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México, D.F., 12 de octubre de 2014.- Fue una muerte anunciada. Arturo Hernández Cardona sentía cerca el gélido y fétido aliento del homicida. Las amenazas aumentaban. Presentía que iban a cazarlo. Conocía a su asesino a la perfección. Lo denunció penalmente. Lo exhibió ante sus compañeros de partido. Nadie hizo caso. Y asumió de manera estoica su destino manifiesto: “Hija, te encargas de todo. El alcalde me quiere matar”, le dijo a María Soledad, la mayor de todos.
Unos días antes, el perredista y fundador de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) había interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público de Pueblo Hidalgo contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por tener en la nómina municipal a sus familiares y principalmente por la sospecha de “que ordenara privarle de la vida” a él y a otros compañeros.
“Tenemos el temor fundado de perder nuestras vidas”, dijo Hernández Cardona al alcalde en una sesión pública celebrada el primero de abril del año pasado en el palacio municipal de Iguala. “Te hacemos responsable si alguien de nosotros fallece por balas criminales y asesinas; te hacemos responsable si algún compañero nuestro cae abatido en esta lucha donde estamos exigiendo que salgan tus familiares de este ayuntamiento”, le dijo, según consta en la denuncia ahora “extraviada” en el juzgado, que presentó el 29 de mayo del año pasado, integrada en el expediente: HID/SE/01/0758/2013, al que ha tenido acceso La Jornada.
“Mi padre dejó un buen testamento identificando a quién lo quería matar”, dice María Soledad, de 29 años, química y especialista en virología. “Estaba consciente. Era muy congruente y asumió esa realidad; asumió las consecuencias de la lucha social. Lo presentía, por eso denunció al alcalde”.
Hernández Cardona solicitó la intervención del Ministerio Público para iniciar la investigación y evitar así algún hecho delictuoso más grave: “José Luis Abarca Velázquez puede ordenar privarnos de la vida a los dirigentes de las distintas organizaciones de la Unidad Popular, e incluimos además a María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF, y a Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública, porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento no tenemos enemigos de quien andarnos cuidando, únicamente el delito que consideramos hemos cometido es la lucha política donde estamos exigiendo que la autoridad en turno dé cumplimiento a la Ley Orgánica del municipio libre…”, dijo el luchador social frente a las autoridades municipales.
La reacción iracunda del alcalde Abarca Velázquez fue inmediata. Se levantó de su asiento y le espetó: “Estás loco y pendejo. Ahora nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten con tantos problemas que tienes, cabrón”.
Para rematar, su esposa, la primera dama de Iguala y presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, se acercó a Hernández Cardona para intentar golpearlo. Colérica, miró a los luchadores sociales y les gritó: “¡Mugrosos, delincuentes, vividores, lucradores!”
Esa reunión fue la gota que derramó el vaso. Culminaba así una serie de desencuentros entre el edil y líderes de distintas organizaciones. Sus principales demandas no eran atendidas por la autoridad. Exigían atención municipal de servicios y obra pública a las colonias populares, denunciaron el hostigamiento a vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad y exhibieron el robo de caudales públicos.
Desde que asumió su cargo de alcalde, el enfrentamiento fue inmediato. Y se lo hicieron saber cuando cumplió 100 días de gobierno. Las organizaciones sociales integradas en la Unidad Popular “reprobaron” al munícipe en acto público, algo que disgustó mucho al edil: “Nos percatamos que estaba enfadado, molesto e irritado, le dijimos que él era un empleado del pueblo y que a nosotros nos tenía que atender con buena disposición”, dice el texto de la denuncia.
Pero el alcalde de Iguala presuntamente tenía sus propios métodos para solucionar las diferencias políticas. Así lo comprobaron cuando en marzo del año pasado apareció ejecutado el primer síndico de Iguala, Justino Carbajal Salgado, con quien públicamente había tenido diferencias.
Al principio, el gobierno municipal intentó culpar sin éxito a la Unidad Popular, luego a Hernández Cardona y finalmente, para sepultar el expediente judicial, adjudicó el asesinato al “crimen organizado”.
