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Morelia, Mich., 27 de julio del 2014.- La diputada local Cristina Portillo Ayala exhortó al gobernador Salvador Jara Guerrero y al Comisionado Alfredo Castillo Cervantes a presentar el programa estatal de Protección, Vigilancia y Seguimiento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, ya que el término para elaborar el programa estatal venció el pasado 14 de julio de este año.
La diputada local dejó claro que el comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo no ha cumplido la ley, la cual establece que se deben celebrar convenios entre estado, municipios y federación y tampoco se ha presentado el programa estatal, por lo que contempla ir a presentar una queja por la omisión.
Las acciones con fines mediáticos no solucionarán los problemas de la infancia en el estado, si las autoridades no cumplen con las responsabilidades que les mandata la norma, en particular con el cumplimiento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado, subrayó la diputada presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la LXXII Legislatura local.
La diputada de extracción perredista recordó que el Ejecutivo del Estado ha sido omiso en el cumplimiento de la norma, o bien ha retrasado su aplicación, y como ejemplo recordó la tardanza de un año que se dio en la instalación del Consejo Estatal para la Protección, Vigilancia y Seguimiento de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescente.
Portillo Ayala subrayó que tal retraso propició que se hayan dejado de tomar medidas necesarias para la protección de los menores, ya que hasta el momento no se ha instaurado el Sistema Estatal de Información y Estadística de las Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado, que permitiría contar con indicadores básicos para implementar acciones, o en su caso, programas sociales de protección.
Recordó que hace tres meses presentó ante la Auditoría Superior de Michoacán una denuncia en contra del Ejecutivo por el incumplimiento de la norma, sin embargo hasta el momento el órgano fiscalizador del Congreso no ha mostrado avance alguno en la revisión del caso.
La legisladora mostró extrañeza por la falta de resultados por parte del órgano fiscalizador, y no descartó la posibilidad de que existan presiones sobre éste para evitar sanciones a funcionarios estatales que hayan incurrido en responsabilidad.
Apuntó que debe haber congruencia entre lo que se dice y hace, y una acción con fines claramente mediáticos como lo fue la intervención de las autoridades en la casa hogar “La Gran Familia”, no es sinónimo de que exista una política que atienda de fondo los problemas de la infancia y los adolescentes en Michoacán.
“No hay que olvidar que los actos ilusionistas son efímeros, acaban y entonces la realidad se presenta muy diferente a lo que se pretendió mostrar, por eso es riesgoso que mediante acciones espectaculares se pretenda hacer creer que hay una política pública para los menores, porque en los hechos vemos que la autoridad ni siquiera es capaz de cumplir con lo que establece la norma”.
