en poder público y en leyes garantice a todos los mexicanos la vida, el trabajo, la educación, la salud y el ejercicio de todas las garantías individuales y derechos humanos, que hasta ahora no se están garantizando.
El ancestral olvido y desprecio hacia la juventud y la vida de los mexicanos ha hecho crisis con las desapariciones de Iguala, como en su momento ocurrió con el asesinato de los jóvenes de Ciudad Hidalgo, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, o los asesinatos y desaparecidos en Michoacán. La emergencia del movimiento politécnico por la democratización y el desbordamiento del furor juvenil en la protesta social, exigiendo el esclarecimiento de las desapariciones, el castigo a los criminales y el repudio a la corrupción, son la expresión de la voz cívica que clama un ¡ya basta! a la impunidad; que clama por hacer respetar nuestra constitución y sus principios democráticos.
Los orígenes de esta terrible tragedia se encuentran en el modo perverso en que funcionan las instituciones del sistema, mismas que sólo simularon la transformación con el advenimiento de la transición democrática. La descomposición a la que han llegado, gracias a la impunidad que ha prevalecido y a la complicidad de las élites que ejercen el poder, ha arruinado el desarrollo democrático del país y frustrado los esfuerzos de la sociedad por la justicia.
Por eso no bastará con saber el destino de los jóvenes desaparecidos; no bastará con el castigo a los culpables; no bastará con la renuncia de servidores públicos; no bastará con el castigo electoral a los partidos corrompidos. Todo el sistema tiene necesariamente que ser transformado si queremos un México diferente.
Poder Ciudadano de Michoacán propone a la sociedad mexicana, y Michoacana en particular, que transformemos el coraje de la indignación en propuestas y acciones de cambio, para hacer valer la agenda de los ciudadanos en materia de seguridad, de desarrollo económico para atacar la desigualdad y el desempleo, y de reforma política para erradicar la corrupción y los privilegios de la partidocracia.
Exigimos al gobierno promover y facilitar a la ciudadanía la creación de esta Nueva Generación de Reformas que pongan en el centro del debate público los más sentidos problemas de México; generación de reformas que soportadas en la participación de los jóvenes, terminen con un sistema que ha sido diseñado para que los ciudadanos seamos marginados; generación de reformas para rediseñar las instituciones que nos permitan terminar de una vez por todas con la impunidad; que generen políticas públicas que den certeza al futuro de la juventud mexicana; que movilicen los recursos y estrategias necesarias para generar los empleos demandados por los jóvenes; que aperturen la vida política nacional para que con o sin partido los jóvenes y los ciudadanos participen en las decisiones de gobierno.
Firmantes:
Alfonso FernándezCano y Rosales, Alfonso Solórzano Fraga, Antonio Soto Sánchez, Ariel Paque, Arturo Tonathiu Pérez Lemus, Austreberto Viveros Ortega, Cristóbal Arias Solís, Giuliana Bugarini Torres, Jesús Díaz Acevedo, Julio Antonio Santoyo Hernández, Julio Santoyo Guerrero, Luis Cortés Origel, Rafael García Tinajero.