Valiente y decidido, Hernández Cardona cuestionó la versión oficial y así lo hizo saber en su denuncia ministerial: “El crimen organizado no mata a políticos si no lo ordena otro político con el mismo o más poder que al que se manda matar, porque en el crimen organizado se matan entre ellos, y hasta hora no se sabe que haya crímenes de políticos… y como no hay garantías para hacer política, porque ya hay un muerto, entonces tenemos el temor fundado de perder nuestras vidas”, dice en el texto presentado el 29 de mayo.
Al día siguiente, el 30 de mayo, la respuesta no se hizo esperar. Hernández Cardona fue secuestrado junto a sus compañeros Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amantes Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castrejón. Cuatro días después, tres de ellos fueron encontrados ejecutados en el municipio de Tepecoacuilco; el resto logró escapar. Nicolás Mendoza Villa declaró después que fue el propio alcalde el que asesinó de un disparo en la cara y otro en el pecho a Hernández Cardona. “Me voy a dar el gusto de matarte”, le dijo.
El dictamen de la necropsia integrada en el expediente ofrece detalles de las torturas que sufrió el activista. No era el único. Iguala se convirtió en el primer año y medio de gobierno de Abarca Velázquez en un territorio peligroso para los luchadores sociales: 30 habían sido sometidos a algún tipo de agresión, según denunció en su momento la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
El escenario de represión y crímenes aumentaba. Y la impunidad era la constante. La Comisión Permanente del Congreso de Guerrero había demandado en junio del año pasado a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las investigaciones. También activistas, perredistas, organizaciones sociales, Amnistía Internacional y Human Rights Watch solicitaron por escrito al gobernador Ángel Aguirre y al procurador general Jesús Murillo Karam la investigación del presidente municipal de Iguala, por considerar que se trataba de un “crimen de Estado”, según consta en las cartas integradas en el expediente.
“Nadie hizo nada”, dice con inmensa tristeza María Soledad. “La amenaza contra mi papá y lo que le pasó después, todo mundo se lo tomó a juego y ahora ahí están las consecuencias”.
Cree que la falta de justicia en el asesinato de su padre originó luego los acontecimientos contra los estudiantes de Ayotzinapa: “No se ejerció la justicia en el momento oportuno y la desaparición de 43 normalistas son las consecuencias de permitir que un enfermo mental como José Luis Abarca Velázquez y otros enfermos mentales más manejaran Iguala a su antojo”.
Y señala al máximo responsable: “Ángel Aguirre está condenado a pagar todos estos homicidios porque no actúo en su momento. Nunca supo gobernar. Dejó crecer todo. Ahora va a tener que explicar si lo sobornaron o por qué no actúo a tiempo. Él supo quién era José Luis Abarca. Tampoco crea que nos estamos chupando el dedo. Todos sabemos que lo dejó escapar. Las muertes que ya están debajo de las manos del gobernador son demasiadas. Y hubo mucha complicidad. Nada más falta que Aguirre asuma su responsabilidad, entonces todos nos vamos a dar por satisfechos”.
Asegura que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, también estuvo enterado: “Se suponía que la PGR iba a entrar con todo, pero siguió habiendo homicidios y no hizo nada.
“Murillo Karam realmente no tiene la cara de decir que no sabía; no ha tenido ni la voluntad de buscarme. Ahora ya somos más los que esperamos justicia”.
María Soledad trató de convencer a su padre para que dejara la lucha social, pero dice que la “tomó por loca”. Cuenta que ahora intenta cumplir con la responsabilidad que le dejó ante la familia, aunque le parece aún doloroso asumir el mandato paterno, porque él era singular.
“Los movimientos sociales fueron su vida. Muchas veces lo llamaron vándalo. Lo trataron de desprestigiar, lo humillaron, pero todo su intelecto lo utilizó hacia causas de la población desprotegida. Su esperanza era cambiar a México. Hay pocos héroes en la vida. Mi padre es uno de ellos. Eso es lo que me queda de recuerdo”, concluye.
Tomado de La Jornada
