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Morelia, Mich., 04 de agosto del 2014.- Para el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, no ha quedado duda alguna sobre la inmoralidad con la que actuó y sigue actuando la nefasta plutocracia priista que ha accedido a los espacios de representación popular y de la administración pública en el estado. La ilegalidad del priismo michoacano es de tal magnitud que pese a pretendidos distractores, como el caso de Mama Rosa, las escandalosas corruptelas de los políticos tricolores terminan imponiéndose como eje de discusión de la opinión pública.
Los michoacanos ya no sabemos si voltear a ver las denuncias sobre los moches que persiguen al diputado Ernesto Núñez, o dar seguimiento a la evidente colusión del crimen organizado con el equipo de campaña y el hijo del Fausto Vallejo Figueroa.
Una certeza es firme ante los ojos de los ciudadanos y de la sociedad: en Michoacán el gobierno del PRI no fue impuesto por la voluntad libre y directa de los sufragios el 13 de noviembre de 2011. Una serie de fuerzas oscuras estuvieron detrás de la ascensión del PRI al poder en Michoacán y la autoridad electoral fue omisa ante los señalamientos que públicamente hicieron diversos actores de la oposición, entre ellos nuestro entonces candidato Silvano Aureoles.
El PRI no puede seguir insultando a la inteligencia de los michoacanos ante el cúmulo de pruebas, ni lavarse la cara detrás del gobierno interino de Salvador Jara, o exculparse señalando a otros actores pretendiendo desviar la atención, ni mucho menos suponiendo que con la detención de Rodrigo Vallejo, Jesús Reyna y Trinidad Martínez; olvidaremos su inmensa codicia por hacerse del poder y pactar con el crimen organizado para ello. Ese pecado los perseguirá, tal como lo hace aun la sombra del crimen de Álvaro Obregón, por toda su historia.
Por ello es que en un acto de contrición, el priismo debería de renunciar a participar en el proceso electoral del próximo año. Sin embargo, como es de suponer que esto no ocurrirá, en los próximos días presentaremos ante la FEPADE y el órgano electoral estatal, la solicitud para que se le suspenda el registro al PRI en Michoacán para el proceso electoral local del 2015, ante los evidentes hechos que violentaron los principios democráticos de cualquier proceso electoral y evitar una nueva narcoeleccion en el estado que derive en la designación de un gobierno cuya agenda no este dictada por las necesidades de los michoacanos, sino por intereses oscuros, tal como ocurrió en la administración de Fausto Vallejo.
Somos un partido de convicción institucional y tal como lo hicimos después del fallo de los tribunales en la elección del 2011, llevaremos el asunto a sus últimas consecuencias acatando el fallo de los órganos jurisdiccionales y reservándonos el derecho de acudir a instancias superiores. Sin embargo, reclamamos de los mismos no ser omisos ante la evidente violación a la ley por parte del PRI estatal.
De igual manera, exhortamos a la federación a que ejerza la administración de justicia sin otro tiempo que el que marca la propia ley. Sería fatal para el estado de derecho en Michoacán el encontrarnos otra vez con un manejo de la ley regido bajo una lógica electoral y de reyerta política. Por ello es que exigimos que la federación consigne a todos quienes han cometido delitos en las pautas de una investigación y no en las del calendario de los comicios.
De igual manera, en el PRD no toleraremos maniobras leguleyas que pretendan crear impunidad a actores cuyo comportamiento es evidentemente ilegal, por lo que esperamos que la consignación de Rodrigo Vallejo por un delito como encubrimiento, no se trate de una maniobra jurídica para dejarlo en libertad bajo fianza, tal como parecería que está ocurriendo puesto que al haber certificado la autenticidad del video en el que Rodrigo Vallejo aparece junto a un reconocido capo, el ministerio público no le procesa por vínculos con el crimen organizado. Resulta ahora que Vallejo Mora encubre lo evidente a los ojos de todos.
En el PRD nos declaramos en alerta permanente para defender el estado de derecho y denunciar cualquier acto que atente contra la democracia y la legalidad de la que hemos sido actores protagonistas en su construcción.
