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Morelia, Mich., 27 de agosto del 2014.- En tanto sean criterios políticos los que determinen su acción, no tendrá mayor sentido la transformación de la Contraloría a la Secretaría de la Transparencia, de la Rendición de Cuentas y del Combate a la Corrupción, pues sólo implicará una mutación de estafeta, apuntó el diputado Leonardo Guzmán Mares, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXII Legislatura local.
El legislador por el Distrito de Coalcomán, señaló que el anuncio hecho por el gobierno estatal para crear la llamada Secretaría anticorrupción, en donde se habló de un rezago de cinco años en la contraloría evidencia el manejo político que se ha dado a dichas áreas.
Al inicio de la administración estatal en 2012, arrancó una campaña de golpeteo y desprestigio de sus antecesoras, ahora vemos que de fondo la intención era esconder las incompetencias propias, ya que la contraloría no sólo nunca clarificó públicamente las acusaciones, sino que además no trabajo y dejó un rezago a quienes hoy ocupan esos espacios.
“Si las acusaciones provenían de una institución que no hacía su trabajo, que está rezagada, quiere decir que sus baterías las enfocó para operar políticamente, con intereses específicos”.
El diputado de extracción perredista señaló que la creación de una Secretaría como la que ahora se plantea no es nada nuevo, ya que en otros estados de la República operan este tipo de instituciones.
Recordó que en la propia LXXII Legislatura local existen iniciativas presentadas para fortalecer a las contralorías estatal y municipales, mismas que se encuentran en revisión por las comisiones dictaminadoras respectivas.
Consideró que las autoridades deben evitar la tentación en que incurrieron en el pasado, retomando el tema de la contraloría y su transformación para emitir acusaciones que no son respaldadas documentalmente, esto de cara al proceso electoral que se avecina.
“Esperamos que en el ánimo de las autoridades estatales con este tema lo que prive sea la transparencia, el combate a la corrupción y el correcto manejo de los recursos públicos, y no los procesos electorales federal y local que se avecinan”.
