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Morelia, Mich., 26 de agosto del 2014.- Tras manifestar su total respaldo a las acciones de los alcaldes en la gestión de los recursos que les pertenecen y que no les han sido entregados por el Gobierno Estatal, dejando a la población de sus Ayuntamientos vulnerable en cuanto a servicios y concreción de obra pública, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió de nueva cuenta el cumplimiento de los pagos y demandó al gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, que presente las denuncias penales correspondientes ante quienes resulten responsables por el desvío o mal uso de este capital ante su desaparición, señaló el secretario de Acción de Gobierno, Said Mendoza Mendoza.
Acompañado por el secretario General, Carlos Quintana Martínez, indicó que en el caso de los ayuntamientos gobernados por el blanquiazul, representados por el coordinador de los alcaldes panistas y edil de La Piedad, Hugo Anaya Ávila, la cifra asciende a más de 120 millones de pesos por concepto del Programa Obra Convenida y en su mayor parte de recursos federales que ya han sido entregados al Gobierno del Estado, no obstante, se trata de recursos de los que actualmente no se ha esclarecido su paradero.
Explicó que este tema trasciende las cuestiones partidistas, “y no tiene que ver con temas electorales, ni siquiera con alianzas políticas sino es una demanda justa y una solicitud legítima de los ayuntamientos que adolecen de esos recursos”, incluyendo los del PRI que también han manifestado la urgencia de recuperarlos, ya que afecta directamente a los ciudadanos de los municipios y que incluso son una fuente generadora de empleos con la realización de las obras necesarias para mejorar la infraestructura y condiciones de vida de la población.
Es por ello, continúo, que actualmente la Asociación Michoacana de Alcaldes (AMALC), que agrupa a los ediles de Acción Nacional, está haciendo la revisión para, en su caso, presentar la denuncia correspondiente, no obstante, enfatizó que corresponde al gobernador del estado realizar ésta o las denuncias a las que haya lugar por el mal uso o desvío de estos recursos de los que nadie ha informado en donde se encuentran.
